La adaptación de la legislación a la evolución y exigencias de la sociedad es una necesidad constante en un Estado social de derecho. En el caso colombiano, la






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Justificación
El flagelo del narcotráfico es un fenómeno delictivo mutante de acuerdo a las circunstancias y políticas de Estado que permiten atacar día a día las estructuras, clanes y organizaciones criminales que fluctúan en la ilegalidad.
Desde los años 80 el Estado ha enfrentado contundentemente el fenómeno del narcotráfico operado por los grandes carteles nacionales e internacionales, desmantelando estructuras criminales y judicializando a sus integrantes, incluyendo en la ardua tarea la aplicación de los tratados de extradición como mecanismos efectivos en la desarticulación de los fenómenos criminales que a su alrededor se establecen.
Debido al contundente poder del Estado, se han debilitado sustancialmente las grandes organizaciones, hecho que ha servido para que el fenómeno económico criminal mute su actividad a los mercados internos y locales, donde se establecen organizaciones y clanes familiares dedicados a la comercialización de estupefacientes en pequeñas cantidades.
Consecuencia de lo anterior, y debido a las grandes cantidades de dinero que genera dicho ilícito, éste fue trasladado a un segundo estadio bajo el dominio de las Farc, el Eln, las Bacrim, en cabeza especialmente de denominados Rastrojos, Urabeños, Paisas, Águilas Negras, etc., como vestigios criminales de los carteles del Norte del Valle, la Costa y la Oficina de Envigado.
Además de lo anterior, en nuestro país existe un sinnúmero de pronunciamientos de la Corte Constitucional que protegen a los consumidores adictos quien son vistos como un problema de salud pública, lo que en ocasiones facilita al criminal camuflarse y delinquir con cantidades que no sobrepasen las dosis establecidas en el marco legal.
Para los servicios de inteligencia y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, es claro que el flagelo del narcotráfico mutó de los grandes carteles nacionales e internacionales a las pequeñas organizaciones internas que ven en las ciudades capitales y centros urbanos un mercado creciente para la comercialización y dispensación de estupefacientes en pequeñas cantidades.
El enfoque institucional de la política antinarcóticos ha cambiado; hace dos décadas nos preocupábamos por los bienes producto del narcotráfico, hoy en día atendiendo los estudios académicos e investigaciones científicas, el Estado debe dar además un viraje para mirar hacia el consumo interno, que se ha convertido en combustible de la guerra desbordando los fenómenos de criminalidad y violencia14.
En este orden, hay que fortalecer la capacidad operativa y de inteligencia que permita identificar los objetivos y acciones para intensificar la lucha contra el tráfico de narcóticos donde se incluyan los estupefacientes de origen sintético que son los llamados a suplantar a los de origen vegetal, entre ellos marihuana, coca y amapola, etc.

La tendencia actual apunta a la transformación del mercado de las drogas, con la aparición de las sustancias emergentes y especialmente las drogas de síntesis, realidad que representa un nuevo reto, no solo desde la óptica normativa, sino especialmente en cuanto a la implementación de estrategias y acciones en los campos de la inteligencia, criminalística y el forense.
Las drogas emergentes fueron creadas en el siglo XX e incluso a finales del XIX cuando la química orgánica comenzó a evolucionar, y se experimentaba el proceso de la síntesis orgánica de manera diferente a los métodos de la actualidad: primero se creaba la molécula y después se investigaba su función, lo que conducía a una dinámica de ensayo y error que tuvo como consecuencia la emergencia de una diversidad de drogas diferente al de cualquier otro mercado de drogas en el mundo, volviéndonos más vulnerables al no estar preparados para afrontarlas.
Existen varias dificultades para abordar la problemática de las sustancias emergentes: si bien es cierto que mientras existan cultivos existirán drogas naturales, la disponibilidad y disposición de los mismos suponen una limitación en la producción. Esto por el contrario no ocurre con las sustancias emergentes, ya que como lo explica el doctor Hernando Bernal, lo único que las limita es la disponibilidad de un precursor químico para elaborarlas, lo cual significa que pueden ser elaboradas en cualquier lugar. Además, a diferencia de drogas como la cocaína, que al ser usada como precursor solo permite obtener derivados de cocaína, que entre otras cosas también se encuentran regulados, a partir de un precursor para sustancias emergentes se pueden elaborar incontables cantidades de éstas, sobre todo teniendo en cuenta que el número de precursores es también del mismo orden15.
Otro factor que incide en la dificultad por controlar estas sustancias es la capacidad que tienen de producirse en cualquier parte del mundo, a diferencia de las drogas de origen natural, que solo pueden producirse donde los cultivos se adaptan. Esta particularidad permite que se dé una globalización del producto con mayor facilidad, pues las sustancias de síntesis que emergen en una determinada parte del mundo pueden llegar a otra en cuestión de días o semanas.
El proceso de producción de sustancias como la cocaína o las anfetaminas exige una precisión y un refinamiento de la síntesis considerablemente alta, la necesidad de evadir controles legales ha transformado las técnicas de los productores a tal modo que el paradigma de producción y consumo pasó a ser el de las drogas emergentes de síntesis, que en comparación con las anfetaminas altamente puras que se producían anteriormente, son mucho más peligrosas al estar compuestas de mezclas más variadas y poco reguladas.
Con respecto a la comercialización, las redes informáticas a través del internet, hoy en día potencializan la distribución de las drogas. Los mercados virtuales permiten al consumidor acceder fácilmente a todo tipo de precursores para las drogas de síntesis sin repercusión legal alguna. Así, la dinámica de este mercado a partir del siguiente ejemplo: la Metacualona y el Metil fenidato son drogas controladas según los informes del congreso de Viena, lo cual impide su libre distribución; sin embargo en diversas páginas se ofrecen Etacualona y Etil fenidato, es decir, sustancias similares, pero con un cambio en su estructura (se encuentra el radical Etil en lugar del Metil) y que no se encuentran bajo los mismos controles, permitiendo su libre comercio. Entonces los distribuidores propagan la idea de que con estas sustancias el consumidor adquiere un reemplazo legal de la Metacualona16.
Hoy en día los Estados están implementando el desarrollo de bases de datos para averiguar si decomisos aislados tienen relación o no por ejemplo si la incautación de sustancias en el puerto de Barranquilla tiene algún tipo de relación con incautaciones en Barranquilla, en este punto la perfilación química se convierte en una herramienta útil para hallar estos vínculos. Eventualmente, las perfilaciones pueden ayudar a descubrir el origen de un estupefaciente o droga natural, y cuando se trata de sustancias sintéticas, ayudan a establecer las vías o rutas de síntesis que permiten descubrir qué componentes tiene cada producto, pero también sus rutas de distribución y las dinámicas sobre qué tipo de sustancia se están empleando tanto en drogas naturales como en drogas de origen sintético. Además, las perfilaciones permiten establecer si se emplean medicamentos para la fabricación o adulterio de drogas y, desde el punto de vista del trabajo en la fiscalía, generar interdicción sobre éstas sustancias17.
Debido al cambio del fenómeno delictivo en la comercialización de drogas en pequeñas cantidades (micro tráfico), en el año 2012 se empieza a dar un preocupante cambio en el escenario, pues en primer lugar parece que las bandas criminales comienzan a controlar el conjunto de las operaciones desde la Guajira hasta Nariño, lo que resulta muy grave pues al mismo tiempo el grupo tiene unas líneas de avanzada desde el sur del Chocó, con la intención de entrar al departamento del Valle y continuar en dirección hacia el sur. Además existe un complicado componente: la aparición registrada de los carteles mexicanos como agentes que están financiando la participación de las bandas criminales (bacrim) pero fundamentalmente de los ya poderosos Urabeños, para disminuir los costos que se elevan por las diferentes problemáticas que se viven en México, relacionada con los enfrentamientos entre los carteles que ubican el mercado de los Estados Unidos.
El doctor Miguel Serrano explica que, a grandes rasgos, se puede decir que debido a la presión Estatal actual como medida de acción del gobierno se limita la configuración de grandes carteles, pero a su vez y debido a la falta de un marco jurídico regulatorio frente a la dosis personal y tráfico de mínimas cuantías se está facilitando la proliferación de pequeños grupos de traficantes, especialmente aquellos con mayor segmentación de las cadenas productivas y de tráfico. Además, estos grupos fragmentados tienen mayor facilidad de adaptación a las estrategias Estatales de presión, no porque estén muy desarrollados en cuestiones estratégicas y de inteligencia, sino porque son muchos y van encontrando algunas adaptaciones funcionales, que son rápidamente copiadas y replicadas18.
Otro elemento muy importante es que el panorama se transformó, y si antes se caracterizaba por los carteles, ahora lo hace por empresas criminales. Es decir, se está dando una integración del delito de forma vertical y a nivel nacional, por lo cual para combatirlas se debe, como se ha discutido durante el encuentro “tejiendo redes”, buscar estrategias alternativas e integrales19.
Como conclusión, podemos decir que el panorama se muestra complicado, pues la dinámica muestra que la presión estatal limita la configuración de grandes carteles y facilita la proliferación de pequeños grupos de traficantes con mayor segmentación de la cadena y que tienen mayor velocidad de adaptación a las estrategias estatales de presión. También se intensifica la diversificación de negocios ilegales, es decir, la promoción del consumo interno y el aumento de la extorsión urbana como actividades asociadas a las prácticas criminales. Finalmente, el agravante que suponen las distorsiones asociadas a la injerencia de los carteles mexicanos que imprimen un nuevo elemento en el sistema.
Frente a lo anterior, el Estado Colombiano está llamado a implementar de manera inmediata un marco regulatorio que permita enfrentar la problemática de las sustancias psicoactivas en la lucha antidroga, insistiendo en que persisten la oferta encubierta en la dosis personal frente a una creciente demanda interna, destacándose las drogas de síntesis, entre ellos los llamados productos “euforizantes legales”, con nuevas etiquetas y nuevas composiciones materiales modificadas; sin penalización real y con altos porcentajes de rentabilidad para productores y comerciantes.
Por todo lo anterior, la propuesta de reforma se orienta a fortalecer el tipo penal actual incluyendo tres agravantes que facilitan la judicialización en casos de pequeñas cantidades o microtráfico.

EN MATERIA DE CONTRABANDO
Antecedentes
El contrabando en Colombia se ha convertido en una práctica que alimenta las finanzas de los grupos terroristas y de las organizaciones criminales que han encontrado en esta práctica una alternativa adicional al narcotráfico para la financiación de sus actividades delictivas que tiene cifras alarmantes.
Esta práctica ilegal no solo contribuye al financiamiento de las actividades de estas organizaciones terroristas y de delincuencia organizada, sino que también contribuye a incrementar los niveles de violencia y de comisión de un sin número de conductas delictivas que atentan contra los derechos fundamentales de todos los colombianos. La historia reciente ha evidenciado los crímenes que se han cometido contra servidores judiciales y ciudadanos que se atreven a investigar y denunciar este tipo de prácticas que afectan gravemente el orden institucional y el desarrollo del país.
Justificación
De lo anterior se colige la necesidad de fortalecer el marco jurídico existente para luchar contra el contrabando, con el fin de evitar que de esta actividad se lucren estructuras armadas ilegales y de delincuencia organizada. El presente Proyecto de Ley recoge propuestas de modificación que ya habían sido incluidas por el Gobierno Nacional en un proyecto de ley que se presentó en la pasada legislatura, y que son de vital importancia para la lucha contra la criminalidad y el financiamiento del terrorismo.

De conformidad con este propósito se propone realizar modificaciones al Código Penal que incluyen la eliminación del umbral mínimo de 50 SMLMV que exige la norma actualmente para que pueda configurarse el delito en los casos de micro - contrabando y se incluye la palabra “abierto” con el fin de superar las dificultades que se presentan al momento de la incautación.
Adicionalmente se agregan los verbos rectores de “ocultar”, “embarcar” y “desembarcar” que facilitan la judicialización de todas las fases de la cadena criminal que involucra la actividad. Así mismo se propone ampliar el tipo penal para que incluya no solamente el contrabando abierto sino que también cobije la falsedad en la declaración de importación y se incluye un inciso con la finalidad de que el Fiscal no tenga que demostrar necesariamente el lugar por donde ingreso la mercancía, sino que sea suficiente con demostrar que el producto no es de origen nacional. Se incrementa la pena de prisión con el fin de que el delito no sea excarcelable.
Se propone también incluir al juez la obligación de imponer la pena accesoria que genera un impacto importante, toda vez que restringe la posibilidad de que la persona continúe realizando actividades comerciales.
En los tipos penales relacionados con contrabando de hidrocarburos y sus derivados se retiran los topes mínimos para la configuración del tipo penal y se incluyen en el tipo de favorecimiento nuevos verbos rectores que facilitan la judicialización de toda la cadena criminal.
En materia de procedimiento penal se busca asignar a los jueces especializados la competencia para conocer los casos de contrabando, cuando la conducta se encuentre por encima del umbral establecido en la norma.
EN MATERIA DE ORDEN PÚBLICO
Antecedentes
En el marco de la protesta social que se ha desarrollado en los últimos meses en el territorio nacional, se ha evidenciado que estos espacios democráticos han venido siendo utilizados por grupos delincuenciales y grupos armados al margen de la ley para promover la violencia, la utilización de vías de hecho y los bloqueos de las vías públicas, hechos que afectan gravemente los derechos de los ciudadanos e impactan el orden público.
En aras a garantizar el ejercicio del derecho a la protesta social y con el fin de proteger los derechos de todos los colombianos en el territorio nacional, es necesario fortalecer las medidas penales para sancionar efectivamente a las personas que promueven los actos de violencia y vías de hecho que afectan el orden público y la normalidad de las actividades de los ciudadanos en distintas regiones del país.
Justificación
Por esta razón, se propone modificar el tipo penal de Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público (Art. 353 A, Código Penal) suprimiendo la expresión “por medios ilícitos” la cual dificulta la judicialización en este tipo de situaciones, incluyendo el verbo rector de participación y adicionando como bien jurídico tutelado la afectación a la movilidad. Además, se aumenta la pena y la multa de este delito con el fin de que responda a la gravedad de la conducta y proteja el ejercicio del derecho a la protesta social sin el uso de la violencia. Adicionalmente se prevén dos agravantes a la conducta cuando esta es cometida con medios que impidan la plena identificación (encapuchados) o utilizando falsa identificación y cuando sea cometida utilizando menores, personas en situación de discapacidad o personas de la tercera edad y se elimina la posibilidad de obtener beneficios o subrogados penales.
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