Demandado: Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores






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Régimen General de las Obligaciones, octava edición, Temis, Bogotá, 2005, pp. 280 y ss.; HINESTROSA, Fernando, Tratado de las obligaciones, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2002, pp. 162 y ss.; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 27 de agosto de 2008, Exp. No. 11001-3103-022-1997-14171-01.

77 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 27 de agosto de 2008; Magistrado Ponente: William Namén Vargas. Expediente No. 11001-3103-022-1997-14171-01.

78 En armonía con lo previsto en la citada disposición, el artículo 65 de la Ley 45 de 1990, que derogó el artículo 883 del Código de Comercio, establece lo siguiente: “Causación de intereses de mora en las obligaciones dinerarias. En las obligaciones mercantiles de carácter dinerario el deudor estará obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir de ella. Toda suma que se cobre al deudor como sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su denominación”.


79 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 12.719, al reiterar las providencias de 20 de marzo de 1980, Exp. 1379 y de 26 de febrero de 1998, Exp: 10.813.


80 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010; Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio; Radicación número: 25000-23-26-000-1997-03663-01(17214).

81 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de octubre de 2003; Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez; Radicación número: 25000-23-26-000-1993-03412-01(13412).

82 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 17 de mayo de 2001, Exp. 13.635, que reitera sentencia de 28 de octubre de 1994, Exp. 8092.


83 En la dirección anotada resulta pertinente traer a colación las consideraciones efectuadas por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en reciente pronunciamiento:
"En efecto, en jurisprudencia constante de la Sala se ha considerado que al participar de los mismos fines ligados al cumplimiento del interés general, las garantías que se hayan constituído con el fin de amparar ya sea el cumplimiento de un contrato estatal y/o los perjuicios que se pudieren derivar de su ejecución frente a terceros, se encuentran sujetas, al menos parcialmente, a la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993; en este sentido la Sala ha afirmado:
Así pues, en cuanto el objetivo de esta clase especial de contratos de seguro es el de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asume el contratista particular por razón de la celebración de un determinado contrato estatal, el cual, a su turno, debe apuntar, entre otros propósitos, al cumplimiento de los fines estatales y al aseguramiento de la continua y eficiente prestación de los servicios públicos a cargo de la entidad estatal contratante (artículo 3, Ley 80), resulta indiscutible entonces que también el contrato de seguro participa de una misma y común finalidad con el contrato estatal, la cual se encuentra directa e inmediatamente relacionada con la satisfacción del interés general y de los cometidos estatales, de manera que sus regulaciones son especiales” – Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de febrero de 2009, Exp. 24609­–.
La Sala también ha resaltado el carácter estatal de esta modalidad de contratos de seguro:
Así entonces, manteniendo la estructura de las reflexiones y la línea conceptual que en su oportunidad expuso la Sala para explicar la naturaleza administrativa que correspondió a los contratos de seguros que fueron celebrados para garantizar el cumplimiento de contratos de derecho público, pero efectuando las adaptaciones y adecuaciones que impone la vigencia del estatuto de contratación de la Administración contenido actualmente en la Ley 80, cabe sostener que los contratos de seguros que se celebran para respaldar o garantizar el cumplimiento de contratos estatales también participan de la naturaleza jurídica de éstos” – Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de enero de 2008, Exp. 32867–.
En idéntica dirección, para la Sala:
“… los contratos de seguro que se celebren para garantizar el cumplimiento de los contratos de las entidades estatales también pertenecen a la misma categoría de los contratos estatales (...)” – Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 6 de 2009, Exp. 22339. En esta providencia se reiteró lo expuesto en los autos 32.867 del 30 de enero de 2008, reiterado en auto 34.057 del 9 de abril del mismo año–.
En línea similar y para determinar la aplicación de la Ley 80, la Sala también ha acudido al criterio de accesoriedad, así:
Agrega la sala, que a más de que el acto es de naturaleza contractual por lo que su impugnación procede por la vía de la acción contractual con independencia del sujeto que la instaure, el sustrato o contenido de aquel es la exigibilidad de la obligación de amparo que surge del contrato de seguro, contrato que en términos del artículo 1499 del C.C. tiene la naturaleza de accesorio al contrato estatal, en cuanto ampara el cumplimiento de las obligaciones emanadas de éste y que como tales son obligaciones principales, razón para que el cuestionamiento de tal acto deba hacerse por la vía de la acción contractual” (negritas por fuera del texto) – Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril de 2009, Exp. 14667, C.P. Myriam Guerrero de Escobar–.
Razón por la cual se afirmó:
El contrato de seguro que celebran los contratistas de la Administración con las aseguradoras legalmente autorizadas para funcionar en el país, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato estatal, se rige por las normas del Estatuto de Contratación Estatal, por las normas del Código de Comercio y por las normas que los reglamenten y complementen” – Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2009, Exp. 16369, C.P. Ramiro Saavedra Becerra–. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, sentencia del 2 de mayo de 2013; Radicación: 540012331000199708832 01; Expediente: 24.603.

84 Nota original de la sentencia citada: En este sentido se pronunció la Sala en sentencia proferida el 27 de noviembre de 2002, expediente 13792.


85 Nota original de la sentencia citada: Sentencias del 27 de agosto de 1930, XXXVIII, 128 y. del 30 de septiembre de 1946, LXI, 112 y ss.


86 Nota original de la sentencia citada: Sentencia proferida el 10 de julio de 1995, tomo CCXXVII, 71 ss.


87 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de junio de 2004; Consejero ponente: Ricardo Hoyos Duque; Radicación número: 25000-23-26-000-1994-0042-01(15235)DM.

88


 Nota original de la sentencia citada: En este sentido puede consultarse lo manifestado por la Sala en sentencia proferida el 21 de febrero de 2002; expediente 14.112; actor: Sociedad Acabados para la Construcción y la Arquitectura Ltda. “ACORAR LTDA”.

89


 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2002; Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación número: 76001-23-31-000-1994-0965-01(13792).
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