Corte suprema de justicia sala de casacion civil magistrada Ponente






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CONSIDERACIONES



1. Reseñado lo anterior queda evidenciado que la censura se reduce al análisis de si el proceder del Tribunal acusado, en torno al uso de las facultades oficiosas en materia de pruebas, estuvo plegado o no a la alta misión de administrar justicia ó, contrariamente, tal negativa que, efectivamente tuvo lugar, condujo a la violación de la normatividad probatoria, de paso, a la vulneración de las disposiciones civiles referidas.
1.1. Sea lo primero advertir, con miras a resaltar la deficiencia técnica que acusa la impugnación aducida, que la sentencia cuestionada y en punto de la experticia, manifestó: “(…) en lo que corresponde a la prueba pericial que solicita el censor, se decrete de oficio en esta instancia, para con ello obtener el resarcimiento de los perjuicios, es preciso señalar que la facultad que contemplan los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, no está dada para descargar el deber que tienen las partes de acreditar los fundamentos de sus peticiones, como tampoco para justificar la negligencia o desidia en la práctica de las mismas, como aconteció en este caso, cuando quiera que la pericia decretada en el proceso se declaró desistida, por no haberse atendido, oportunamente, por parte del extremo actor, el pago de los gastos ordenados (…)” (folio 107, cuaderno del Tribunal).
1.2. De ello surge, sin duda alguna, que el funcionario judicial no estuvo distante, en verdad, de ejercer sus deberes o compromisos oficiosos con miras a incorporar pruebas; en la sentencia opugnada quedaron claras las explicaciones del por qué no hacía uso de las facultades previstas en los artículos 179 y 180 del C. de P.C. Obsérvese que la determinación del fallador, como él mismo lo explicitó en el fallo recurrido, estuvo orientada por las razones que allí esgrimió, esto es, la falta de pago por parte del actor de los gastos señalados para la práctica de la pericia (lo que impuso que el a-quo considerara desistido dicho elemento probativo), amén de calificar de negligente y descuidado ese proceder. Éstas fueron, en estrictez, las justificaciones de la decisión adoptada.
1.3. Fijado ese referente, queda al descubierto, entonces, que el Tribunal al decidir en los términos en que lo hizo, plasmó la percepción que le asistía sobre la procedencia del decreto oficioso de pruebas; para el ad-quem la situación litigiosa per se no descartaba, a instancia suya, la adopción de elementos de convicción; tal proceder quedó clausurado por las razones esbozadas, o sea, la actitud del extremo demandante al no asumir la carga procesal que le correspondía y así lo puso en evidencia el sentenciador en el fallo impugnado, situación que no dudó en calificar de negligente; por tanto, en ese orden de cosas, de haber existido eventualmente algún error, derivó de una aprehensión equivocada por parte del funcionario judicial de las razones para no ejercer esa potestad en materia probatoria. Era allí, entonces, en la argumentación en que el juzgador afincó la sentencia emitida, en donde el actor debió auscultar y focalizar el reproche formulado, pues no debe olvidarse que el propósito del recurso de casación es demostrar los dislates que incorpora la determinación proferida y, luego de ello, puestos en evidencia tales yerros, derruir la decisión.
En esa dirección, al juez de segunda instancia no puede atribuírsele desatino alguno por razón de la supuesta ausencia o falta del ejercicio de sus poderes o facultades oficiosas en materia de pruebas; para el fallador, itérase, no fue ajeno el tema de que se trata; lisa y llanamente, consideró que la actitud asumida por la parte actora no habilitaba la aplicación de las normas atrás referidas; en otras palabras, concluyó que hacer uso oficioso del decreto de pruebas era convalidar la desidia o negligencia del actor, además de relevarlo de la asunción de las cargas procesales previstas en la ley, que, por igual, devienen de obligatorio cumplimiento (art. 6 C. de P. C.).
1.4. Bajo tal perspectiva, aparece que el impugnante no atinó, como le correspondía, a controvertir las reales motivaciones aducidas por el sentenciador para no incorporar el dictamen pericial y, así, al perder de vista y desviar su cometido, dejó incólume el argumento toral de la decisión prohijada, comportando que la sentencia opugnada, en este aparte, se mantenga en pie. El discurso del recurrente debió comprender, sin resistencia alguna, un combate frentero al hecho de no haber cancelado las expensas necesarias para evacuar la pericial; su compromiso debía estar dirigido a desvirtuar las consideraciones del fallador sobre su comportamiento procesal, que calificó de negligente y descuidado, para, derrumbado ese argumento, ahí sí ahondar en la procedencia de las pruebas de oficio, pues esa desidia contrarrestaba el deber del funcionario de proceder en tal sentido, circunstancia ante la cual se consideró relevado de tal conducta.

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