La plata, 15 de diciembre de 2015






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LA PLATA, 15 de diciembre de 2015

HONORABLE LEGISLATURA

Me dirijo a Vuestra Honorabilidad para someter a su consideración el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016.

Los lineamientos del Proyecto de Presupuesto 2016 procuran reflejar, ya en el primer año de la gestión, la voluntad de cambio que expresó gran parte de los bonaerenses, con énfasis en la atención de los déficits sociales y de infraestructura que caracterizan hoy a la Provincia.

El punto de partida no es holgado, ya que la crítica situación financiera que atraviesa la Provincia (con un déficit fiscal estimado de aproximadamente $19.000 millones en 2015 -cerca del 6,6% del gasto total-, y un faltante de caja de $10.000 a fin del período), obliga a atender primero cuestiones urgentes del financiamiento (como la de garantizar el pago en tiempo y forma de las remuneraciones de los empleados públicos), y distraer recursos que pudieran destinarse a cuestiones más estructurales.

Aun con una presión impositiva récord, la Provincia ha acumulado una gran deuda social y de infraestructura que deteriora la calidad de vida de los bonaerenses, en especial con los sectores más vulnerables, típicamente indefensos frente a contingencias naturales como inundaciones, y sin una red eficiente de provisión de sistemas de salud, educación, seguridad y hasta de transporte seguro por el trazado vial provincial.

No obstante la necesidad de focalizar la agenda de corto plazo a atender las cuestiones urgentes, el Proyecto de Presupuesto 2016 comienza a sentar las bases de una política económica que destinará mayores recursos a la atención de esa insuficiencia de infraestructura y de la deuda social, que terminará de desplegarse en los próximos ejercicios.

Por tal motivo, se somete a la discusión de esta Honorable Legislatura aquellas cuestiones que conforman los ejes fiscales sobre los que se traza la futura gestión del gobierno y que hoy constituyen las principales causas de la problemática económica y financiera provincial.

En primer lugar, dada la erosión que sufrió en la última década sobre los recursos de origen nacional, la Provincia debe demandar un debate serio y responsable sobre las normas que rigen la relación fiscal entre la Nación y las Provincias, sin perder de vista la noción de equilibrio general donde no tiene sentido poner en riesgo la viabilidad de ningún nivel de gobierno.

Sabido es que, años atrás, esta asimetría pretendió remediarse mediante un instrumento de naturaleza transitoria como el Fondo del Conurbano Bonaerense. Sin embargo, la desactualización del monto del Fondo, sumada a la situación general de las transferencias recibidas de la Nación, constituye una restricción significativa para el diseño de una política fiscal socialmente responsable, y orientada a resolver los problemas estructurales de los bonaerenses.

Es un objetivo de este gobierno impulsar ese debate en pos de una recuperación de los recursos necesarios para la normal gestión de la Provincia de Buenos Aires, brindando de esta manera el marco legal apropiado que permita restablecer el equilibrio político y financiero entre la Nación y la Provincia.

El dominio de la urgencia por sobre lo estratégico, que se plasmó en la falta de una gestión y visión de largo plazo, y la particular relación financiera entablada con el gobierno nacional, también afectaron los principios de eficiencia y equidad de la política tributaria provincial. Por tal motivo, debe plantearse un debate acerca de la estructura tributaria de la Provincia en el marco de la revisión general de las finanzas públicas del país que se pondrá en marcha a partir del año próximo. Se requiere que la recaudación de origen provincial recaiga principalmente sobre aquellos contribuyentes con mayor capacidad contributiva, y que los impuestos no terminen afectando negativamente las decisiones de inversión y empleo de los productores, industriales y comerciantes, aspectos clave para una recuperación sostenible del sendero de desarrollo económico y social.

Durante 2015 la recaudación de tributos de origen provincial alcanzaría los $119.369 millones, que forman parte de un total de recursos (corrientes y de capital) que se estiman en $271.435 millones. Para 2016 se prevé un incremento de los recursos del orden del 24,7%, permitiendo alcanzar unos $147.368 millones en concepto de tributos de origen provincial y totalizando recursos por $338.428 millones.

La deuda social y de infraestructura que ha acumulado la Provincia con sus habitantes no ha sido consecuencia de una disminución del gasto público medidos en términos del producto bruto provincial. Por el contrario, se registró un creciente gasto público pero sin un mejoramiento en la provisión de bienes y servicios, incluso de aquellos que son esenciales para la vida cotidiana de los vecinos. Durante 2015, por ejemplo, el gasto total se estima que aumente un 44%, totalizando $290.574 millones, mientras que el rubro de gasto de capital implica erogaciones por apenas $9.895 millones (un 3,4% del total, uno de los menores niveles históricos y en comparación con otras jurisdicciones).

En ese marco, no puede seguir soslayándose la necesidad de aumentar la eficiencia en la aplicación de los recursos provinciales, de manera que en tanto el dinero que aportan los contribuyentes bonaerenses como los de origen nacional lleguen a la población con más y mejores servicios de educación, salud, seguridad, justicia, y saneamiento, entre otros. Para esta tarea, la reciente Ley de Ministerios procura armonizar el trabajo conjunto de diversas áreas de gobierno con objeto de aumentar progresivamente la calidad del gasto público y mejorar las condiciones de vida y de equidad de los bonaerenses.

Asimismo, los indicadores de deuda pública, que reflejan principalmente la imposibilidad de los últimos años de acceder al crédito a plazos y tasas razonables, contrastan severamente con el faltante de infraestructura económica y social, bajo una mirada cortoplacista que resulta inadmisible si se aspira a un desarrollo sostenido de largo plazo.

Este Proyecto de Presupuesto 2016 constituye el primer eslabón para comenzar a revertir esta situación. La Provincia debe volver a invertir para mejorar su infraestructura y servicios. Es hora de usar el crédito público para saldar la deuda social acumulada durante estos años. No se puede seguir ajustando la calidad de vida de los bonaerenses para resolver el estrangulamiento financiero de la Provincia.

Es necesario que la Provincia planifique y ejecute inversiones a partir de una visión estratégica; que contemple obras necesarias principalmente en materia de hidrología, vialidad, agua potable y cloacas, como objetivos no excluyentes que atiendan las necesidades de todas las regiones urbanas y rurales de la Provincia.

Una Provincia asentada en un territorio rico y con fuerzas productivas intactas en su potencialidad, requiere de un Estado provincial que proporcione bienes públicos de calidad y certidumbre de las condiciones fiscales y tributarias para que los bonaerenses lleven a cabo sus planes de consumo, ahorro e inversión. Bajo las nuevas condiciones de estabilidad económica y de reinserción en el mundo que llevará a cabo el Gobierno Nacional recientemente asumido, será posible el diseño y la implementación de proyectos de inversión socialmente rentables con un financiamiento a plazos y costos compatibles con la sustentabilidad fiscal a largo plazo, y que contribuyan eficazmente a la igualdad de oportunidades de todos los bonaerenses.

Finalmente, vale destacar la importancia de recrear un sistema de información estadística provincial confiable y que cumpla con los estándares internacionales en la materia. Las estadísticas sociales y económicas no sólo son un bien público que los gobiernos deberían brindar en cantidad y calidad suficiente a la población, sino que son un insumo necesario para el diseño, aplicación y evaluación de las políticas gubernamentales, de tal manera, que su debilidad conduce a imprecisiones, cuando no errores, en la gestión pública. En ese sentido, este gobierno se propone promover las acciones para proveer este bien público básico para la comunidad.
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