Certifico: que el pleno del consejo general del poder judicial, en su reunión del día de la fecha, ha aprobado el informe al proyecto de real decreto por el que se aprueba el reglamento orgánico del cuerpo de secretarios judiciales, siendo del siguiente tenor literal






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6.- Provisión de puestos de trabajo
Se regula en el Título V del proyecto reglamentario, desarrollando los principios enunciados en el art. 450.1 LOPJ, que dispone que el sistema ordinario de provisión de puestos de trabajo será el concurso, si bien cuando se trate de puestos directivos o de especial responsabilidad podrán cubrirse por el procedimiento de libre designación.
Merece ser destacada la previsión contenida en el apartado 4 del art. 105 del texto proyectado, que cumplimenta el desarrollo del derecho a la movilidad geográfica de puesto de trabajo reconocido a la mujer funcionaria víctima de violencia de género en el art. 24 LO 1/2004.
El Reglamento distingue entre concursos de traslado para la provisión de puestos de trabajo genéricos, y concursos específicos de méritos para los puestos de trabajo singularizados que no tengan previsto el sistema de libre designación (art. 108). Introduce de este modo una diversificación del sistema de provisión de destinos en función de las características del puesto de trabajo muy semejante a la establecida en el art. 526 LOPJ para los puestos de trabajo adscritos a los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y en línea con las modalidades de provisión recogidas para el ámbito de la Administración General del Estado en el RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del personal al servicio de la Administración General del Estado.
En el art. 109 se establece que la resolución del concurso para provisión de destinos en territorio de las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos de Autonomía reconocen la oficialidad de una lengua propia distinta del castellano y de las que poseen Derecho propio se han de valorar como méritos la acreditación del conocimiento oral y escrito de la lengua oficial propia y/o de su Derecho propio, desarrollando lo establecido en el art. 450.4 LOPJ que, sin embargo, no se refiere a Derecho propio, en sentido extenso, comprensivo del Derecho Público autonómico, sino exclusivamente al Derecho Civil foral o especial.
El conocimiento de la lengua supone un reconocimiento de una puntuación máxima equivalente a tres años de antigüedad (art. 109.3) y el del Derecho propio una puntuación equivalente a un año de antigüedad (art. 109.4).
Quizá sería conveniente que el Reglamento circunscribiese la reconocimiento del mérito del conocimiento del Derecho propio –Público o Privado- a la provisión de aquellos concretos puestos de trabajo situados en Centros de Destino en los que procediere su aplicación, de modo semejante a como se dispone en relación con Jueces y Magistrados en el art. 113 del Reglamento 1/1995 de 7 de junio, de la Carrera Judicial, para el Derecho Civil foral o especial.
El sistema de libre designación se contempla en el Capítulo IV, que encabeza el art. 119, cuyo apartado tercero dispone que la facultad para proveer los puestos de trabajo de libre designación adscritos al Cuerpo de Secretarios Judiciales corresponde al Secretario de Estado de Justicia, a propuesta del Secretario de Gobierno del territorio en que se encuentre el puesto de trabajo objeto de provisión. El apartado segundo del mismo precepto dispone que prodrán proveerse por este sistema los puestos directivos y aquéllos para los que, por su especial responsabilidad, dedicación o singularidad, así se establezca en las relaciones de puestos de trabajo; se limita, en consecuencia, a reproducir el principio general proclamado en el párrafo segundo del art. 450.1 LOPJ, con una referencia añadida a la “dedicación o singularidad” que no satisface adecuadamente las exigencias de concreción y certeza a las que debe atender el desarrollo reglamentario del texto legal.
El Consejo General del Poder Judicial considera conveniente reiterar lo que ya manifestó en su informe a la LO 19/2003, y reprodujo en su informe al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento regulador del Régimen de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del personal al Servicio de la Administración de Justicia, aprobado por el Pleno de 22 de junio de 2005: “atendida la excepcionalidad de la libre designación como sistema de provisión de vacantes en la función pública a la luz de los principios constitucionales de mérito y capacidad y la exigencia de densidad normativa inherente al principio de reserva de ley establecido en el mismo artículo 103.3 de la Constitución, este Consejo considera necesario que se precisen en mayor medida y con finalidad restrictiva los supuestos en que cabrá proveer puestos de trabajo de los correspondientes a los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia mediante el procedimiento de libre designación”.
Es indudable que por su pertenencia a un Cuerpo Superior Jurídico y por el protagonismo funcional que la ley les otorga en la dirección de la nueva Oficina Judicial, los Secretarios Judiciales están llamados a ocupar puestos directivos y de especial responsabilidad en el nuevo esquema administrativo, pero ello no empece a que el desarrollo reglamentario de su estatuto personal se ocupe adecuadamente de la concreción de la tipología y características que han de presentar los puestos de trabajo para que resulte justificado el recurso a tan excepcional sistema de provisión, sin que sea de recibo en este aspecto la degradación jerárquica del rango de la norma delimitadora mediante remisión a las disposiciones que aprueben las relaciones de puestos de trabajo o, en su momento, las bases de las convocatorias.
Se ha de hacer notar asimismo que el texto proyectado no contempla en el procedimiento el informe que con carácter preceptivo se ha de recabar el órgano competente de la Comunidad Autónoma con competencias asumidas en materia de Justicia cuando el puesto de trabajo de libre designación radica en su territorio (art. 450.1,3 LOPJ).
Las formas de provisión temporal de puestos de trabajo se regulan en el Capítulo V, distinguiendo la adscripción provisional (Sección primera), las comisiones de servicio (Sección segunda) y las sustituciones (Sección tercera) con un desarrollo normativo que este Consejo estima adecuado.

7.- Incompatibilidades y prohibiciones. Régimen disciplinario
El Título VI regula en su Capítulo I el régimen de incompatibilidades y prohibiciones al que están sujetos los Secretarios Judiciales, de acuerdo con lo establecido en el art. 445.2 LOPJ, que los equipara a Jueces y Magistrados con la salvedad del art. 395 LOPJ, que no les es aplicable.
El Capítulo II regula la abstención y recusación, cuyos motivos son iguales a los aplicables a Jueces y Magistrados, conforme a lo dispuesto en el art. 446.1 LOPJ.
El artículo 146 del texto proyectado recoge las causas de abstención aplicables a los Secretarios Judiciales, reproduciendo los supuestos del artículo 219 LOPJ, con ciertas modulaciones determinadas por la especifidad de las funciones de los Secretarios Judiciales.
Merece comentario aparte la causa 3ª de abstención recogida en el artículo 146 del texto proyectado, que se refiere al parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado con el representante del Ministerio Fiscal, “cuando el Secretario Judicial conozca de un asunto, expediente de jurisdicción voluntaria o de conciliación, o presida una actuación procesal en la que tuviera intervención aquél”, pues la previsión reglamentaria entra en este punto en conflicto con el art. 219, 1ª LOPJ, que extiende la causa de abstención al cuarto grado de parentesco, sin contemplar excepción alguna en razón del tipo de procedimiento, expediente o asunto. Es preciso, por ello, la supresión de dicho motivo, debiendo añadirse al art. 146, 1ª del texto proyectado la referencia al representante del Ministerio Fiscal.
En la regulación del procedimiento de abstención, que se recoge en el artículo 147 del texto informado, el apartado cuarto debería indicar que cuando se estimare justificada la abstención por el órgano competente según lo dispuesto en el apartado primero, el superior jerárquico inmediato del Secretario abstenido procederá a designarle sustituto. No es correcto que se diga que compete al mismo Secretario abstenido ordenar la remisión de las actuaciones a quien deba sustituirle, pues los Secretarios constituyen un Cuerpo jerárquicamente organizado, correspondiendo al director del Servicio Común Procesal o del Centro de Destino la determinación del sustituto.
El procedimiento de recusación se regula en el art. 148 del texto proyectado, ajustándose, con las debidas modulaciones, a lo previsto en los artículos 223, 225 y 228 LOPJ.
El régimen disciplinario, por su parte, se contempla en el Título VII del texto proyectado, que desarrolla en seis capítulos una regulación completa y acabada del mismo, pese a que el art. 534.3 LOPJ ordena que el procedimiento disciplinario aplicable a los Secretarios Judiciales debe ser objeto de desarrollo en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, Reglamento que actualmente se encuentra en trámite de elaboración, y cuyo proyecto fue informado por este Consejo General del Poder Judicial en Pleno de fecha 15 de diciembre de 2004.
El hecho de que se haya optado por regular el régimen disciplinario de los Secretarios Judiciales separadamente del de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia no implica por ello contravención del mandato legal, pues el texto que ahora se informa se acomoda, conforme exige el artículo 468.1 LOPJ, a los supuestos, sanciones y principios establecidos en el Libro VI de la norma orgánica para los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, resultando por lo demás de aplicación supletoria la normativa reguladora del régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado –RD 33/1986, de 10 de enero- y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los supuestos sancionables se describen en el Capítulo II, tipificando el art. 154 del texto proyectado las faltas muy graves, con arreglo al art. 536 A LOPJ, el art. 155 las faltas graves, con arreglo al art. 536 B LOPJ, y el art. 156 las faltas leves, con arreglo al tenor del art. 536 C LOPJ. La reproducción literal de los preceptos orgánicos resulta obligada por tratarse de materia sujeta a reserva de Ley conforme al artículo 103.3 CE y el artículo 534 LOPJ. Lo mismo se debe predicar de las sanciones y los principios de su aplicación.

En lo que respecta al procedimiento, el texto informado efectúa una regulación detallada, que colma las lagunas del vigente Reglamento Orgánico y lo aproxima adecuadamente al de los funcionarios civiles, por lo que en términos generales merece una valoración positiva por parte de este Consejo.
Merece la pena ser destacado que se suprime la intervención del Ministerio Fiscal, lo que ya fue objeto de valoración positiva por parte de este Consejo al informar el proyecto de Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
En todo caso se considera oportuno efectuar algunas observaciones que pueden contribuir a su mejora. En concreto, parece conveniente que en aquellos casos en que el Secretario expedientado desempeñe su función en una Unidad Procesal de Apoyo Directo a un órgano judicial, sea unipersonal o colegiado, se recabe, bien con carácter previo a la incoación del expediente, bien durante su instrucción, informe del Juez o Magistrado titular del órgano judicial, o del Presidente de la Sala o Sección correspondiente, dando cuenta de tal petición de informe a este Consejo General del Poder Judicial. La justificación de esta singularidad vendría dada por el hecho de que, siendo las UPAD unidades administrativas de la Oficina Judicial integradas en el órgano judicial y cuya función específica es prestar asistencia directa a los Jueces y Magistrados, resulta conducente al buen fin del procedimiento que éstos tengan la oportunidad de informar sobre la conducta y desempeño profesional del expedientado en aquellos aspectos que guarden relación con los hechos incriminados.

En el artículo 173.1 cuando se dice que en el acuerdo de incoación del expediente se designará un Instructor, de igual categoría, al menos, a la de aquél contra el que se dirija el procedimiento, podría contemplase el caso de que fuera designado Instructor un Juez o Magistrado, cuyo nombramiento correspondería a este Consejo General del Poder Judicial; en ningún caso podría ser Instructor el Juez o Magistrado titular del órgano judicial o el Presidente de Sala o Sección al que estuviese adscrita la UPAD en la que prestase servicios el Secretario expedientado.
Cabe mencionar, finalmente, que aunque se busca la asimilación al régimen disciplinario de los funcionarios civiles de la Administración del Estado, no hay coincidencia de plazos en cuanto a la duración del procedimiento y de sus trámites, si bien ello no implica óbice alguno de legalidad y queda dentro del ámbito de la libre configuración del titular de la potestad reglamentaria.

Es todo cuanto tiene a bien informar el Consejo General del Poder Judicial.


Y para que conste, y surta efectos, extiendo y firmo la presente en Madrid, a veintisiete de octubre del año dos mil cinco.





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