Corte suprema de justicia sala de casacion civil magistrada Ponente






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CONSIDERACIONES



1. La acusación delineada en el primer cargo, en lo fundamental, pone al descubierto que el Tribunal acusado desconoció el valor probatorio del material que, proveniente del Juzgado Tercero Civil Municipal, fue aducido en copias, pues, según lo argumentó dicha Corporación, la nota de autenticidad inserta en ellas no respondía, en estrictez, a las exigencias de la normatividad procesal civil. Sobre el particular, pertinente resulta decir que el artículo 254 del C. de P.C., en su numeral 1º, ordenó que las reproducciones están revestidas de la misma fuerza probatoria que los originales de los cuales provienen, siempre y cuando, “hayan sido autorizadas por (….) secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada”. Ha sido criterio de la Corte, como ya lo ha manifestado en múltiples providencias (Sents. Cas. Civ., 22 de abril del 2002, Exp. 6636; 14 de mayo de 2002, Exp. 6062; 22 de noviembre de 2005, Exp. 1994 1325; 19 de diciembre de 2006, Exp. 2000 00483 01; 4 de noviembre de 2009, Exp. 2001 00127 01; 15 de diciembre de 2009, Exp. 1999 01651 01; 30 de julio de 2010, Exp. 2006 00035 01; y, 6 de abril de 2001, Exp. 2004 00206 01, entre otras) que, los documentos en copia sean valorados como iguales al original de donde fueron tomados, se exige la constancia secretarial que así lo certifique, atestación que habrá de indicar con total claridad que dichas reproducciones fueron autorizados por la autoridad judicial respectiva.

2. Fijado ese derrotero y luego de revisar el trámite, deviene innegable que las circunstancias que rodearon la solicitud, expedición e incorporación de los calcos mencionados por el recurrente, ponen en evidencia que el Tribunal, como lo denunció el actor, incurrió en el error endilgado, pues le negó a las copias provenientes del Juzgado Tercero Civil Municipal, relativas al proceso ejecutivo que allí cursó, en el que estuvieron involucradas las mismas partes, el valor probatorio que la ley dispensa a esta clase de pruebas y, además, bajo la misma línea equivocada, consideró que no concurrían los requisitos para validar parte de ese material como prueba trasladada.

2.1. En efecto, los documentos glosados en folios 1295 a 1975 de los cuadernos 1D y 1E, son reproducción mecánica del proceso ejecutivo que cursó en el juzgado referido en precedencia, en donde el Banco del Estado fungió como accionante y los ejecutados fueron los aquí demandantes. El título ejecutivo lo constituyó el pagaré suscrito por los deudores que hace parte de la controversia ventilada a través de este juicio ordinario. Aquellas fotocopias fueron solicitadas expresamente por la parte demandada y ordenadas por el juez de conocimiento al momento de abrir la controversia a pruebas; además, cuentan con nota de la Secretaría del Juzgado señalado (reverso de los folios 1361, 1513 y 1975 ib), en cuanto que coinciden con los originales que reposan en esa oficina judicial y, según se atestó por este empleado, fueron expedidas atendiendo la orden emitida por el juez en auto de fecha 19 de noviembre de 2007. Tal afirmación consta en el oficio No. 3272 de 3 de diciembre de la misma anualidad, obrante a folio 1976, librado por el despacho mencionado.
El procedimiento descrito y, en particular, la constancia inserta en el cuerpo del material referido, tanto en las copias expedidas como en el oficio a través del cual fueron remitidas con destino al presente proceso, cumplían plenamente, las exigencias fijadas por la norma evocada (art. 254 C. de P. C.), por tanto, no había razón para desestimar su poder persuasivo; resultaba por completo improcedente exigir más formalidades que las observadas, habida cuenta que con ello, itérase, se acataban las pautas impuestas por la norma citada.
2.2. De los mismos documentos se desprende, igualmente, que el sentenciador le desconoció a varias de las piezas recibidas la calidad de prueba trasladada, en los términos regulados por el artículo 185 idem, concretamente, a las reproducciones de los dos pagarés suscritos por los demandantes, por igual número de mutuos convenidos con la entidad bancaria demandada, de los planes de pagos y de la nota crédito (folio 18 cuaderno de la Corte), que, según la queja expuesta, condensan parte de los errores en que incurrió el Tribunal.

En conclusión, la referencia que el Secretario ajustó en las piezas mencionadas, sobre que las mismas coincidían con los originales y que dicha atestación tenía origen en la orden de la Juez Tercero Civil Municipal, resulta suficiente en procura de cumplir los requisitos de autenticidad y de prueba trasladada a que aluden los artículos 185, 253, 254 y 268 del Código de Procedimiento Civil. Cumplidas esas formalidades, como en efecto lo estaban, no procedía, como lo hizo el fallador, negar valor probatorio a esos elementos, tampoco, negar la existencia de algunas pruebas con la calidad de trasladadas.
3. No obstante lo discurrido y la realidad de esa equivocación, es claro que el error en que incurrió el fallador no tiene per se el alcance o incidencia suficiente para derruir los cimientos de la sentencia opugnada, por cuanto que el cargo propuesto acusa errores de forma y de técnica que tornan inane la acusación, por las razones, que se plasman a continuación.
3.1. La reproducción proveniente del Juzgado Tercero Civil Municipal, en número de 661 folios, perteneciente al proceso ejecutivo que allí cursó, en donde el Banco demandado reclamó de los actores el pago del saldo pendiente del crédito concedido, contiene varios elementos de prueba recogidos con ocasión tanto del trámite del proceso, como del incidente adelantado con miras a la concreción de los perjuicios denunciados por la parte actora, entre otros, documentos alusivos a la demanda coercitiva (folios 1368 y 1369), las excepciones propuestas a la misma (folios 1429 a 1436), la correspondencia cruzada entre la parte demandante, el Banco del Estado y el liquidador de este y el Banco Uconal, relativos a la naturaleza de los dineros de propiedad de la deudora y la aplicación de la compensación (1438 a 1453), el escrito de incidente de perjuicios (folios 1683 a 1694), certificaciones emitidas por las centrales de riesgo (folios 1739 a 1742; y, 1745), avalúos de inmuebles, cartas de algunas entidades públicas y privadas alusivas a los vínculos laborales de los actores, declaraciones de parte y de terceros sobre los daños o perjuicios sufridos por estos (folios 1818 a 1847); y, prueba pericial concerniente con los posibles daños generados a los mismos (folios 1849 a 1865).
Respecto de ellos, al aceptarlos incorporados al proceso, por considerar que el yerro acusado consistente en desconocer mérito jurídico a un medio regularmente allegado, se dio, encuentra la Sala que a pesar de tener dichas piezas como pruebas, las mismas no son suficientes para infirmar las conclusiones del fallador, habida cuenta que no se individualizó, entre todo ese material, cuál de los allegados contenían los medios de persuasión suficientes para demostrar los presupuestos de la responsabilidad contractual, como son la culpa del demandado, el daño causado y el nexo causal, aspectos que no quedaron acreditados en el plenario conforme lo expuso la decisión del Tribunal.
Cumple recordar que, el impugnante, cuando enrostra al sentenciador la comisión de errores de derecho o de hecho, por la suposición o preterición de pruebas ó por la interpretación indebida de varias de ellas, asume el compromiso de individualizar y precisar, a propósito de lograr su demostración (art. 374 C. de P. C.), entre los diferentes elementos que participan de los errores denunciados, en cuáles de ellos aparecen, de manera concreta, los desatinos en que haya podido incurrir el funcionario fallador, asunto que no acometió el recurrente, pues no dijo, en particular, en donde podía encontrarse la demostración de la culpa, del daño o del nexo causal, en fin, los elementos que estructuran la responsabilidad reclamada. Imprecisión que, por supuesto, no es compatible con la naturaleza del recurso extraordinario
Las deficiencias mencionadas en el escrito sustentatorio de la casación, evidentes por lo demás, comprometerían a la Corte en procura de despachar en el fondo la acusación presentada, a buscar o seleccionar, a partir de su propio criterio o parecer, cuáles medios de prueba, entre todos los aducidos, incluyendo, por supuesto, las copias provenientes del Juzgado Tercero Civil Municipal, conducirían a demostrar el yerro denunciado (art. 374 C. de P. C.), labor que bien pueden cumplir los jueces de instancia, mas no se aviene con la naturaleza del recurso extraordinario, cuya formulación traslada al censor esa carga, lo que, de suyo, pone de relieve que a la Corporación le está vedado asumir tal papel, condenando, subsecuentemente, el reproche propuesto al fracaso.
Lo anterior se hace más evidente, si se observa que el Tribunal, a pesar de la equivocación en que incurrió, en el mismo párrafo en que desechó la prueba, refiriéndose a ella, asentó: “(…) instrumentos que no consultan el hecho investigado: la culpa del banco demandado, como tampoco los demás elementos constitutivos de la responsabilidad contractual (…)” (folio l06 cuaderno de la Corte); luego, si el recurrente pretendía, del material incorporado como prueba, deducir la existencia de los elementos necesarios para estructurar la responsabilidad en cabeza del banco accionado, debió comprometerse plenamente en demostrar tal circunstancia, asunto que no acometió como fue advertido en precedencia.
4. Dando por superado el anterior escollo, concerniente con aquellos documentos, pagarés, nota crédito y programación de pagos, incluidos en las copias recibidas del Juzgado Tercero Civil Municipal (folio 18 cuaderno de la Corte), y considerados por el casacionista indebidamente apreciados, que, sin duda, satisfacen las exigencias de prueba trasladada, tampoco resultan suficientes los argumentos del recurrente para socavar la fundamentación de la sentencia, por estas otras razones:
4.1. En lo que hace al pagaré No. 052-00044-7-7, emitido por razón del préstamo de $5.000.000.oo., y la nota crédito expedida, no fueron pretermitidos o mal interpretados, pues, contrariamente, el Tribunal fue enfático al momento de fallar cuando dijo que la cláusula de garantía no procedía, pues “ (…) tampoco era posible que la entidad hiciera las deducciones directas de la deuda, conforme la autorización que con tal fin se consignara en el cuerpo del pagaré (folio 25 Ppal), máxime que, por concepto de dicho aporte, fue emitido por parte del precitado Banco, antes de que se presentara la demanda ejecutiva, la devolución a través de un bono (…)” –folios 104 y 105 cuaderno del Tribunal).
Luego, para el sentenciador, no resultaba ajena la retención de la suma de $1.000.000.oo., del mencionado préstamo, tampoco era extraña la cláusula de garantía y autorización de deducciones; no fue ni mal interpretado ni desconocido ese material de prueba, lo que pasó, para ese momento, según lo manifestó el funcionario, fue que la deudora no era, a su vez, acreedora de la entidad bancaria, luego no procedía descuento alguno ni la compensación reclamada, en la medida en que no se daban los presupuestos legales para ello (folio 104 ib.).
Pero, además, este procedimiento, dicho sea de paso, no le resultaba extraño a la parte actora, pues, como los mismos recurrentes lo hacen notar, dos hechos describen la familiaridad del proceder de la entidad Bancaria. Por un lado, varios años atrás, con respecto a otro préstamo, entre las mismas partes, se actuó en igual forma tanto por los deudores como por la acreedora; por otro, no obstante ese precedente, sin reclamo alguno sobre las prácticas desarrolladas, los demandantes volvieron a gestionar y obtener otro préstamo (año 1996), en donde, siguiendo la misma línea, se aplicó la deducción ya conocida.
Todo lo descrito conduce, entonces, a aseverar que el tratamiento brindado al valor de un millón de pesos ($1.000.000.oo.), deducido al momento del desembolso del préstamo, lo que inicialmente fue aplicado como aportes con la calidad de garantía y expuestos a ser debitados de la cuenta en donde aparecían, fue aceptado por los demandantes, pues no existe elemento alguno que conduzca a creer su desacuerdo, el que si bien exteriorizaron, lo hicieron pasados 30 meses, cuando reclamaron la compensación, fecha para la cual, por disposición de la junta del Banco ya se habían convertido en bonos de obligatoria conversión en acciones, determinación esta que tampoco fue controvertida ó, al menos, no aparece argüida y acreditada en el expediente.
4.2. En efecto, en 1998, el 31 de agosto, fue emitido el título No. 058765 representativo del bono obligatoriamente convertible en acciones a favor de la demandante y por equivalente a $1.041.829.oo., y si bien tal operación tuvo lugar dos años después de la concesión del crédito, como así lo reivindica el actor, también aflora que lo fue antes de hacerse la solicitud por parte de ellos de la compensación (1999), e, igualmente, antes de iniciarse la demanda ejecutiva. El análisis efectuado por el Tribunal así lo entendió y, sin duda, responde a lo que objetivamente se desprende del material evaluado (folios 104 y 105 idem). Y en cuanto a si fue o no legal dicho procedimiento, es evidente que el mismo está fundado en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993).
No sobra resaltar que el Banco del Estado, según lo refirió su representante legal, cuando se produjo la absorción del mismo hacía el Banco Uconal, en el inventario realizado, recibió, entre otros, el bono aludido.
Por supuesto, atendiendo la obligatoriedad del bono, cuya legalidad está amparada por actos que cobraron vigencia, torna intrascendente, con miras a la retornabilidad del valor que representa a la aportante, la época en que, en definitiva, se surtan los trámites para su inscripción como accionista (condiciones al respaldo del bono), pues, por disposición de la misma normatividad citada (EOSF), dichos bonos no pueden ser revertidos ni compensados en plata (arts. 1.2.4.26 ib.), luego, aun cumpliendo dicho procedimiento, las cosas, en cuanto al mutuo refiere, continuarían en similar forma.
5. Por último, en lo relativo a la posición doctrinaria de la Corte alusiva al valor probatorio brindado a las copias informales, cuya reconsideración plantea el censor, cumple precisar que el desvío atribuido al Tribunal y, efectivamente, aceptado por la Sala, no refería, en estrictez, a dichos aspectos, sino a un desconocimiento frontal del ad-quem al precepto 254 del C. de P.C., no obstante cumplirse las formalidades allí previstas para proveer dicha reproducción de valor similar a los originales, lo que descarta una valoración sobre aquella circunstancia.
De todas maneras, bueno es advertirlo, la Corte ha plasmado, con la claridad debida y en repetidas oportunidades, algunas reflexiones sobre tal situación y, dado que los aspectos validados con tal propósito no han variado, los planteamientos esbozados en las diferentes providencias cobran, hoy en día, plena vigencia.
Ciertamente, la Corporación ha considerado que la reglamentación alusiva a las copias, de que tratan el Decreto 2651 de 1991; y, las leyes 446 de 1998 y 794 de 2003, conciernen, principalmente, con la certeza de su autoría (art. 252 ib), es decir, de donde provienen o quien es su creador, antes que referir al valor probatorio de las mismas, en cuanto a su coincidencia o no con el original, según la regulación de los artículos 254 y 268 del C. de P. C. También ha dicho la Corte que en materia probatoria, concretamente, en lo que a los documentos refiere, las normas aplicables son aquellas que regían para el momento en que debían acreditarse en el respectivo juicio, por ello, la Ley 1395 de 2010, que pretende el actor sea tenida en cuenta, no está llamada a gobernar asuntos vinculados a dicha disciplina y generados, de manera previa, a la adopción de esa reglamentación.
Por lo dicho, los cargos no prosperan.

CARGO TERCERO
1. El recurrente asegura que el juzgador al elaborar el fallo impugnado, además, incurrió en algunos yerros de disciplina probatoria, en cuanto que violó los artículos 179, 180 y 361, por aplicación indebida, y el 307 por falta de aplicación, normas todas del Código de Procedimiento Civil; equivocaciones que generaron, a su vez, la trasgresión, por vía indirecta, de los artículos 1602, 1603, 1714, 2221, 2409, 2410 y 2411 del Código Civil; y, 98, 101, 619,752, 830, 882 y 1173 del Código de Comercio, pues no los aplicó.
2. El censor, al desarrollar la impugnación precisó: “No es sobre los fundamentos de las pretensiones que debemos ocuparnos en este cargo -como quiera que dichos fundamentos surgen de la copiosa prueba documental trasladada, (sic) sino sobre los alcances pecuniarios de la declaración de responsabilidad y sobre los alcances de los poderes del juez de segunda instancia para fijarlos” (folio 35 cuaderno de la Corte).
Sostuvo que el funcionario judicial debe tener como referentes indiscutidos en la misión de administrar justicia, el uso de todos los poderes de los que está investido para propiciar la realización de los derechos sustanciales y, en esa línea, una aplicación indebida de los artículos 179 y 180, o, la inaplicación del 307 del C. de P. C., es colocarse a espaldas de ese compromiso y, por supuesto, acaecida tal situación, como así aconteció en el sub-examen, llevaron al ad-quem a incurrir en los errores de derecho denunciados. Así concretó la inconformidad: “(…) Tal es la decisión del legislador de precaver al ordenamiento jurídico de fallos inocuos –inhibitorios en sus consecuencias materiales y patrimoniales- respecto de cualquier clase de responsabilidad declarada y probada en el proceso judicial. Y es aquí donde el error de derecho surge nítido en el presente caso: existe error de actividad del Tribunal y por ello una violación de norma de derecho probatorio, en cuanto que debiendo decretar la prueba del daño en caso de responsabilidad contractual declarada, dejó de hacerlo por no encontrar establecida esta última” (folios 37 y 38 cuaderno de la Corte).
3. Arguyó, adicionalmente, que el fallador de segunda instancia, en la cadena de errores en que incurrió, concluyó que no existían elementos para declarar la responsabilidad demandada y, subsecuentemente, desatendió su deber de juzgador como era hacer operar en su verdadera dimensión los artículos 179 y 180 y de aplicar el 307 del C. de P. C., tratando de concretar una condena indemnizatoria.

El impugnante persiste en que el Tribunal debió hacer uso de sus facultades y poderes de ordenación para lograr una cumplida justicia, concretamente, el artículo 307 ib procurando materializar la condena solicitada.


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