Corte suprema de justicia sala de casacion civil magistrada Ponente






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1. En la sentencia emitida, el ad-quem expresó, en primer lugar, que no existen reparos sobre el cumplimiento de los presupuestos procesales y no se evidencian vicios que invaliden lo actuado; igualmente, presentó diversas reflexiones sobre la legitimación en la causa por pasiva y la cosa juzgada. Con respecto a la primera asentó que debido a la absorción del Banco Uconal por parte del Banco del Estado S.A., resultaba irrefutable que los “derechos y obligaciones” del absorbido podían blandirse por y en contra del absorbente. Relativamente a la cosa juzgada, planteada en virtud del incidente de perjuicios que se intentó a continuación del proceso ejecutivo, el fallador afirmó que, si bien fue declarada probada en primera instancia, en realidad ella no operó porque la vía incidental solo estaba prevista para reclamar perjuicios derivados de la demanda y medidas cautelares y no los originados en la inclusión en las centrales de riesgo y por tanto equivocaron el camino, circunstancia que condujo, en últimas, a que el fondo del asunto no fuera abordado en aquella oportunidad.

2. Desde el comienzo, el ad-quem, dejó claro que los aspectos factuales giraban alrededor del contrato de mutuo y, por esa razón, las obligaciones y derechos de las partes derivados de ese vínculo negocial debían ser, en definitiva, el faro que alumbraría el estudio acometido. En esa línea argumentativa concluyó que la clase de responsabilidad reclamada y que debía ser estudiada, aludía a la contractual y no a la extracontractual, así esta última, también, se haya puesto en consideración del juzgador. Fincó su decisión, entonces, en los siguientes pilares:

a) Que resultaba indispensable acreditar la existencia de los siguientes elementos: i) un contrato válido; ii) el daño o menoscabo patrimonial padecido por el actor; iii) el incumplimiento culposo del dicho contrato por parte del demandado; y, iv) una relación o conexidad entre ese incumplimiento y el agravio sufrido.

b) Que la carga probatoria sobre la presencia de tales circunstancias recaía sobre el actor.

c) Sostuvo que “(…) las pruebas recaudadas no dan lugar para tener por sentada la existencia concreta y real de las circunstancias fácticas que se traen a colación en la demanda, y que quizás las mismas obedezcan a la indebida ejecución del contrato de mutuo que liga a las partes de esta litis” (folio 103, cuaderno del Tribunal).

d) “(…) lo que se puede extraer de la actuación es el incumplimiento por parte de los demandantes al pago de la deuda contenida en el pagaré No. 052 00447-7, otorgado a favor del Banco Uconal, lo cual legitimó al absorbente, Banco del Estado, a reclamar por la vía ejecutiva el recaudo del saldo insoluto de la deuda, como en efecto lo hizo ante el Juzgado 3º Civil Municipal, siendo infundado pretender (…) la aplicación de la figura jurídica de la compensación (…)” –folio 104 ib-.

e) “(…) dicha institución (la compensación) jamás podía tener lugar, si se tiene en cuenta que el aporte de $1.000.000, que constituyó la demandada Martha Patricia Martínez ante el Banco Uconal, legalmente no es constitutivo de una obligación a cargo de la entidad, como tampoco una acreencia de la asociada, pues como lo expone la demandada los aportes no constituyen un depósito de ahorros (sic) a la vista, del cual pueda disponer el ahorrador en cualquier momento, sino que está sometido al régimen social y económico, de acuerdo con los estatutos del banco Uconal (…) tampoco era posible que la entidad hiciera las deducciones directas de la deuda, conforme la autorización que con tal fin se consignara en el cuerpo del pagaré (..) máxime que, por concepto de dicho aporte, fue emitido por parte del precitado Banco, antes de que se presentara la demanda ejecutiva, la devolución a través de un bono en acciones (…)” –folios 104 y 105 idem-.

f) “(…) no existe prueba de la supuesta deuda que tenía el Banco Uconal con la demandante Martha Patricia Martínez Pinzón (…) por razón de la obligación que con anterioridad había adquirido dicha señora (…) monto con el cual, junto con el valor del aporte, se ha pretendido hacer valer la compensación de deudas, y conforme a ello, no es posible tener por justificado el no pago del saldo insoluto de la prestación que dio lugar al proceso ejecutivo (…)” -mismo folio y cuaderno-.



g) “De manera que esa cascada de circunstancias que narraron los demandantes, con las cuales apoyan el reconocimiento indemnizatorio pretendido, para que pudiera tener mérito estimatorio, era menester que tuviera una correspondencia directa, sin ambages, y sin miramiento a otra posible causa, con un hecho ilegítimo de la parte demandada, con el cual, de manera concreta y directa se hubiesen gestado los daños que dicen haber padecido, lo cual no tiene cabida con lo analizado, y, menos aún, con las pruebas recaudadas”.
h) El sentenciador aludió, así mismo, que de las pruebas recogidas, por un lado, las testimoniales, dan cuenta de la situación económica de los actores pero por comentarios que ellos mismos realizaron y, en cuanto a la culpa de la demandada, no informaron nada concreto; referente a las declaraciones de parte, afirmó, no estructuran una confesión y, en todo caso, sostuvo, dichos elementos de juicio, “se subordina a los actos de legalidad ejecutados por el banco demandado” (folio 106 idem).
Y sobre la prueba documental, el Tribunal, a folio 106, refirió lo que sigue:
i) Que no podía ser valorada por cuanto que se adujo al proceso “sin que las mismas estén consideradas por la legislación adjetiva como medios probatorios (…) ni corresponden a la hipótesis de prueba trasladada (…)”, por tratarse la mayoría de copias informales.
ii) Que dichos “instrumentos (…) no consultan el hecho investigado: la culpa del banco demandado”, como tampoco “los demás elementos constitutivos de la responsabilidad contractual”.
Relativamente a la prueba pericial sostuvo:
i) Que dicho elemento de persuasión no fue practicado ante el a- quo por cuanto que la parte demandante se sustrajo de sufragar los gastos fijados, lo que generó, conforme lo previene la Ley Procesal Civil, que se declarara desistida, determinación que no cuestionó la actora.
ii) Que las pruebas de oficio no están erigidas para “descargar el deber que tienen las partes de acreditar los fundamentos de sus peticiones (…)”.
iii) Tampoco pueden ser utilizadas para suplir la desidia o negligencia de las partes.
iv) Además, que las condiciones impuestas por el artículo 361 del C. de P. C., para ordenar la práctica de pruebas en segunda instancia, no concurrían en el proceso.
Concluye el ad-quem aseverando, respecto a la negativa del a-quo de practicar la experticia, que antes que establecerse la cuantía del daño, debía acreditarse la ocurrencia del mismo y, además, que la causa del agravio provenga de los actos del demandado.


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