Inembargabilidad






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CONCEPTO 2001042689-1 DE 2001
(Octubre 16)


SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

INEMBARGABILIDAD


Síntesis: De dineros depositados en cuentas de ahorros. Límites. CDT y CDAT. Embargo de depósitos sobre cuentas de nómina. Dineros públicos depositados en cuentas de ahorro. Dineros de aportes para pensión, fondo de solidaridad y salud. Cuentas de entidades fiduciarias. Acatamiento de órdenes judiciales de embargo.
[§ 066] «(...) Sobre el particular, sea lo primero precisar que conforme a lo señalado por el numeral 4 del artículo 126 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) las sumas depositadas en la sección de ahorros de los establecimientos bancarios “(...) no serán embargables hasta la cantidad que se determine de conformidad con lo ordenado en el artículo 29 del Decreto 2349 de 1965”.
Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 138 de la misma normatividad, aún gozan del beneficio de inembargabilidad los depósitos realizados en cuentas de ahorro y ordinarios de las corporaciones de ahorro y vivienda, entidades que, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 546 del 23 de diciembre de 1999 -por la cual se dictaron normas en materia de vivienda-, disponen de un plazo de 36 meses con el fin de realizar los ajustes necesarios para adecuarse a su nueva naturaleza de bancos comerciales, evento en el cual les será aplicable el artículo 126 antes citado en materia del beneficio de inembargabilidad.
En cuanto al límite de la inembargabilidad para los depósitos de ahorro, vale la pena precisar que, en los términos del artículo 1 del Decreto 564 de 1996, se actualizó el monto del beneficio mencionado y en el artículo 2 se dispuso que los límites allí señalados se reajustarán anualmente de forma automática con base en el índice anual promedio de precios para empleados suministrado por el DANE, y que la Superintendencia Bancaria divulgará los valores reajustados.
En desarrollo de dicho precepto este organismo expidió la Carta Circular 550 del 9 de octubre del año 2000, divulgando la cifra reajustada del beneficio comentado en la suma de $15´445.915, valor que rige entre el 1 de octubre del año 2000 y el 30 de septiembre de 2001.

Ahora, es del caso destacar que en relación con el tema esta Superintendencia, en los términos del Título II, Capítulo Cuarto, numeral 1.6 de la Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996, impartió a las entidades vigiladas las siguientes instrucciones:
a) Acatamiento de las órdenes judiciales
Este Despacho se permite recordar a las entidades que deben dar debido y oportuno cumplimiento a las órdenes de embargo de fondos impartidas por los Despachos Judiciales, puesto que su falta de acatamiento puede dar lugar a la violación de normas penales, con todas las consecuencias que de ello se derivan.
En aquellos casos en los cuales algunas personas o entidades, con el objeto de eludir los embargos, abran o mantengan sus cuentas o sus depósitos bajo denominaciones que, por implicar desfiguración respecto del titular real o de la cuenta de que se trata, pueden no ajustarse exactamente a los que aparecen en las órdenes judiciales, es deber de la entidad depositaría de los fondos obrar con el máximo de cautela y prudencia al recibir una orden de embargo, en el claro entendido de que los intereses de la justicia están por encima de los particulares de cualquier cliente.
En tal virtud, en caso de que aparezcan depósitos con titulares similares a aquellos cuyas cuentas se ordene embargar, o con supresiones o adiciones que puedan generar dudas respecto de si se trata o no de la misma persona, es deber del depositario consultar de inmediato a la autoridad que decretó el embargo, a fin de que sea ella quien defina si es procedente incluir tales fondos en el embargo.
Ninguna persona puede, sin violar la ley, dejar de cumplir una orden judicial debidamente expedida ni colaborar con otras para evadir la aplicación de las disposiciones de las autoridades. Los Presidentes y Gerentes deben establecer los más severos mecanismos para que sus respectivas entidades cumplan y hagan cumplir los mandatos judiciales ya que, de lo contrario, deberán asumir las responsabilidades consiguientes.
b) Órdenes de embargo
Algunas oficinas de entidades bancarias se niegan a recibir copias de los oficios de embargo expedidos por las autoridades jurisdiccionales, aduciendo ausencia de mérito probatorio.
En vista de que dichas copias contienen las firmas originales y los sellos de funcionarios judiciales competentes para decretar las medidas de embargo, cabe precisar que las mismas constituyen copia auténtica, con idéntico valor al original, por cuanto si bien en principio consisten en una mera reproducción o transcripción mecánica de otro documento, son suscritos directamente por su creador. Igualmente gozan de la calidad de documentos públicos en tanto se otorgan por funcionario público en ejercicio de las funciones que le impone el cargo desempeñado, conforme lo dispone el inciso 3 del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.
En consecuencia, se presume la autenticidad de tales documentos, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad. La autenticidad es un adjetivo calificativo del documento que indica su absoluta correspondencia con el autor a quien se atribuye y que determina su eficacia probatoria, razón por la cual de no desvirtuarse la mencionada presunción por el conducto legalmente establecido, el documento surte plenos efectos probatorios.
En desarrollo de lo anterior, los establecimiento de crédito deberán admitir copia de los oficios de notificación de decretos de embargo, siempre que se encuentren directamente suscritos por el funcionario correspondiente (el envío de órdenes de embargo por fax se puede asimilar a la fotocopia del mismo y en consecuencia resultan aplicables los comentarios antes efectuados).
c) Procedimiento
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2282 de 1989, artículo 1, numerales 4 y 11, por medio de los cuales se modificaron los artículos 681, numerales 4 y 11, del Código de Procedimiento Civil y 1387 del Código de Comercio, los establecimientos de crédito deben observar el siguiente procedimiento a efectos de dar cumplimiento a las órdenes de embargo de las sumas depositadas en cuenta corriente y cuenta de ahorros, cuando su cuantía no esté cobijada por el beneficio de inembargabilidad:
1. Afectación de la cuenta. Al recibo por parte del establecimiento del oficio del Juez en que se le notifique la orden de embargar lo depositado en la cuenta corriente, debe el establecimiento afectar la cuenta por el valor correspondiente según los registros que presente la misma en la fecha y hora de recibo de la respectiva comunicación. “Para este efecto, el banco anotará en la tarjeta del depositante la hora y la fecha de recibo de la orden de embargo” (artículo 1387 del Código de Comercio)
2. Información sobre la cuantía afectada. El establecimiento de crédito deberá entregar al portador del oficio un volante en el que conste la cuantía del saldo afectado por la orden, con la indicación de que la mención es provisional. Con la recepción del oficio queda consumado el embargo.
3. Término para consignar las sumas embargadas. Dentro de los tres días siguientes al de la comunicación del embargo, el establecimiento deberá consignar las sumas retenidas en la cuenta de depósitos judiciales e informará al Juzgado en forma definitiva sobre la cuantía total de la suma embargada, enviándole el recibo en el que conste que dicho valor se encuentra a su disposición en la “cuenta de depósitos judiciales”, que al efecto se constituya en el Banco Popular o en cualquiera de las otras de las entidades que en defecto de aquél se encuentran autorizadas para recibir depósitos de esta naturaleza, conforme a lo preceptuado en el artículo 242, numeral 4, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
4. Procedimiento sobre las cantidades depositadas con posterioridad a la orden de embargo. En caso de que el saldo existente en la cuenta corriente en la fecha y hora en que se comunique la orden de embargo sea inferior a la cuantía señalada en el oficio, quedarán afectadas con dicha orden las cantidades depositadas con posterioridad hasta que sea cubierto el límite establecido en ella. Procederá además el banco en este evento a dar cumplimiento, en lo pertinente, a lo dispuesto en el subnumeral anterior.
En cuanto al valor de los cheques que se encuentren en las diligencias del canje, deben distinguirse las siguientes hipótesis:
- Cheques recibidos al cobro: hasta tanto sean confirmados por el banco librado, el valor de los cheques no quedará cobijado por la orden de embargo, pero sigue pesando sobre su monto, como es elemental, el mandato del artículo 1387 del Código de Comercio, sobre el embargo de las sumas que se depositen luego de notificada la orden, en caso de insuficiencia de un saldo existente en la cuenta al recibo de la misma para cubrir su cuantía.
- Cheques negociados en propiedad: si como operación complementaria al encargo de cobrar un cheque el banco concede al consignante un préstamo pagadero con el producto del título una vez sea este satisfecho, la suma mutuada, en cuanto es de propiedad del cliente del establecimiento, quedará afectada en lo correspondiente por la orden de embargo.
d) Procedimiento cuando el saldo embargado es inferior al límite señalado en la orden
Es de observar que en caso de que el saldo embargado sea inferior al límite señalado en la orden judicial, no puede el banco pagar cheques librados en sobregiro por el respectivo cuentacorrentista, ni en general permitirle el retiro de fondos en descubierto, so pena de quedar dichas sumas embargadas en lo pertinente, por cuanto las citadas operaciones implican siempre la concesión de un préstamo, cuyo producto ingresa al patrimonio del titular de la cuenta, bien que por voluntad suya en el correspondiente cheque u orden de pago se indique en ciertos eventos como beneficiaría a una tercera persona” (paréntesis fuera de texto original).
Efectuadas las precisiones generales, a continuación se procede a realizar las siguientes acotaciones frente a algunos interrogantes específicos, a saber:
¿Hay alguna excepción a la inembargabilidad en razón del proceso judicial en el que se ordena el embargo de sumas de dinero depositadas en cuentas de ahorro?
Sobre el particular es pertinente anotar que si bien es cierto a la Superintendencia Bancaria le corresponde ejercer el control y vigilancia sobre las entidades financieras que, dentro de las operaciones autorizadas, pueden recibir depósitos en cuentas de ahorro, también lo es que dentro de la órbita de nuestra competencia no es posible intervenir en situaciones de carácter estrictamente particular, tales como las que se controvierten en los procesos mencionados en su pregunta. Será el juez competente el encargado de establecer excepciones a la inembargabilidad, con fundamento en las normas legalmente aplicables, mientras que la entidad financiera a la cual llegue la orden de embargo deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en ella.
¿Los certificados de depósito a término CDT son objeto de inembargabilidad? Si es así, ¿hasta qué monto? ¿Los CDAT están protegidos por inembargabilidad?
Sobre el particular, sea lo primero precisar que el numeral 3 del artículo 6 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero ha definido las secciones que pueden tener los establecimientos bancarios, así:
3. SECCIONES. Los establecimientos bancarios podrán establecer y mantener las siguientes secciones, previa autorización del Superintendente Bancario, con los derechos y facultades concedidos en el presente Estatuto:
a) Sección Bancaria para la ejecución de negocios bancarios y comerciales.
b) Sección de Ahorros para recibir, reconociendo intereses, depósitos a la vista o a término, con sujeción a lo previsto en este Estatuto, en el Código de Comercio y en las reglamentaciones que con carácter general dicte el Gobierno Nacional. (...)”
En este orden de ideas, procede manifestar que los Certificados de Depósito a Término CDT corresponden a operaciones realizadas a través de la sección comercial de los establecimientos de crédito, por lo cual no gozan del privilegio antes mencionado, teniendo en cuenta que no se encuentran legalmente catalogados como ahorro, mientras que los Certificados de Depósito de Ahorro a Término CDAT se expiden por las secciones de Ahorro de los mismos establecimientos y, en consecuencia, están protegidos por el beneficio de inembargabilidad, según los montos señalados en las disposiciones antes referidas.
¿Las cuentas de ahorro a través de las cuales las entidades públicas o privadas pagan la nómina de sus empleados son inembargables? ¿La cuenta de nómina de un empleado es inembargable?
En cuanto al embargo de los depósitos sobre cuentas de nómina esta Superintendencia en concepto No. 2000103258-0 del 16 de abril del 2001 ha expresado lo siguiente:
Inicialmente, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 156 del Código Sustantivo del Trabajo que a la letra dispone: “Excepción a favor de cooperativas y pensiones alimenticias. Todo salario puede ser embargado hasta en un cincuenta por ciento (50%) a favor de cooperativas legalmente autorizadas, o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con los artículos 411 y concordantes del Código Civil” (resaltado extratextual), es factible legalmente que dentro de un proceso judicial se decrete el embargo del salario hasta por el cincuenta por ciento (50%) en los eventos previstos en la norma referida.
Ahora bien, descendiendo al asunto planteado en cuanto hace relación al posible embargo de la cuenta en la cual se consigna el salario del trabajador, respecto de quien ya se ha surtido la medida judicial en los términos indicados en el artículo 156 citado, se considera que a la luz de las normas procesales el demandado cuenta con la posibilidad de oponerse, dentro de los términos previstos al efecto, demostrando con los elementos de prueba suficientes que los depósitos efectuados en la mencionada cuenta corresponden exclusivamente a la contraprestación que recibe por el trabajo realizado.
No obstante, cabe anotar que en cuanto a la inembargabilidad de los depósitos de ahorro -sistema a través del cual usualmente se viene pagando el salario a los trabajadores en diferentes empresas e instituciones-, el artículo 126 numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece:
(...) De otro lado, es pertinente aclarar que esta Superintendencia, en los términos del numeral 1.6 del Capítulo Cuarto del Título II de la Circular Básica Jurídica -Circular Externa No. 007 de 1996-, instruyó a las entidades vigiladas sobre el procedimiento a seguir cuando reciban órdenes de embargo de depósitos, así:
(…) Bajo tales premisas, se tiene entonces que las entidades deben dar estricto cumplimiento a las órdenes de embargo impartidas por los despachos judiciales, sujetándose para tal efecto a los términos del oficio correspondiente, pues en criterio de esta Superintendencia el establecimiento bancario destinatario de la orden no estaría facultado válidamente para desconocer el mandamiento del funcionario”.
¿Cómo sabe un banco que una cuenta de un cliente suyo del sector público es de destinación específica? ¿Está obligado a saberlo? ¿Si le llega un embargo sobre estas cuentas, cómo debe proceder? ¿El banco debe advertir al ente que ordena el embargo sobre éste hecho (destinación específica de la cuenta)?
Bajo el entendido que la inquietud se refiere a los dineros públicos depositados en cuentas de ahorro, le manifiesto que la misma Circular Básica Jurídica en el numeral 1.7 del Capítulo y Título referidos impartió precisas instrucciones a sus vigiladas sobre dicho tema, en los siguientes términos:
1.7 Embargos sobre depósitos de rentas y recursos pertenecientes al presupuesto general de la Nación
En aplicación de la jurisprudencia constitucional contenida en la sentencia T-025/95 del 1 de febrero de 1995, expediente T-46448, emanada de la Corte Constitucional, este Despacho se permite impartir las siguientes instrucciones sobre el procedimiento que debe adoptarse por las entidades, en aquellos eventos en los cuales reciban órdenes de embargo sobre depósitos de rentas y recursos del presupuesto nacional.
En adelante todas las órdenes de embargo que afecten o recaigan sobre las rentas y recursos incorporados al Presupuesto General de la Nación, emanadas de juez competente, serán de inmediata ejecución o cumplimiento por parte de los establecimientos de crédito.
Decretada debidamente una medida de embargo, los establecimientos de crédito no son competentes para establecer si la respectiva decisión judicial recae sobre rentas y recursos incorporados al Presupuesto General de la Nación para, con base en ello, abstenerse de darle cumplimiento en atención a su carácter de inembargables, pues no siendo esas instituciones parte en el proceso, no tienen posibilidad, y aún menos obligación, de oponerse a tales órdenes de embargo. Su actuación no puede ir más allá que la de mero ejecutor de la orden judicial en lo concerniente con la existencia de los recursos, su cuantía y la identificación del titular, aspecto cuya verificación se encuentra implícita en la ejecución de la orden de embargo.
Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de dar estricto cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3 del Decreto 1807 de 1994, según el cual, “(...) el establecimiento de crédito que reciba una orden de embargo en contravención a lo dispuesto por el presente decreto, deberá informar inmediatamente a la Contraloría General de la República para que inicie un juicio fiscal contra el funcionario judicial que ordenó el embargo”.
Igualmente, sin dejar de cumplir en forma diligente las referidas órdenes judiciales de embargo, en la comunicación mediante la cual se ponga en conocimiento del juez la ejecución de dicha orden, deberá informársele que la medida afecta Rentas y Recursos pertenecientes al Presupuesto General de la Nación, para su evaluación y fines pertinentes, lo cual no exonera para que se efectúen de inmediato los traslados de los recursos embargados, en los términos dispuestos por la Autoridad Judicial.
Para su cumplimiento, los establecimientos de crédito deberán adoptar e impartir las medidas e instrucciones internas pertinentes, a la mayor brevedad posible. No sobra recordar que la inobservancia de esta preceptiva dará lugar a aplicar, por parte de la Superintendencia Bancaria, las sanciones institucionales o personales previstas en los artículos 209 y 211 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sin perjuicio de la aplicación que las autoridades judiciales puedan hacer de otras normas legales para quien desobedezca o retarde la ejecución de sus órdenes” (se resalta).
¿Las cuentas de las entidades que recaudan dineros de aportes a pensiones, fondos de solidaridad, salud, etc., son embargables? ¿Qué debe hacer un banco cuando le llega un embargo a una entidad que maneja en sus cuentas tales recaudos?
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley 100 de 1993 (Sistema General de Pensiones):
Son inembargables:
1. Los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad.
2. Los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida y sus respectivas reservas.
3. Las sumas abonadas en las cuentas individuales de ahorro pensional del régimen de ahorro individual con solidaridad, y sus respectivos rendimientos.
4. Las sumas destinadas a pagar los seguros de invalidez y de sobrevivientes dentro del mismo régimen de ahorro individual con solidaridad.
5. Las pensiones y demás prestaciones que reconoce esta Ley, cualquiera que sea su cuantía, salvo que se trate de embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
6. Los bonos pensionales y los recursos para el pago de los bonos y cuotas partes de bono de que trata la presente Ley.
7. Los recursos del fondo de solidaridad pensional.
Parágrafo. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, las cotizaciones voluntarias y sus rendimientos financieros solo gozan de los mismos beneficios que la Ley concede a las cuentas de ahorro en UPAC, en términos de inembargabilidad”.
Por su parte, respecto del Sistema de Riesgos Profesionales, el artículo 93 del Decreto 1295 de 1994 prevé lo siguiente:
Son inembargables:
a) Los recursos de la cuenta especial de que trata el artículo 94 de este decreto (tal norma está referida al tratamiento tributario).
b) Las sumas destinadas a la cobertura de las contingencias del Sistema General de Riesgos Profesionales.
c) Las pensiones y demás prestaciones que reconoce este decreto, cualquiera que sea su cuantía, salvo que se trate de embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia”.
Sin embargo, en cuanto a la inembargabilidad de los depósitos de ahorros en los que estén consignadas las sumas a que hace alusión la disposición antes transcrita, las entidades deben dar estricto cumplimiento a las órdenes de embargo impartidas por los despachos judiciales, sujetándose para tal efecto a los términos del oficio correspondiente, pues en criterio de esta Superintendencia el establecimiento bancario destinatario de la orden no estaría facultado válidamente para desconocer el mandamiento del funcionario.
En el caso de las cuentas que tienen las entidades fiduciarias ¿cómo debe proceder un banco cuando el demandado es el cliente de la fiduciaria y el ente jurisdiccional ordena al banco el embargo de las cuentas que allí tiene la fiduciaria?. Esto en el entendido de que el titular de las cuentas es una persona diferente del demandado”.
En primer lugar debe precisarse que, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 1226 del Código de Comercio, “La fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario”.
Como se observa, uno de los elementos esenciales de este tipo de negocio fiduciario es la transferencia de la propiedad de los bienes a la sociedad fiduciaria, quien en tal virtud adquiere la titularidad de los mismos y por lo tanto no pueden ser embargados por los acreedores posteriores a la constitución. Otro elemento es la formación de un patrimonio autónomo con los bienes fideicomitidos afectos a la finalidad contemplada en el acto constitutivo (artículos 1227 y 1233 del Código de Comercio), el cual puede ser perseguido por los actos relativos a su desarrollo.
En efecto, el artículo 1238, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1240, numeral 8, del Código de Comercio prevén que los bienes entregados a título de fiducia mercantil pueden ser perseguidos por los acreedores del fiduciante (persona que transfiere uno o más bienes especificados a otra), siempre y cuando se trate de obligaciones surgidas con anterioridad al respectivo negocio fiduciario, observando el procedimiento señalado en los artículos 1226 y siguientes del Estatuto Mercantil antes aludido y demás normas concordantes. Los bienes así transferidos salen del patrimonio del fiduciante y por ello no pueden ser embargados por los acreedores posteriores a la constitución.
Así pues, las cuentas de ahorros abiertas por las sociedades fiduciarias en ejecución de un negocio fiduciario podrían ser perseguidas por los acreedores del mismo, según los términos antes señalados.
Sin embargo, y sin el ánimo de ser repetitivos, en este caso igualmente, frente a una orden de embargo, la entidad bancaria debe dar estricto cumplimiento a la misma independientemente de cualquier otro tipo de consideración, la cual podrá ser invocada ante el juez que impartió la medida preventiva señalada.
En conclusión, todos los criterios expuestos con anterioridad desde tiempo atrás han venido siendo reiterados por la Superintendencia Bancaria con base en que una vez expedida una orden judicial los deudores y depositarios -o ejecutores- no pueden legalmente abstenerse de dar cumplimiento a la misma, sin perjuicio de que la parte interesada haga uso de los derechos que las normas procesales le confieren y haya obtenido la revocación de la respectiva orden. Vale decir, los deudores y los depositarios -o ejecutores- deben observar las órdenes emanadas de los jueces y sujetarse a sus decisiones, pues un comportamiento distinto no sólo conllevaría la infracción de principios constitucionales, sino que adicionalmente implicaría el desconocimiento del mandato legal contenido en el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento”, con la consecuente responsabilidad que cabría por la renuencia a dar cumplimiento a la orden judicial correspondiente.
De igual manera, y de acuerdo con lo expresado por la Corte Constitucional en Sentencia No. T-025 del 1 de febrero de 1995, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonel:
La Superintendencia Bancaria carece de competencia para determinar la procedencia o improcedencia de una orden de embargo emanada de un juzgado, pues es propio de la actividad judicial, cuando se trata de procesos de ejecución, determinar la suficiencia o idoneidad del título ejecutivo, librar el correspondiente mandamiento de pago, ordenar y hacer efectivas las medidas ejecutivas requeridas, previa definición de la procedencia del embargo, según la naturaleza jurídica de los bienes, resolver las peticiones de desembargo que formulen las partes y realizar los demás actos procesales propios de un proceso de esta naturaleza”».

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