Observaciones del defensor del pueblo sobre el quinto informe periódico de españA (cat/C/esp/5), ante el comité contra la tortura de la organización de naciones unidas






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OBSERVACIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO SOBRE EL QUINTO INFORME PERIÓDICO DE ESPAÑA (CAT/C/ESP/5), ANTE EL COMITÉ CONTRA LA TORTURA DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS

Se ha formulado invitación al Defensor del Pueblo de España, como institución nacional de derechos humanos en cumplimiento de los Principios de París, para que formule observaciones en relación con la documentación remitida por el Gobierno español al Comité contra la Tortura en relación con el Quinto Informe Periódico de España que será abordado por el citado comité en su cuarenta y tres periodo de sesiones, que se celebrará en Ginebra entre los días 2 al 20 de noviembre de 2009.
El Gobierno español remitió en marzo de 2008, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 19 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes el Quinto Informe Periódico, que comprende la situación y novedades producidas entre diciembre de 2000 y diciembre de 2007. Este informe se aborda conforme a la sistemática de la propia Convención, de tal manera que se expone la situación siguiendo el orden de cada uno de los artículos de la misma.
Posteriormente, el Gobierno español ha respondido al cuestionario del comité para el Quinto Informe Periódico de España (CAT/C/ESP/5). Se trata de treinta y nueve preguntas que han sido contestadas pormenorizadamente.
En relación con ambos documentos el Defensor del Pueblo de España va a formular algunas observaciones que considera oportunas desde su propia experiencia institucional.
Sobre el primer documento aportado por el Gobierno, las observaciones son las siguientes:
1ª En lo que se refiere al marco normativo general de protección de los derechos humanos se destaca en el punto nueve la ratificación por parte de España del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes hecho en Nueva York el 18 de diciembre de 2002, protocolo que entró en vigor para España el 22 de junio de 2006, de conformidad con lo establecido en su artículo 22. Sobre este asunto, valoramos positivamente el proceso de diálogo para la implementación del mecanismo nacional que se produjo en el año 2007, así como el anuncio llevado a cabo por la Vicepresidenta Primera del Gobierno en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados en el mes de junio de 2009 sobre la decisión de que el mecanismo nacional se integrará en la Institución del Defensor del Pueblo de España. Es preciso añadir que el Parlamento español ha aprobado definitivamente, el 15 de octubre de 2009, la designación del Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional. Sobre esta cuestión se añadirá algo más al final de este documento.
2ª Debe valorarse positivamente el esfuerzo normativo llevado a cabo en materia de prevención y represión de la tortura en dos momentos fundamentales; por una parte, los cambios normativos de máximo rango legal (Código Penal) llevados a cabo en el año 2003; por otra, las instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad llevadas a cabo en los años 2005 y, sobre todo, 2007.
En concreto, la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, da una nueva redacción al artículo 174 del Código Penal Español, que es el que define el delito de tortura y lo ajusta a los parámetros establecidos en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 10 de diciembre de 1984, añadiendo el inciso “o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación”, lo que significa añadir en el tipo descriptivo de la tortura una posible finalidad de la misma que se suma a las tradicionales del objetivo de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido. Esta extensión del campo descriptivo del delito debe valorarse muy positivamente. Lo mismo puede decirse de la inclusión a través de la mencionada Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de un nuevo artículo 607 bis en donde se incluye dentro de los delitos de lesa humanidad a quienes en dicho marco de tipificación cometieren tortura grave sobre las personas, entendiéndose por tortura el sometimiento de la persona a sufrimientos físicos o psíquicos (artículo 607 bis.2 párrafo 8º).
Por otra parte, se ha mencionado la existencia de un elenco de instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad de los años 2005 y 2007.Debemos citar las siguientes como más importantes:
Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad nº 7/2005, de 2 de junio sobre libro registro de menores detenidos.

Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad nº 18/2005, de 8 de septiembre, de actuaciones a seguir en caso de fallecimiento en dependencias policiales.

Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad nº 19/2005, de 13 de septiembre, relativa a la práctica de las diligencias de registro personal (se refiere a los registros al desnudo de personas en dependencias policiales).

Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad nº 27/2005, de 27 de diciembre, sobre actuaciones, protocolos, plazos y comunicaciones entre la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad y las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil y los servicios de ellas dependientes.

Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad nº 7/2007, sobre el procedimiento de tramitación de las quejas y sugerencias que formulen los ciudadanos.

Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad nº 12/2007, sobre los comportamientos exigidos a los miembros de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial.

Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad nº 13/2007, relativa al uso del número de identificación personal en la uniformidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Dentro de estas instrucciones debe destacarse por su importancia la Instrucción 12/2007 para garantizar los derechos de los detenidos. Pero debemos trasladar una reflexión y es la de que, sin perjuicio de valorar positivamente todo cuanto suponga la mejora de las garantías, como es el caso de referencia, debe dudarse de la idoneidad del rango normativo mediante el que se produce tal refuerzo de las garantías. En efecto, una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad es un conjunto de criterios dirigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero no se trata de un reglamento ni mucho menos de una ley. Determinadas previsiones como por ejemplo todas las relativas al respeto del principio de proporcionalidad en la práctica de las detenciones quizás merecerían una decisión de más alto rango normativo, sin olvidar que la Constitución de 1978 establece en el artículo 53.1 que “sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades” (se refiere a los derechos fundamentales, entre los que obviamente se encuentran los derechos a la libertad y a la integridad física). Sin perjuicio de que no todos los detalles relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y del respeto a los mismos exige el rango de ley formal, es lo cierto que resulta mucho más adecuado y estable regular tales cuestiones mediante una norma que refleje un amplio consenso político y no tan sólo la decisión coyuntural ad intra (dirigida a su personal) de una Secretaría de Estado determinada.
3ª En los apartados 24 y 25 se indica que “se aprecia una reducción evidente de los casos de tortura o malos tratos documentados, como lo demuestran los informes anuales del Defensor del Pueblo”. Se alude a continuación al reducido número de casos denunciados en los informes correspondientes a los años 2005 y 2006.
Sobre este asunto es preciso poner de relieve una objeción fundamental: los informes anuales del Defensor del Pueblo, pese a su notable extensión, no son “exhaustivos” de la actividad anual de la Institución sino “representativos” de la misma. Baste recordar al respecto que en el Informe Anual 2008 se indica que comparecieron ante la Institución colectiva o individualmente planteando quejas 92.388 personas para un número global de quejas de 23.899. Estas cifras se refieren a la totalidad de la actividad de la Institución. El volcado de toda la actividad en un informe anual conllevaría que este tuviese muchos miles de páginas, y no sólo las 600 que aproximadamente comprende el mismo. La filosofía de la redacción del informe es “representativa”. Quiere esto decir que se recogen una o varias “quejas-tipo”, y no la totalidad de las quejas presentadas del mismo tipo.
Adicionalmente es necesario decir que la presentación de una queja determinada no significa necesariamente que los hechos en ella expuestos estén suficientemente probados, debiéndose añadir que como es evidente existe muchas veces un uso legítimo de la fuerza, conforme al principio de proporcionalidad, por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Por todas estas consideraciones resulta aventurado a nuestro criterio extraer conclusiones sobre el incremento o disminución de los casos de tortura o malos tratos por el número de casos que se reflejen en los informes anuales del Defensor del Pueblo.
4ª En el apartado 44 se menciona la modificación del artículo 107 del Código Civil llevada a cabo en el sentido de que se aplicará la ley española en los casos de separación o divorcio cuando uno de los cónyuges sea español o residente en España, con preferencia a la ley que fuera aplicable si esta última no reconociera la separación o el divorcio, o lo hiciera de forma discriminatoria o contraria al orden público. Debe añadirse al respecto que esta modificación se llevó a cabo como consecuencia de una Recomendación del Defensor del Pueblo de España.
5ª En lo que se refiere a la detención incomunicada el Defensor del Pueblo ha expuesto en otras ocasiones su posición de que sin perjuicio de llevar a cabo las reformas que sean necesarias para el refuerzo de las garantías de los detenidos, no constituye per se una Institución contraria a los derechos fundamentales. En concreto, y a título de ejemplo, la Adjunta Primera del Defensor del Pueblo dijo en el Consejo de Derechos Humanos el pasado mes de marzo de 2009 en una intervención sobre la posición del Defensor del Pueblo en relación con los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo lo siguiente: “los diversos delitos relacionados con el terrorismo que se tipifican, y el régimen orgánico y procesal, obedecen a necesidades objetivas, no lesionan per se derecho alguno, y su aplicación está controlada por tribunales independientes”. Y añadió posteriormente en aquella intervención: “La actitud vigilante para prevenir y sancionar cualquier abuso que pudiera producirse es un compromiso de las autoridades y de los organismos de control judicial y extrajudicial. Por ello, la instalación de videocámaras en lugares de detención, el establecimiento de protocolos para garantizar que la detención incomunicada se lleva a cabo con pleno respeto a la integridad y a los derechos de los acusados, la interpretación en el sentido más favorable de tales derechos, la investigación exhaustiva de las denuncias de tortura o malos tratos que pudieran producirse, son caminos adecuados para mantener y mejorar la respuesta de las autoridades ante el reto permanente de que los derechos humanos sean debidamente respetados en este ámbito”.
Esta posición debe ser reiterada ahora. Por otra parte, indicar que se produjo un avance con motivo de la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, en concreto la disposición final primera que introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuya virtud “el preso sometido a incomunicación que así lo solicite tendrá derecho a ser reconocido por un segundo médico forense designado por el juez o tribunal competente para conocer de los hechos”. En todo caso, se debe seguir avanzando en el sentido indicado por la Adjunta Primera en la intervención de referencia.
6ª El apartado 82 de la comunicación del Gobierno indica que el elenco de derechos que se han de ofrecer al detenido no incluye la mención del derecho a promover un procedimiento de habeas corpus al amparo de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo. No podemos sino compartir la necesidad de establecer expresamente entre los derechos del detenido de los artículos 520 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la mención del derecho a solicitar el habeas corpus, pues se trata de una institución esencial de prevención y represión de cualquier eventual maltrato o tortura dado que el objetivo del habeas corpus es el control judicial efectivo de las condiciones en que tiene lugar el desarrollo de la detención.
7ª Particular interés merecen para el Defensor del Pueblo las consideraciones del Gobierno sobre la real efectividad del derecho a la asistencia letrada al detenido. El apartado 4 del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en su primer párrafo último inciso que el abogado de oficio designado acudirá al centro de detención a la mayor brevedad y, en todo caso, en el plazo máximo de 8 horas, contadas desde el momento de la comunicación al Colegio de Abogados. La secuencia temporal en los casos concretos consiste en que la Policía lleva a cabo una diligencia con el abogado y el detenido y sólo después se produce la entrevista reservada con el abogado que ha comparecido (artículo 520.6 c); esto significa que el detenido puede ser interrogado –siempre en presencia del abogado-antes de la entrevista reservada con éste, si bien tiene derecho a guardar silencio y no contestar a ninguna pregunta al amparo del artículo 520.2 a. Excepción a lo indicado es la regulación de la detención incomunicada en la que no se tiene derecho a la entrevista reservada (artículo 527 c de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
El Gobierno reconoce un problema importante en el apartado 88 de su respuesta y es que el sistema legal permite que el detenido se encuentre en poder de la Policía durante 8 horas sin presencia de abogado, debido a que no se cuenta con los medios personales y materiales necesarios para reducir ese plazo al que se refiere el artículo 520.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ello significa un déficit que debiera ser subsanado a la mayor brevedad mejorando los medios disponibles por parte fundamentalmente de los Colegios de Abogados.
8ª Un papel importante en la prevención y represión de la tortura y los malos tratos tiene el establecimiento de un adecuado régimen disciplinario aplicable a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; a él se refiere el apartado 169 de la respuesta del Gobierno. El Defensor del Pueblo, cuando recibe una queja en la que se indica que un funcionario de los citados ha golpeado o vejado de cualquier manera a un ciudadano, la admite a trámite y recaba el informe correspondiente. La Institución siempre exige la apertura de expedientes disciplinarios, sin perjuicio de su suspensión mientras dura el proceso penal correspondiente, en orden a evitar la prescripción disciplinaria de las graves conductas a que nos referimos. Debe hacerse constar que en ciertos casos el Defensor del Pueblo ha encontrado resistencia por parte de algunas corporaciones locales a incoar los correspondientes expedientes disciplinarios con el argumento de que afectarían a la presunción de inocencia de los implicados. Se echa de menos en nuestro país que, de igual modo que existe una Inspección de Personal y Servicios de Seguridad adscrita a la Secretaría de Estado de Seguridad que constituye un importante instrumento de control de la responsabilidad disciplinaria de policías y guardias civiles, exista lo propio para la Policía local, que cuenta con cada vez más miembros y mayores responsabilidades. Ello podría articularse a través de la Federación Española de Municipios y Provincias o de cualquier otra forma, pero lo importante es que se trasladen a la misma los mecanismos de control que ya existen en el Ministerio del Interior.
9ª El apartado 208 se refiere al fomento de la motivación de los ciudadanos en la adopción de conductas proactivas que conlleven la denuncia sistemática de cualquier delito o comportamiento que implique la vulneración de sus derechos. El Defensor del Pueblo considera fundamental esta cuestión y entiende que deberían incrementarse estas políticas para generar una mayor confianza de los ciudadanos en la posibilidad de depuración efectiva de responsabilidades cuando se ha producido un comportamiento inadecuado. El informe del Gobierno no desarrolla en detalle este aspecto.
Sobre el segundo documento aportado por el Gobierno, las observaciones son las siguientes:
1ª En lo que se refiere a la pregunta uno debe valorarse positivamente la medida 96 del Plan de Derechos Humanos aprobado por el Gobierno de España en diciembre de 2008 en cuya virtud el Gobierno propondrá la reforma del artículo 524 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de reducir el actual plazo máximo de 8 horas dentro del que debe hacerse efectivo el derecho a la asistencia letrada. Esta propuesta, sin embargo, como se ha apuntado anteriormente, sólo tendrá efectividad mediante un notable incremento de los medios personales y materiales de que disponen los Colegios de Abogados para la prestación del turno de oficio.
Sobre la cuestión de que el detenido incomunicado no pueda designar para ser examinado un médico de su elección, sino que deba serlo por el médico forense, esta Institución valora positivamente la medida 97 establecida en el Plan de Derechos Humanos del Gobierno de España en el sentido de que, además del forense, pueda ser examinado por otro médico adscrito al sistema público de salud libremente designado por el titular del futuro Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
El Defensor del Pueblo considera que deben instalarse sistemas de grabación audiovisual en todas las zonas de las comisarías destinadas a alojar detenidos. No obstante, debiera producirse la implantación con mayor celeridad de modo que se cubriera la totalidad del territorio nacional en el plazo más breve posible.
2ª Sobre la segunda pregunta, relativa al régimen de incomunicación, garantías del mismo y supuesta relación entre incomunicación y malos tratos, el Defensor del Pueblo ya tuvo ocasión de pronunciarse con motivo del acto de presentación del Informe del Relator Especial sobre Derechos Humanos y Lucha contra el Terrorismo en el Consejo de Derechos Humanos el pasado mes de marzo. En aquel momento decíamos que no compartíamos la tesis del Relator Especial que solicitaba “erradicar por completo la institución del régimen de incomunicación”. Decíamos entonces, y reiteramos ahora que “la detención incomunicada es un instrumento procesal valioso en la lucha contra el terrorismo y otros graves delitos. Puede sin duda evaluarse su régimen actual, mejorarse y reforzarse las garantías. Éste es el camino. Pero la consideración de que la incomunicación, por sí misma, favorece los malos tratos o torturas, debe someterse al contraste con la realidad, y no asumirse como un axioma. Cualquier forma de privación de libertad puede ser un riesgo potencial para la integridad; lo que es preciso es mantener y, en su caso, mejorar, las garantías y sistemas existentes –máxime en la era de las nuevas tecnologías- para que se respete siempre la dignidad de las personas privadas de libertad, sin que ello suponga la derogación de instrumentos fundamentales del proceso penal sin cuyo concurso la persecución del delito sería ineficaz, con el consiguiente rechazo mayoritario de la sociedad.
Debe recordarse que la detención incomunicada es una institución normal en el sistema procesal penal. Se justifica en el párrafo primero del artículo 509 del Código Penal: se adopta por el juez «para evitar que se sustraigan a la acción de la justicia personas supuestamente implicadas en los hechos investigados, que éstas puedan actuar contra bienes jurídicos de la víctima, que se oculten, alteren o destruyan pruebas relacionadas con su comisión, o que se cometan nuevos hechos delictivos». Y ello en toda clase de delitos.
Ciertamente, en los delitos de terrorismo existen algunas especialidades en cuanto a la duración y al modo de desarrollarse. Pero éstas están justificadas por la complejidad de las estructuras que, en ocasiones, es preciso desarticular, o por la experiencia histórica de letrados de confianza que, en realidad, eran colaboradores de los delitos, lo que aconsejó que el abogado fuera de oficio”.
3ª Sobre la tercera pregunta, relativa al principio de legalidad en relación con la tipificación de los delitos de terrorismo, debemos igualmente referirnos a lo que manifestamos en nuestras observaciones con motivo del acto de presentación del Informe del Relator Especial sobre Derechos Humanos y Lucha contra el Terrorismo en el Consejo de Derechos Humanos el pasado mes de marzo. Decíamos entonces lo siguiente: “En la nota de prensa del Relator Especial de 14 de mayo de 2008 se dice que “subrayando el elemento fundamental de violencia física mortal o grave contra la población en general o sus segmentos como elemento que define los delitos terroristas, el Relator Especial advierte en contra de definiciones vagas y amplias que acaban socavando el firme mensaje moral inherente en las definiciones estrictas basadas en el carácter inexcusable de cada acto de terrorismo individual”.
El Defensor del Pueblo no puede compartir estas aseveraciones.
Primero, porque el terrorismo no es sólo la violencia física mortal o grave; también lo es la amenaza, la extorsión, y un amplio elenco de conductas que coadyuvan a un clima de miedo que intenta falsificar la democracia. En nombre de tantas personas que han padecido y padecen estas conductas –en muchas ocasiones se han dirigido al Defensor del Pueblo- no puede aceptarse esta visión incompleta del delito terrorista.
Segundo, porque da a entender que todo lo que no sea este concepto sería caer en una definición «vaga y amplia», pareciendo querer decir que no cumpliría los principios de tipicidad («vaga») e intervención mínima («amplia») propios de la ley penal. Nada más lejos de la realidad. Las reformas penales producidas en los últimos años son proporcionadas a la amenaza existente, han sido redactadas por consenso y con las debidas cautelas y, sobre todo, son aplicadas por tribunales independientes que cuidan con rigor de aplicarlas conforme a los principios fundamentales penales, incluido el «in dubio pro reo». El Tribunal Constitucional, también por la vía de amparo de los derechos fundamentales, es garante jurisdiccional último de los derechos de los acusados.
Tercero, porque aúna la idea de «firme mensaje moral» a la de un concepto superado de delito de terrorismo. Muy al contrario, lo que es un firme mensaje moral es la voluntad de combatir el terrorismo por vías jurídicas modernas y eficaces.
Partiendo de esta discrepancia de principio, deben rechazarse también las consecuencias que el Relator extrae. Considera un «deterioro gradual» que se vaya ampliando la noción de terrorismo a actos que no constituyen o no guardan suficiente relación con actos de violencia grave. Por el contrario, se trata de establecer delitos diversos, con penas distintas, a conductas diversas que tienen un elemento común: contribuir al clima de terror propio de esta criminalidad. No se comprende que se critique la referencia a «cualquier otra infracción» del artículo 574, la noción de «colaboración» de artículo 576 o la tipificación de la «violencia callejera» del artículo 577, pues en el primer caso se trata de castigar la comisión de delitos producidos con las finalidades establecidas en el artículo 571 (artículo que sí considera adecuado), y en los otros dos es notable la precisión de la redacción”.
Mas adelante añadíamos, y conviene repetir aquí que “tampoco puede criticarse la tipificación más precisa de la llamada «violencia callejera» o terrorismo urbano en el artículo 577, o la de la exaltación del terrorismo en el artículo 578, pues responden a necesidades objetivas: la destrucción de bienes y mobiliario urbano que padecieron muchos municipios en los años noventa del pasado siglo que, aun llevándose a cabo con las finalidades establecidas en el artículo 571 del Código Penal, no podía ser calificada como terrorista, y las lamentables exaltaciones de asesinos y desprecio a las víctimas, tan frecuentes en el pasado”. Como decía, con enorme acierto, la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, que introdujo la redacción actual del artículo 578, “no se trata, con toda evidencia, de prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad. Por el contrario, se trata de algo tan sencillo como perseguir la exaltación de los métodos terroristas, radicalmente ilegítimos desde cualquier perspectiva constitucional, o de los autores de estos delitos, así como las conductas especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas al tiempo que incrementan el horror de sus familiares. Actos todos ellos que producen perplejidad e indignación en la sociedad y que merecen un claro reproche penal”. Prueba del acierto de estas medidas penales es la drástica disminución de la violencia callejera y de los actos de desprecio a las víctimas que se ha producido desde entonces”.
4ª La pregunta décima se refiere a si el delito de tortura está sujeto a prescripción en nuestro derecho. De la interpretación sistemática del artículo 174 del Código Penal en conexión con los artículos 131.1 y 131.3 se deduce que el delito de tortura prescribe a los quince años salvo que constituyese a la vez un crimen de lesa humanidad en el marco de la interpretación sistemática de los artículos 607 bis y 131.4 del mismo Código Penal. Sobre esta cuestión cabría reflexionar en torno a la posibilidad de declarar el delito de tortura imprescriptible al menos si el “atentado es grave” en el sentido de lo prescrito en el artículo 174 del Código Penal cuando distingue entre atentado grave y no grave.
5ª En la pregunta trece se solicita al Estado que informe sobre cualquier caso en que tribunales españoles hayan ejercido la jurisdicción universal por el delito de tortura. Sobre esta cuestión debe informarse, con carácter general, que España acaba de limitar el alcance del carácter universal de su jurisdicción penal. El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente el 15 de octubre de 2009 una reforma legal de la Ley Orgánica del Poder Judicial consistente, fundamentalmente, en que para que puedan perseguirse los delitos graves con carácter universal ha de estar acreditado que el presunto autor de los hechos esté en territorio español, que existan víctimas de nacionalidad española o que se constate que exista algún vínculo de conexión relevante con España. Además, no debe haberse iniciado otro proceso en cualquier otro país competente.

Este nuevo régimen limitará a partir de ahora sensiblemente la persecución penal de la tortura cometida en el extranjero.
6ª En lo que se refiere a la pregunta veinte sobre la práctica de la dispersión de presos condenados e inculpados por delito de terrorismo, el Defensor del Pueblo reitera su conocida posición al respecto: La permanencia de un recluso en una prisión próxima a su domicilio no es un derecho subjetivo. La Ley General Penitenciaria configura esta posibilidad como una medida relacionada con el tratamiento individualizado, de tal manera que según los casos puede ser contraproducente para la reinserción social del preso a que se refiere el propio artículo 25.2 de la Constitución española. Tanto en los casos de terrorismo como en cualesquiera otros delitos puede ser adecuado o inadecuado que el preso se ubique en un lugar próximo a su entorno social. La llamada “dispersión de presos” ha sido y es una actuación legal y respetuosa con los derechos de todos.
7ª En la cuestión veintitrés se pregunta sobre denuncias de torturas y malos tratos. Llama la atención la imposibilidad de aportar datos sobre denuncias durante la detención y custodia policial (no así en el caso de instituciones penitenciarias). Tal situación se justifica en que precisamente la medida 102 del Plan de Derechos Humanos del Gobierno de España consiste en el diseño por el Ministerio del Interior de una aplicación que permita recopilar datos actualizados de casos que puedan suponer una extralimitación o vulneración de los derechos de las personas que se encuentren bajo custodia policial. Esta base de datos estaría siendo diseñada actualmente por el Gabinete de Estudios de la Seguridad Interior del Ministerio del Interior. Sobre ello, es preciso lamentar que no exista hasta el momento una manera de compulsar estos datos.
8ª. Finalmente, en lo que se refiere a la pregunta 38, se alude al futuro Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura refiriendo la intervención de la Vicepresidenta Primera del Gobierno el 17 de junio de 2009 ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso de los Diputados. Se dice que “se trata de incardinar el mecanismo de prevención de la tortura en el ámbito de las competencias del Defensor del Pueblo y de crear una unidad específica que contará con un Consejo Asesor en el que se incluirá a representantes de la sociedad civil. Se dará asimismo un gran protagonismo a la sede parlamentaria, puesto que el Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales. Se están por tanto finalizando los trabajos en esta dirección, insistiendo en la necesidad de que el Mecanismo esté rodeado de las garantías de independencia suficientes y de los asesores necesarios. El mecanismo nacional de prevención de la tortura así diseñado se presentará cuanto antes”.
El 15 de octubre de 2009 el Parlamento español ha aprobado definitivamente la siguiente reforma de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo:
Disposición Final Única. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Primero. El Defensor del Pueblo ejercerá las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de conformidad con la Constitución, la presente Ley y el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Segundo. Se crea un Consejo Asesor como órgano de cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de las funciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención, que será presidido por el Adjunto en el que el Defensor del Pueblo delegue las funciones previstas en esta disposición. El Reglamento determinará su estructura, composición y funcionamiento”.

Madrid, 19 de octubre de 2009.

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