Competencia Federal por violación a la Ley 24051 “ Ley de Residuos Peligrosos”






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El incumplimiento de los deberes de funcionario público trajo como consecuencia la facilitación de la violación a la ley 24.051 de Residuos Peligrosos por parte de las explotaciones arroceras en el Departamento Bermejo, la relación y la conexidad de las conductas es evidente a la luz de la sana crítica racional por cuanto de haberse cumplido con la normativa ambiental establecida, no estaríamos ante efectos contaminantes en el Sitio RAMSAR.

La responsabilidad de JOSE CARBAJAL surge de la inobservancia del Decreto Reglamentario N° 454/89 de la Ley 3378 /88 al permitir la pulverización de agrotóxicos – biocidas sobre el Barrio La Ralera, dentro del ejido municipal sin que se ajuste a la distancia establecida de 1000 metros entre el centro poblado y la explotación arrocera, señalando la falta de control que hacen a los deberes a su cargo como intendente municipal ( calle de por medio - Ruta N° 1 entre la arrocera – sus cultivos y maniobras de pulverización ). La distancia constatada entre la arrocera y el barrio aludido es de unos 100 metros aproximadamente. (Conf. fs. 266 / 267 y fs. 464)

El incumplimiento de los deberes de funcionario público de VICTOR HUGO ARMELLA surge de la inobservancia del Decreto Reglamentario N° 454/89 de la Ley 3378 /88 al permitir la pulverización de agrotóxicos – biocidas sobre ejido municipal situado en proximidades de la laguna El Moncholo, fuente de agua para consumo humano, existiendo una distancia aproximada de 200 metros entre la arrocera y la aplicación de agrotóxicos por vía aérea, inobservándose la distancia de 1000 metros establecida. (Conf. fs. 266 / 267 y fs. 464)

Tampoco se cumplió con la normativa reglamentaria establecida en el Decreto Nº 1.726/07 que reglamenta la leyes provinciales en el tema ambiental, define a la Evaluación de Impacto Ambiental como el procedimiento técnico administrativo que tiene como objeto identificar y predecir los impactos ambientales que determinadas políticas, proyectos o programas pudieran causar a la salud de las personas o del ambiente, quedando comprendida en el procedimiento la documentación definida por al autoridad de aplicación.

Asimismo exige que los Estudios de impacto Ambiental tengan como mínimo la siguiente información: a) Diagnóstico ambiental del área de influencia del proyecto de obras, programa o plan, b) Análisis y descripción de la legislación ambiental municipal, provincial o nacional, relación con el marco institucional, autoridades de aplicación, c) Determinación y valoración de los potenciales impactos ambientales, d) Medidas de mitigación, y f) Plan de Gestión Ambiental.

Según Edgardo Alberto DONNA – DERECHO PENAL – PARTE ESPECIAL – TOMO III – Pag. 166 / 167 Ed. Rubinzal Culzzoni “…Se trata de una omisión que consiste en la inobservancia de la ley, esto es no hacer, no ejecutar, no cumplir lo que la ley manda expresamente hacer al funcionario dentro de su autoridad funcional….Se trata como se puede ver, de una misión impropia ya que el funcionario está obligado a cumplir con la ley, de manera que tiene en este caso una posición de garantía que surge de la calidad de funcionario, que por otra parte especializa el delito”.

V - ALCANCES DE LA LEY PENAL – MEDIDA CAUTELAR – CESE DE LOS EFECTOS DEL DELITO



RECURSO DE CASACION. Facultades de los jueces de Instrucción en la prevención de los delitos en curso. Medidas cautelares dispuestas por un tribunal civil.

 

CORTE DE JUSTICIA DE SALTA

CAUSA: C/C B.P.O. Y OTROS - CASACION (Expte. N° 21.367/99 de Corte)

CUESTION RESUELTA: I.- No hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 730/736.

  FALLO:

         Asiste a los magistrados de la instrucción la facultad de disponer todo tipo de medidas que tiendan a hacer cesar los efectos de un delito en curso. Es claro que, al ordenar el desalojo, el tribunal hizo mérito de la ilicitud que originaba la ocupación, cuyos alcances y ramificaciones aún deben continuar siendo objeto de precisiones en el presente proceso.

        La restauración del orden jurídico que se persigue con el desarrollo pleno del proceso penal no impide que, durante su transcurso, el tribunal adopte medidas restrictivas de los derechos con diversos fines, entre ellas la limitación de una actividad que se presenta como ilícita con cierto grado de verosimilitud.

        Las disposiciones relativas al procedimiento de desalojo no limitan el accionar de los jueces penales en orden a la adopción de resoluciones DE CARÁCTER CAUTELAR FRENTE A UN SUPUESTO DELITO EN CURSO. No se atiende aquí a que la ilicitud penal produce una severa conmoción del orden jurídico, pues la reacción del derecho frente a la transgresión de la norma ha de esperar el pronunciamiento definitivo, en virtud del principio de inocencia. Se trata de resguardar los fines que persigue el procedimiento penal, entre los cuales se encuentra la prevención inmediata del hecho concreto que constituye su objeto. Las autoridades de la persecución penal, en el amplio sentido comprensivo de la policía, ministerio público y tribunal, cumplen también un fin preventivo, en el único sentido de evitar la consumación de un delito tentado o consecuencias posteriores permiciosas del delito consumado, razón por la cual algunas medidas de coerción reconocen como fundamento este tipo de prevención concreta, referida inmediatamente al hecho objeto del procedimiento -distinta a la que procura el derecho penal- cuyos fines son siempre compatibles con los propósitos de asegurar la correcta averiguación de la verdad (Maier, Julio B., Derecho Procesal Penal Argentino, T. 1 b, págs. 280 y sgs.; en igual sentido Vélez Mariconde, DerechoProcesal Penal, pág. 41 y Clariá Olmedo, T. 169, pág. 233).

        Por ello, resulta lógico que las facultades de coerción procesal de los magistrados penales sean concebidas con amplitud, sin perjuicio de las responsabilidades que para el Estado pueden derivarse de tales medidas provisorias si, a las resultas del proceso, se demuestra que al ser indebidamente dispuestas provocaron un daño.

Las medidas de no innovar dispuestas en un proceso civil, si bien obligaban a las partes de ese juicio, no constituyen un límite para la actuación del Juez de Instrucción en el ejercicio de la competencia que le ha sido asignada en orden a la prevención de delitos.

Salta, 4 de mayo de 2000.
La jurisprudencia aludida sirve de marco teórico a los fines de resaltar la importancia de hacer cesar los efectos del delito, tal sentido es menester dictar medida cautelar de no innovar a fin de ordenar a la explotaciones arroceras SAN CARLOS SRL y CANCHA LARGA SA, sus administradores y socios se abstengan de continuar con las maniobras contaminantes en tal sentido y verificado en autos el empleo de sustancias tóxicas que impactan y dañan el ambiente, en especial los cursos de aguas – humedales - con escurrimiento hacia el río Paraguay.

Se de cumplimiento a la Ley General del Ambiente Nº 25675 – arts. 2) Relativos a la conservación, preservación, equilibrio del ambiente. 3) Su aplicación es operativa en el territorio de la Nación. 4) Se tengan en cuenta los principios de prevención haciendo cesar los efectos de la contaminación; precautorios para los casos en que el uso de agrotóxicos no se tenga certeza científica de posible daño ambiental; responsabilidad a fin de determinar los costos correctivos y de recomposición del daño causado. 7) Por tratarse de un delito que provoca contaminación en humedales denominados Sitios Ramsar cuyas vertientes escurren hacia límites interjurisdiccionales como ser el río Paraguay deviene inequívoca la competencia Federal. 27 y 28) Relativos al daño ambiental, en este caso de actos ilícitos así como su responsabilidad, reparación y cese de actividad dañosa.

La laguna El Moncholo es la fuente de agua que la empresa SAMEEP distribuye a las poblaciones de La Leones y Las Palamas para consumo humano, también es utilizada como reservorio de agua para la explotación arrocera, tanto para irrigación o escurrimiento quedando por su proximidad expuesta a la contaminación por agrotóxicos

En consecuencia se ordene medida cautelar de no innovar haciendo cesar los efectos del delito y en consecuencia se abstenga de realizar maniobras contaminantes de todo tipo relacionadas con la explotación arrocera San Carlos SRL y Cancha Larga SA en el Departamento Bermejo – Provincia del Chaco.

VI – DILIGENCIAS PROBATORIAS: 1) A los efectos de acreditar la condición de profesional agrónomo y por consiguiente conocimientos específicos en la aplicación de agrotóxicos.

Se libre oficio al Consejo de Ingenieros Agrónomos a fin de informar si Eduardo José Meichtry se encuentra matriculado en el mismo.

2) Verificado el incumplimiento de los deberes de funcionario público por los imputados requeridos por tratarse de un delito instantáneo.

Se libre oficio a la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia del Chaco, a fin de remitir copia certificada de decreto de designación y hasta que fecha se desempeñó HUGO MORAND como Ministro de la Producción.

Copia certificada de decreto de designación de EDUARDO ALBERTO AGUILAR como MINISTRO DE ECONOMÍA, PRODUCCIÓN Y EMPLEO y fecha en que se desdobla en MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

Copia certificada de decreto de designación de BRUNO SHWESIG como SECRETARIO DE RECURSOS NATURALES DEL CHACO y hasta que fecha se desempeñó en el cargo.

Copia certificada de decreto de designación de RAUL FERNANDEZ como SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE.



Se libre oficio a la Municipalidad de La Leonesa a fin de informar desde cuando JOSE CARBAJAL se desempeña como Intendente Municipal.

Se libre oficio a la Municipalidad de Las Palmas a fin de informar desde cuando VICTOR HUGO ARMELLA se desempeña como Intendente Municipal.

3) No obstante la acreditación de la aplicación de agrotóxicos – biocidas en las explotaciones arroceras con los efectos de impacto ambiental descriptos y considerando que la violación a la Ley 24051 de “REDIDUOS PELIGROSOS” es un delito de peligro abstracto (“Sentencia de Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal en el caso “Motorola V.A.”) y al solo efecto de cuantificar el potencial daño, solicito:

A) Se ordene estudio de ecosistema acuático en el Instituto Nacional de Limnología de la Universidad Nacional del Litorial a fin de determinar perjuicio en la fauna acuática como consecuencia de la aplicación de agrotóxicos – biocidas en el Departamento Bermejo – Chaco – Humedales Chaco – Sitio Ramsar –

B) Se ordene pericia química al Laboratorio Central de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litorial sobre la laguna “EL Moncholo” a fin de determinar la presencia de químicos perjudiciales para la salud humana.

C) Se ordene pericia química al Laboratorio de la Policía Federal sobre la laguna “EL Moncholo” a fin de determinar la presencia de químicos perjudiciales para la salud humana.

VII – DATOS DE LOS IMPUTADOS: HUGO MORAND (ex Ministro de la Producción del Chaco), EDUARDO A. AGUILAR (Ministro de Economía y Producción del Chaco al momento de los hechos - el mismo cuenta con fueros constitucionales, se arbitre el procedimiento correspondiente a los fines de su indagatoria), BRUNO SHWESIG (ex Secretario de Recursos Naturales del Chaco), RAUL FERNANDEZ (Subsecretario de Medio Ambiente del Chaco), JOSE CARBAJAL (Intendente de La Leonesa), VICTOR HUGO ARMELLA ( Intendente de Las Palmas), EDUARDO JOSE MEICHTRY (responsable de la administración de las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga SA del Departamento Bermejo – Provincia del Chaco) y /o contra el que resultare autor, coautor o partícipe de la presente investigación.

Fiscalía………de febrero de 2010










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