Dirección estadal de salud de los trabajadores miranda “delegado de prevención jesus bravo”






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Ponencia de la Magistrada Doctora SONIA COROMOTO ARIAS PALACIOS

El Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala de Casación Social, el expediente contentivo de recurso de nulidad conjuntamente con medida cautelar de amparo y solicitud de suspensión de efectos, propuesto por la asociación civil FUNDACIÓN TRASNOCHO CULTURAL, representada judicialmente por los abogados Oscar Ignacio Torres, Henrique Castillo Galavis, Elias Hidalgo, Ayleen Guédez y María Fernanda Pulido, contra la Certificación N° 0338-09 de fecha 02 de noviembre de 2009, emanada delINSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL), a través de la DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES MIRANDA “DELEGADO DE PREVENCIÓN JESUS BRAVO”, sin representación judicial acreditada en autos; mediante la cual se certificó que la trabajadora Yaily Torres Mosquera, presenta el siguiente diagnóstico: hernia discal L5-S1, cervicalgía crónica (EO10-02), considerada como enfermedad ocupacional agravada por el trabajo, que le ocasiona discapacidad parcial y  permanente para el trabajo habitual, con limitaciones para actividades de manipulación, levantamiento y traslado de cargas, posturas estáticas e inadecuadas mantenidas, deambulación subir y bajar escaleras frecuentemente.

La remisión se efectuó en razón del recurso de apelación que interpusiera la parte accionante, contra el fallo dictado por el a quo en fecha 05 de junio de 2013, mediante el cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad del acto recurrido antes identificado.

La parte actora presentó en fecha 01 de julio de 2013, ante la Secretaría de esta Sala de Casación Social, escrito contentivo de fundamentos del referido del recurso de apelación.

En fecha 16 de julio de 2013, se dio cuenta en Sala, asignándose la ponencia a la Magistrada Dra. Sonia Coromoto Arias Palacios. En esa misma oportunidad, y conforme al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se fijó un lapso de diez (10) días de despacho, para que la parte consigne la respectiva fundamentación del recurso de apelación propuesto.

Mediante auto de fecha 18 de septiembre de 2013, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala declaró concluida la sustanciación del presente asunto, por cuanto había transcurrido el lapso previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Siendo la oportunidad, pasa esta Sala a decidir en los siguientes términos:

I

ANTECEDENTES

Mediante escrito de fecha 09 de agosto del año 2012, la asociación civil Fundación Trasnocho Cultural, propuso recurso contencioso administrativo de nulidad, conjuntamente con medida cautelar innominada, contra la certificación N° 0338-09 de fecha 02 de noviembre del año 2019, emanada del Instituto Nacional de Prevención, Salud, y Seguridad Laborales (INPSASEL) – Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda “Delegado de Prevención Jesús Bravo”, certificó que la ciudadana Yaily Margarita Torres Mosqueda, cursa con hernia discal L5-S1, celvicalgía crónica (E010-02), considerada como enfermedad ocupacional agravada por el trabajo, que le ocasiona discapacidad parcial permanente para el trabajo habitual, con limitaciones para actividades que requieran de manipulación, levantamiento y traslado de cargas, posturas estáticas e inadecuadas mantenidas, deambulación, subir y bajar escaleras frecuentemente.

En el escrito de nulidad, la parte actora alegó lo siguiente:1) Nulidad de la certificación N°0338-09, emitida por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda del INPSASEL, debido a la ausencia total y absoluta de procedimiento legalmente establecido; 2) Nulidad del acto administrativo contenido en la certificación N° 0338-09, emitida por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda del INPSASEL, debido a la incompetencia del funcionario que lo suscribe; 3) De la nulidad absoluta de la certificación médica N°0338-09, por incurrir en el vicio de falso supuesto, al calificar el origen ocupacional de la enfermedad común padecida por la trabajadora Yaily Torres Mosquera; 4) Finalmente concluye que la certificación N° 0338-09, objeto del presente recurso adolece de vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad en razón de los cuales según el actor debe ser considerado nulo, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 19 ordinal 1 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 25 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En el caso concreto, la recurrida observó, que de los antecedentes administrativos se desprende que se realizó, solicitud de investigación presentado por el Inspector de Seguridad y Salud en el trabajo y con base a ello determinó que el origen de la enfermedad es de origen ocupacional.

II

DECISIÓN APELADA

El Tribunal Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, mediante decisión de 05 de junio de 2013, declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por la asociación civil Fundación Trasnocho Cultural, por las siguientes razones:

(…)

Ahora bien, entrando en materia vale indicar que ya esta alzada a indicado en fallos anteriores que el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), es un ente autónomo adscrito al Ministerio del Trabajo, creado según lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, promulgada en el año 1986.

(…)

En el caso sub examine, observa este Tribunal de la lectura detallada del acto administrativo recurrido, que la médico ocupacional Haydeé Rebolledo, adscrita a la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Estado Miranda (Diresat) del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), estableció su competencia, con fundamento en el artículo 18 Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

Igualmente cabe destacar que el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad laborales (INPSASEL) con el propósito de optimizar la capacidad de asistir, asesorar, orientar, atender, prevenir y garantizar condiciones seguras y saludables en el entorno laboral, ha aperturado sedes (las direcciones Estadales de Salud de los Trabajadores (DIRESAT)) en los estados del país a los fines de materializar tales objetivos ya que la institución como ente de aplicación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), está en la obligación de proteger y prevenir a los trabajadores a nivel nacional. En este sentido a los fines de organizar la atribución territorial de competencia proporcionada entre las diferentes DIRESAT, de acuerdo a los principios de simplicidad, transparencia y cercanía organizativa a los particulares, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, se aprobó la desconcentración funcional, en consecuencia las competencias atribuidas al INPSASEL según la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.236 de fecha 26 de julio de 2005, quedaron desconcentradas territorial y funcionalmente en las Direcciones Estadal de Salud de los Trabajadores (Diresat).

(…)

De la normativa transcrita, se desprende que la desconcentración funcional y territorial -mediante el correspondiente acto administrativo-, transmite la atribución, esto es, el ejercicio de la competencia.

Con base a la normativa reseñada supra, se concluye que la certificación de los infortunios laborales corresponde al Instituto Nacional del Prevención, Salud y Seguridades Laborales (INPSASEL); el cual dentro de su estructura organizativa cuenta con órganos desconcentrados, funcional y territorialmente (Direcciones Estadales de Salud de los Trabajadores. DIRESAT), creados mediante providencias administrativas con el fin de optimizar la capacidad de asistir, asesorar, orientar, atender, prevenir y garantizar condiciones seguras y saludables de los trabajadores a nivel nacional (ver sentencia Nº 744 de fecha 04 de julio de 2012 de la Sala de Casación Social).

Dichas direcciones han sido provistas de competencia por la materia y por el territorio conforme a los términos establecidos en el artículo 31 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, por tanto, sus funcionarios, están calificados para dictar el acto recurrido. Así se establece.

Ahora bien, en cuanto a la nulidad del acto recurrido por haber sido dictado con prescindencia del procedimiento legalmente establecido, pues en su decir, no tuvo oportunidad para ejercer el derecho a la defensa. En tal sentido, en primer término debe este tribunal observar lo referente al debido proceso, toda vez que el mismo es pilar fundamental de nuestro sistema constitucional de derechos y garantías, el que se manifiesta en el procedimiento administrativo de las siguientes formas: cuando se garantiza el derecho a ser oído, puesto que no podría hablarse de defensa alguna, si el administrado no cuenta con esta posibilidad; el derecho a ser notificado de la decisión administrativa, a los efectos que le sea posible al particular presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento; el derecho a tener acceso al expediente, justamente con el propósito que el particular pueda examinar en cualquier estado del procedimiento las actas que lo componen, permitiendo un real seguimiento de lo que acontece en su expediente administrativo; el derecho que tiene el administrado de presentar pruebas que permitan desvirtuar los alegatos ofrecidos en su contra por la Administración; y finalmente el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de defensa, a objeto de ejercer esta última frente a los actos dictados por la Administración. (Ver, entre otras sentencias Sala Político Administrativa Nº 01486 de fecha 08/06/2006; Nº 02126 de fecha 27/09/2006 y Nº 01448 de fecha 08/08/2007).

Pues bien, respecto a la violación al debido proceso contenido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considera necesario este juzgador aclarar que el mismo comprende el desarrollo de los derechos fundamentales de carácter procesal, cuyo disfrute satisface las necesidades del ciudadano. Con referencia al mencionado artículo, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 24 de febrero de 2000, estableció lo siguiente:

(…)

Ahora bien, de las pruebas cursante a los autos y su adminiculación con lo expuesto en el presente recurso, se aprecia que la médico ocupacional que certificó la discapacidad (providencia) hoy atacada, lo hizo observando el informe de investigación presentado por el Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo, y con base a ello determinó que el origen de la enfermedad de la ciudadana Yaily Mosquera era ocupacional, no estando controvertido que la misma se inició a instancia de la ciudadana in comento, pues del texto de la providencia se lee que “…Una vez realizada la evaluación integral que incluye los 5 criterios: 1. Higiénico-Ocupacional, 2. Epidemiológico, 3. Legal, 4, Clínico y 5. Paraclínico, a través de la investigación realizada por funcionarios adscritos a esta institución Ingeniero Douglas Vásquez, cedula de identidad N° 12.508.676, en su condición de Inspector en Seguridad y Salud en el Trabajo II, donde pudo constatarse que el trabajador tiene una antigüedad de 02 años y 07 meses aproximadamente laborando para la empresa, y que en las actividades y tareas realizadas por la misma existen factores de riesgos para el desarrollo o agravamiento de enfermedades músculo esqueléticas, como lo son posturas estáticas e inadecuadas mantenidas, flexo extensión y lateralización de cuello, movimientos repetitivos y continuos de miembros superiores, factores estresantes. Inicia sintomatología a finales del año 2008 cuando comienza a presentar dolor a nivel de columna cervical y tumbar de moderada a fuerte intensidad que fue aumentando progresivamente en intensidad y frecuencia, motivo por el cual consulta a especialista quien solicita exámenes complementarios; radiodiagnóstico de columna lumbo sacra de fecha 16/09/2008 reportando sacralización de columna lumbosacra; resonancia magnética nuclear (RMN) de columna cervical y lumbar de fecha 20/09/2008 reportando a nivel cervical rectificación de la lordosis de probable carácter antalgico: a nivel lumbo sacro protusión discal central L5 — Si; siendo referida a terapia de manteniéndose bajo tratamiento conservador por los momentos. La constituye un estado patológico agravado por las condiciones de trabajo bajo las cuales trabajador se encontraba obligado a laborar, tal y como lo establece el artículo 70 de la LOPCYMAT. Por lo anteriormente expuesto y en uso de las atribuciones legales, basados en el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 89, el articulo 18 numeral 1 y el artículo 76 de la LOPCYMAT. Yo, Hayde Rebolledo, Venezolana titular de la Ci. 4.579.709. Médica Especialista en Salud Ocupacional adscrita al INPSASEL, según la providencia administrativa N° 03 de fecha 26-10-2006, por designación de su Presidente Dr. Jhonny Picone, carácter este que consta en el Decreto N° 3.742, publicado en Gaceta Oficial N° 38.224 del 08-07-2005, CERTIF1CO que la trabajadora cursa con bernia discal L5 — SI, Cervicalgía crónica (E01 0-02), considerada como una Enfermedad Agravada por las condiciones de trabajo que le condiciona una Discapacidad Parcial y Permanente…”, la cual al ser emitida por una funcionaria pública (ver artículos 76 y 136 ejusdem), y haberle esta alzada otorgado pleno valor probatorio, se tiene por fidedigna haciendo plena fe de los hechos jurídicos que la funcionaria pública declara haber observado, para que con la objetividad e imparcialidad necesaria, procediera a dar por constatado el informe de investigación donde se indicó que las funciones realizadas por la trabajadora conlleva factores de riesgos para el desarrollo o agravamiento de enfermedades músculo esqueléticas, como lo son posturas estáticas e inadecuadas mantenidas, flexo extensión y lateralización de cuello, movimientos repetitivos y continuos de miembros superiores, factores estresantes, todo lo cual culminó con el acaecimiento de un infortunio laboral, cuya consecuencia generó en la ciudadana Yaily Mosquera una enfermedad agravada por las condiciones de trabajo que le condiciona una discapacidad parcial y permanente, observándose de autos que la hoy recurrente además incumplió con la normativa de seguridad y salud en el trabajo prevista en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y su Reglamento, siendo que de las documentales traídas a los autos no se observa la supuesta violación del debido proceso alegada por la parte recurrente, no constatándose que hubiere habido alguna privación a la precitada parte en su facultad para efectuar un acto de petición o defensa que a ella privativamente le corresponda por su posición en el proceso. Así se establece.

Por otra parte, señala el recurrente que hay un vicio de falso supuesto, toda vez que se calificó como ocupacional una enfermedad común.

A tal efecto indica: “…El origen ocupacional de la enfermedad padecida por un trabajador o el agravamiento de aquel padecimiento que sufrió con anterioridad a la prestación de servicio es una presunción que admite prueba en contrario, aún en el caso de los padecimientos clasificados como de origen ocupacional en la NT-02-2008, interpretar lo contrario constituiría una violación del Derecho a la Presunción de Inocencia y al Debido Proceso, pues bastaría determinar la existencia de una enfermedad para que indefectiblemente surgiera para el empleador las responsabilidades derivadas de ésta.

En este orden de ideas, corresponderá al INPSASEL en ejercicio de las competencias atribuidas en la LOPCYMAT determinar con base a los criterios objetivos establecidos en el referido texto normativo, si existe un vinculo de causalidad entre las labores desempeñadas en beneficio del empleador y la enfermedad y, determinada la existencia de un nexo verificar si el mismo es idóneo para ser la causa directa, exclusiva y eficiente para ocasionar el padecimiento.

(…)

En el caso que nos ocupa la funcionaria Médico Ocupacional Haydee Rebolledo, estableció la existencia de un nexo de causalidad entre el padecimiento sufrido por la trabajadora Yaily Torres Mosquera y las labores que ésta desempeña en Fundación Trasnocho Cultural, dando especial importancia a que la actividad ejecutada por la trabajadora es sedentaria e implica la movilización de los miembros superiores, excluyendo la posibilidad que actividades de la vida diaria y relacionadas con tareas del hogar pudieran ser la causa adecuada para producir la enfermedad, así como la existencia de lesiones en los miembros afectados derivados de traumatismos, previos a la prestación de servicio y a las cuales pudo no habérsele dado tratamiento oportuno.

En relación al incorrecto proceder el INPSASEL al establecer la relación de causalidad entre la enfermedad y la prestación de servicio, y a partir de allí certificar el origen ocupacional de la enfermedad sufrida por la trabajadora, resulta claro de la lectura de la Certificación que las actividades que el INPSASEL considera relevantes por ser causa directa de las lesiones, léase, posturas estáticas mantenidas, flexo extensión y laterización del cuello permanentemente, movimientos continuos y repetitivos de miembros superiores, factores estresantes, no guardan relación ninguna con lesiones a nivel lumbo-sacro de la columna vertebral, corroborándose así que no existe el vinculo causal que el Instituto pretendió establecer.

Por el contrario, si puede constituir causa directa y eficiente para producir una lesión en la columna cervical a nivel lumbo-sacro el traumatismo o el levantamiento constante de cargas hechos que parece no haber sido considerado por el INPSASEL, Con toda esta información Ciudadano Juez lo que queremos es evidenciar que contrario a lo indicado en el acto que se recurre, la enfermedad sufrida por la ciudadana Yaily Torres Mosquera no tiene como causa adecuada y exclusiva la ejecución de actividades manuales de forma repetitiva durante su jornada de trabajo, por lo tanto, el acto administrativo contenido en la Certificación N° 0338-09 dictada en fecha 2 de noviembre de 2009, incurrió en el vicio de falso supuesto al establecer un nexo de causalidad entre la enfermedad padecida por la trabajadora y las labores desempeñadas por ésta a favor de nuestra representada Fundación Trasnocho Cultural.

(…)

Ahora bien, en cuanto al vicio de falso supuesto la peticionante fundamentalmente denuncia que los sucesos constitutivos del presunto infortunio laboral no se sustentaron en eventos que hayan sido debidamente probados careciendo de certeza, en virtud que, “…la enfermedad sufrida por la ciudadana Yaily Torres Mosquera no tiene como causa adecuada y exclusiva la ejecución de actividades manuales de forma repetitiva durante su jornada de trabajo…”, siendo que, en su decir, pudo haber acaecido la enfermedad producto de “…actividades de la vida diaria y relacionadas con tareas del hogar pudieran ser la causa adecuada para producir la enfermedad, así como la existencia de lesiones en los miembros afectados derivados de traumatismos, previos a la prestación de servicio y a las cuales pudo no habérsele dado tratamiento oportuno…”, indicando así mismo que en todo caso de haber sucedido tal hecho el mismo no es constitutivo de un infortunio laboral, ya que lo padecido es una enfermedad común, por lo que considera no se recabó la información necesaria para determinar el origen del precitado y presunto infortunio de trabajo.

A los fines de resolver la denuncia planteada observa este Juzgador, tal como se indicó supra, que la hoy recurrente fue inspeccionada a solicitud de la ciudadana Yaily Torres Mosquera, por el funcionario publicó encargado de llevar a cabo la investigación, siendo que luego la médico ocupacional certifica, mediante providencia administrativa, que producto de las funciones realizadas por la trabajadora, la cual conllevaba factores de riesgos para el desarrollo o agravamiento de enfermedades músculo esqueléticas, como lo son posturas estáticas e inadecuadas mantenidas, flexo extensión y lateralización de cuello, movimientos repetitivos y continuos de miembros superiores, factores estresantes, acaeció un infortunio laboral, cuya consecuencia generó en la ciudadana Yaily Mosquera una enfermedad agravada por las condiciones de trabajo que le condiciona una discapacidad parcial y permanente, acto administrativo que al ser emitido por una funcionaria pública (ver artículos 76 y 136 Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo), y haberle esta alzada otorgado pleno valor probatorio, se tiene por fidedigno haciendo plena fe de los hechos jurídicos que la funcionaria pública declara haber observado, para que con la objetividad e imparcialidad necesaria, procediera a dar el veredicto hoy atacado, circunstancias estas que al adminicularse con el material probatorio cursante a los autos (las copias certificadas, valoradas supra) y los argumentos expuestos por la recurrente como desencadenantes del falso supuesto, se concluye que no son suficientes ni idóneos para desvirtuar la precitada instrumental, considerándose en consecuencia como ciertas las patologías sufridas por la ciudadana Yaily Torres Mosquera, en el periodo y lugar señaladas supra, y determinadas por el ente público en cuestión. Así se establece.-

En abono a lo anterior, vale señalar que la autoridad administrativa además inició una serie de procedimientos al observar que la recurrente incurrió en infracciones contempladas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

En tal sentido, este Juzgado desestima el alegato de falso supuesto invocado por la recurrente, así como lo relativo a los demás vicios denunciados, ya que los funcionarios in comentos sustentaron sus actuaciones, tanto en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, para lo cual primero se llevo a cabo la investigación de accidente realizado por la Inspector en Seguridad y Salud en el Trabajo, (pues la existencia del instrumento no ha sido objeto de controversia), y luego, con base al mismo, se realizó la certificación hoy impugnada, que como se ha dicho hace plena fe, no constando a los autos que la recurrente haya cumplido con su carga procesal, cual era la de traer los medios o elementos probatorios conducentes, es decir, que destruyeran la veracidad y certidumbre que aquellos ostentan, lo cual, repito, no se hizo en la presente causa. Así se establece.
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