Demandado: Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores






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, el contrato de seguro constituye un contrato autónomo, pero colabora en el desempeño de la función pública, dado el carácter del patrimonio que protege y puesto que el beneficiario es directamente la administración”. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 2000; Consejero ponente: Jesús María Carrillo Ballesteros; Exp 11.318.


22 El artículo 68 del decreto-ley 222 de 1983 hacía de las garantías una cláusula presunta en tanto la falta de estipulación no liberaba al contratista de la obligación de constituirlas.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de julio de 1997; Consejero ponente: Carlos Betancur Jaramillo. Expediente: 9286. En dicho pronunciamiento, la Sala expuso lo siguiente:
En el campo de la contratación estatal la administración antes de formular su reclamo a la aseguradora deberá expedir un acto administrativo unilateral, en el cual declarará ocurrido el siniestro, y frente al mismo, tanto la aseguradora como el contratista podrán agotar la vía gubernativa e impugnarlo jurisdiccionalmente. (art 68, ord. 5° del C.C.A.). Se adelanta así el debate en torno a un acto dictado con base en un poder legal. Acto que una vez ejecutoriado o luego de resultar fallidas las vías gubernativa y jurisdiccional, prestará con la póliza correspondiente mérito ejecutivo contra la aseguradora, la que deberá pagar el seguro en los términos convenidos…”
En la misma dirección, también la Sección Tercera sostuvo cuanto se deja transcrito a continuación, en sentencias del 24 de agosto de 2002 –expediente 13598– y de 3 de mayo del 2001 –expediente 12724– ambas con ponencia del H. Consejero Ricardo Hoyos Duque:
Viene al caso la distinción que hace el Código de Comercio con relación a los seguros en el campo privado, puesto que el asegurado o beneficiario del seguro debe dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro y demostrar tal ocurrencia así como la cuantía de los daños (art. 1075 y 1077), sin que tales normas definan cómo debe darse el aviso o la noticia, lo cual lleva a que pueda hacerse por escrito o verbalmente, utilizando cualquier medio idóneo de información. Formulada la reclamación por el asegurado, la aseguradora deberá pagar el valor del siniestro dentro del mes siguiente a la presentación de la misma, u objetar razonablemente tal reclamación, caso en el cual la póliza no prestará mérito ejecutivo y será el juez del contrato el que defina si las objeciones formuladas por la aseguradora son o no fundadas (art. 1080 y 1053 C.Co.). En cambio, en el campo de la contratación estatal la administración antes de formular su reclamo a la aseguradora para el pago del seguro, expide un acto administrativo unilateral, en el cual declara ocurrido el siniestro y frente al mismo tanto la aseguradora como el contratista podrán agotar la vía gubernativa e impugnarlo judicialmente …”

24 Nota original de la providencia citada: Cfr., en este sentido, sentencia de la Sección Tercera del 10 de julio de 1997, radicación 9286.

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2005; Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez; Expediente: 13.599.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010; Consejero ponente: Enrique Gil Botero; Radicación número: 25000-23-26-000-1995-00862-01(16494); Actor: Hernán Duarte Esguerra y otro.

27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de junio de 2007; Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Expediente: 30.565.


28 Precepto del siguiente tenor: "Artículo 68. Prestarán mérito ejecutivo (…) siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, los siguientes documentos:

(…)

4º) Los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorguen los contratistas a favor de entidades públicas, que integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete la caducidad, o la terminación según el caso;
5º) Las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación; …”
En idéntica dirección a la anotada, establece lo siguiente el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011: "Artículo 99. Documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del Estado. Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos:

(...)
3. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad. Igualmente lo serán el acta de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual".

29 Sobre el particular, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 29 de enero de 1988, exp. 2.616 y 3.615, 6 de mayo de 1992, exp. 6.661; 15 de febrero de 1991, exp. 5.973; 25 de septiembre de 1993, Exp. 6.437; 2 de abril de 1992, exp. 1.875; y 15 de febrero de 1991, exp. 5.973; 6 de junio de 1996, exp. 2.240; 6 de junio de 1996, exp. 10833; 13 de septiembre de 1999, exp. 10264; 18 de marzo de 2004, exp. 15.936; 13 de septiembre de 1999, exp. 10264; 15 de marzo de 2001, exp. 13352; 20 de noviembre de 2008, exp. 17031, entre muchas otras.


30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de abril de 1992; Consejero ponente: Carlos Betancur Jaramillo; Expediente: 6491.

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008; Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio; Expediente: 17031.


32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2012; Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio; Radicación número: 05001-23-26-000-1994-00558-01(20810); Actor: Sistemas Integrados Eléctricos Ltda. Sintel Ltda.

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de julio de 1997; Consejero ponente: Carlos Betancur Jaramillo; Radicación número: 9286; Actor: Gonzalo Moreano Lemos.

34 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 31 de marzo de 2005, exp. 25.689, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.


35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2012; Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio; Radicación número: 05001-23-26-000-1994-00558-01(20810); Actor: Sistemas Integrados Eléctricos Ltda. Sintel Ltda.

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 18 de julio de 2007; Consejero ponente: Enrique Gil Botero; Radicación número: 19001-23-31-000-2006-01050-01(33476); Actor: Seguros del Estado S.A.

37 VEDEL, Georges, Derecho Administrativo, traducción de la 6ª edición francesa por Rincón Jurado, J., Biblioteca Jurídica Aguilar, Madrid, 1980, p. 500. En el arrêt Camino el Consejo de Estado anuló una Orden que suspendía en sus funciones al doctor Camino, alcalde de un municipio del sur de Francia Hendaya, al igual que un Decreto posterior que le removía de su cargo, bajo la imputación de no haber guardado el debido respeto a un entierro al que asistía, dado que supuestamente había hecho pasar el ataúd a través de una brecha de la tapia del cementerio y había ordenado excavar una fosa insuficiente, con el propósito de evidenciar así su desprecio por el difunto. En cualquier caso, en el proceso quedó demostrado que algunos de los hechos de los que se le acusaba no eran materialmente exactos, y otros no constituían una falta sancionable disciplinariamente. Así pues, el Consejo de Estado, no obstante declararse incompetente para apreciar la oportunidad de las medidas enjuiciadas a través del recurso por exceso de poder, afirma que puede, en primer término, «verifier la materialité des faits qui ont motivé ces mesures», y, en segundo lugar, habiendo establecido la ocurrencia y exactitud de tales hechos, determinar si pueden legalmente motivar dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas por la ley: «Cons. que si le Conseil d’Etat ne peut apprecier l’opportunité dans mesures qui lui sont deférées par la voie de recours pour excès de pouvoir, il lui appartient, d’une part, de verifier la materialité des faits qui ont motivé ces mesures, et, d’autre part, dans le cas ou les dits faits sont etablis, de rechercher s’ils pouvaient légalment motiver l’application des sanctions prévues par la disposition precitée». Vid. LONG, Marcel, WEIL, Prosper, BRAIBANT, Guy, DEVOLVÉ, Pierre y GENEVOIS, Bruno, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 13ª edición, Dalloz, París, 2.001, p. 181.



38 Para Vedel el paso decisivo lo dio el Consejo de Estado con los arrêts de Noue, de 5 de julio de 1918 y Trépont, de 20 de enero de 1922, a través de los cuales hizo de la exactitud material de los hechos que motivan una decisión administrativa, una condición general de legalidad de la misma, con independencia de que existiese o no obligación de motivarla o de que se tratase o no de una competencia reglada. Respecto del arrêt Trépont, apunta que el Consejo de Estado anuló la decisión de cese de un prefecto que supuestamente se había producido “a petición propia”, cuando la realidad era que el prefecto en cuestión nunca hizo una solicitud en ese sentido. El Consejo de Estado no encontró reparos a su actividad fiscalizadora ni en que de acuerdo con el estatuto prefectoral esa decisión podía adoptarse incluso sin petición del interesado, ni en que el Gobierno hubiera podido abstenerse de hacer conocer los motivos de su resolución. Cfr. VEDEL, Georges, Derecho administrativo, cit., pp. 500-501.


39 Apoyan también su posición en el ya citado arrêt Trépont, de 20 de enero de 1922. Cfr. RIVERO, Jean, WALINE, Jean, Droit administratif, 18ª edición, Dalloz, París, 2.000, p. 251.


40 Cfr. RIVERO, Jean, WALINE, Jean, Droit administratif, 18ª edición, Dalloz, París, 2.000, pp. 250-251.

41 El artículo 84 CCA, en el cual se prevén las causales de nulidad de los actos administrativos, dispone que tal medida procede "no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, o con falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió".
De igual manera se encuentra recogida esta causal de invalidación de los actos administrativos en el artículo 137 de la recientemente expedida Ley 1437 de 2011 –la cual se trae de nuevo a colación en este pronunciamiento con propósitos puramente ilustrativos–, en los siguientes términos: "Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió" (subrayas añadidas).


42 Y añade la misma sentencia que "del examen de los actos acusados concluye la Sala que los elementos antes mencionados se cumplen ya que la falta que se imputó se encontraba determinada en la ley, se recaudaron las pruebas que permitieron establecer la existencia de los hechos imputados, se efectuó el análisis de valoración de cada una de las pruebas y se plantearon razones que permitieron establecer que el actor incurrió en la conducta imputada". Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 20 de marzo de 1997; Consejera ponente: Clara Forero de Castro; Radicación: 10022.

43


 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 1999; Consejero ponente: Álvaro Lecompte Luna. Expediente: 517 (7116).

44 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 30 de marzo de 1987; Consejero ponente: Jaime Paredes Tamayo. Radicación: 098.

45


 De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 35 del C.C.A., "[H]abiéndose dado la oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares.
En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite".
La exigencia de motivación como elemento de validez de todos los actos administrativos –salvo que exista norma legal especial que expresamente exima a la Administración de que determinado acto venga acompañado del mencionado requisito– se torna más perentoria aún de conformidad con lo normado en el artículo 42 de la Ley 1437 de 2011, disposición que prevé: "Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada".


46 LARENZ, Karl, Metodología de la Ciencia del Derecho, traducción de la cuarta edición alemana por M. Rodríguez Molinero, Ariel, Barcelona, 1980, p. 215.

47


 Ejecutividad es el término acuñado por el artículo 56 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común española –Ley 30/1992, de 26 de noviembre–, para referirse a la eficacia de los actos administrativos, en punto a la cual el artículo 57.1 de dicho cuerpo normativo establece: "Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa".

48


 El artículo 64 del Código Contencioso Administrativo colombiano regula el tema de la siguiente manera: "Carácter ejecutivo y ejecutorio de los actos administrativos. Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados". Esta disposición se complementa con lo preceptuado por el artículo 66 del mismo Código, que regula la perdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, y de acuerdo con el cual
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