Corte suprema de justicia sala de casacion civil magistrada Ponente






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2.1.5. Informaron, también, que junto con el Banco demandado cruzaron varias cartas, e inclusive, sostuvieron algunas reuniones relacionadas con el saldo de la obligación y los dineros que en poder de este último habían quedado, todo con el propósito de la compensación o cruce de cuentas que aquellos reclamaban. No obstante la persistencia que sobre el tema mostraron, Uconal siempre estuvo renuente a la solución del asunto.



2.1.6. El 27 de junio de 2000, el acreedor presentó demanda ejecutiva y luego del trámite previsto en la ley, el Juzgado 3º Civil Municipal, oficina que conoció el asunto, resolvió acoger la excepción de prescripción propuesta por los aquí demandantes. Sin embargo, a pesar de esa determinación, adujeron, la entidad bancaria fue reiterativa en mantener los reportes realizados a los bancos de datos.
2.1.7. La parte actora afirmó, como corolario de este aspecto del debate, que el establecimiento bancario incurrió en posición dominante, pues de los préstamos efectuados, en el año 1993 y 1996, dispuso, unilateralmente, retener unos dineros y calificarlos como aportes, o sea, volvió a los deudores socios del banco, lo que no fue concertado con ellos. Y, por el contrario, esa suma de dinero debió ser utilizada para cruzar cuentas o compensar el saldo, proceder que no acometió a pesar de estar así autorizado por los deudores.
2.1.8. Afirmaron, así mismo, que en época anterior, concretamente, en el año 1993, la misma entidad Bancaria le había concedido a la actora otro préstamo por la suma de $6.000.000.oo., y al momento del desembolso, en un ejercicio similar al descrito en líneas anteriores, retuvo el valor de $1.000.000.oo., por lo que al encontrarse cancelado en su totalidad ese crédito debía estar consignada esa suma en su cuenta de ahorro.
2.2. Concerniente con el abuso del derecho los impugnantes sostuvieron que, simultáneamente, con la iniciación de la acción ejecutiva, el banco solicitó medidas cautelares que les generaron grandes perjuicios, a pesar de la solicitud que de manera permanente le formularon de no practicarlas.
Además, la arbitrariedad del acreedor fue evidente por cuanto que en los pagarés expedidos como consecuencia de los dos créditos adquiridos, fue convenida una cláusula que autorizaba al banco para compensar o cruzar saldos existentes en contra de los deudores, con dineros que los mismos tuvieran en cualquier cuenta de ahorro o aportes; sin embargo, la entidad no procedió en tal sentido y, apartándose de esa directriz, persistió en la ejecución y la práctica de cautelas, mostrando así terquedad en la solución del conflicto.
3. Con respecto a las circunstancias fácticas que rodearon, de manera concreta, la generación de los perjuicios denunciados, la actora sostuvo que por razón del proceso ejecutivo y las medidas preventivas llevadas a cabo, así como por los reportes a las centrales de riesgo, debieron soportar, entre otras consecuencias, la afectación de su buen nombre, la negación del acceso al sector bancario, lo que los obligó a acudir a créditos externos en procura de salvar algunas necesidades y, por ello, debieron soportar mayores costos; también vieron deteriorada la buena imagen que tenían en el trabajo y otras actividades, no pudieron conseguir o mantener los empleos, etc.
4º. Una vez vinculado formalmente el banco accionado a la contienda, en tiempo, dio respuesta al escrito de demanda; aceptó algunos hechos y otros fueron negados rotundamente; a unos más los descalificó como tales, pues, según el opositor, resultaban ser sólo apreciaciones o interpretaciones de la actora. Concerniente con las pretensiones se opuso por completo a las mismas; además, formuló las excepciones de mérito que denominó: i) “Petición de modo indebido. Ausencia del presupuesto procesal denominado demanda en forma”, fincada en el argumento de que el actor no adujo con la precisión y claridad sus pretensiones, pues acumuló la responsabilidad contractual y la extracontractual; ii) “Ausencia de los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual”, fundada en que los daños reclamados, además de que su existencia debía ser una realidad, su origen tenía que localizarse en una conducta culposa del demandado, lo que no aconteció en el sub-lite; iii) “Inexistencia de abuso del derecho”, en cuanto que la parte demandada no actúo contrario “al propósito de la institución, a su espíritu y a su finalidad”; la acción ejecutiva que adelantó el Banco acreedor tuvo como causa la mora en que incurrieron los deudores en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con dicha entidad; iv) “Cosa Juzgada”, basada en que la excepción de prescripción aducida por los demandados en el proceso ejecutivo prosperó y, debido a ello, la demandante (el banco aquí demandado), fue condenada al pago de perjuicios, circunstancia que permitió la valoración del asunto y, en fin, de todos los aspectos vinculados a los posibles daños generados; luego, a través de este proceso, no podría volverse sobre el tema; v) “Falta de legitimación en la causa”; soportada en que la actora Martha Patricia Martínez estuvo vinculada con el Banco Uconal, más no con el Banco del Estado S.A., y, en ese orden, los actos dañinos, de haber existido, debían ser reclamados a aquél y no a este; vi) “Inexistencia de cláusulas abusivas o abuso de posición dominante”, planteada sobre la base de que las partes convinieron la retención y el destino de los dineros de que trata la demanda; además, no fue solo un préstamo sino dos, por tanto, para la deudora no resultaba una novedad la situación acaecida; vii) “El reporte en las centrales de riesgo es una actuación legítima”; adujo, con respecto a este medio de defensa, que el reporte a las centrales de riesgo es un proceder legítimo, autorizado por la ley, amén de haber sido considerado por la Corte Constitucional como ajustado a la carta. Que de haberse presentado, eventualmente, un abuso, el mismo tendría origen en la prolongación del reporte más allá del tiempo estipulado, empero, tal situación no acaeció; por otro lado, los registros dispuestos dan cuenta de una sucesión de hechos reales, o sea, que la obligación no ha sido cancelada sino que la misma se declaró prescrita; viii) “Culpa exclusiva de la victima”; arguyó que el proceder del Banco estuvo determinado por el permanente incumplimiento de los deudores en satisfacer las obligaciones adquiridas y, en ese contexto, ellos tienen la culpa, por ende, deben asumir las consecuencias sobrevinientes; y, ix) “genérica”, la parte demandada, por último, reclamó el reconocimiento de cualquier hecho que condujera a su exoneración.
5. El Juzgador a-quo, una vez agotó en su totalidad las etapas establecidas por la normatividad vigente para esta clase de asuntos, profirió sentencia desestimatoria de las pretensiones.
6. La parte demandante, dados los resultados adversos del fallo de primera instancia, procedió a recurrir en apelación el mismo y, el Tribunal acusado, al resolver la instancia, decidió confirmarlo en su totalidad.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
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