Certifico: que el pleno del consejo general del poder judicial, en su reunión del día de la fecha, ha aprobado el informe al proyecto de real decreto por el que se aprueba el reglamento orgánico del cuerpo de secretarios judiciales, siendo del siguiente tenor literal






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3.- Ordenación del Cuerpo de Secretarios Judiciales
Se regula en el Título II del texto proyectado, que aborda en capítulos separados los Órganos Superiores (Capítulo II), el Secretario General de la Administración de Justicia (Capítulo III), el Consejo del Secretariado (Capítulo IV) y las Juntas de Secretarios Judiciales (Capítulo V).
Convendría que la articulación sistemática del Título atendiese a la diversa naturaleza de los órganos contemplados, distinguiendo los órganos propios de la Carrera de aquellos otros que por quedar integrados en la estructura orgánica del Ministerio de Justicia se pueden considerar externos. Así, son órganos propios del Secretariado los denominados en el artículo 463.2 LOPJ órganos superiores, esto es, el Secretario de Gobierno, y el Secretario Coordinador Provincial. También se pueden considerar órganos de la Carrera las Juntas de Secretarios Judiciales.
Como órganos externos aparecen el Consejo del Secretariado y el Secretario General de la Administración de Justicia, si bien presentan una naturaleza dispar entre sí.
El Consejo del Secretariado se instituyó por primera vez en el RD 429/1998, de 29 de abril, y lo cierto es que no mereció una favorable acogida en el informe que aprobó el pleno de este Consejo el 16 de junio de 1987, principalmente por tratarse de un órgano de nueva creación carente en aquel momento de cobertura legal. Este órgano consultivo ha consolidado sin embargo su presencia institucional a lo largo del tiempo transcurrido y ha alcanzado finalmente una legitimación reforzada al ser refundado en la LO 19/2003, que lo incorpora a la LOPJ (art. 463.4 LOPJ), y lo configura como instrumento de participación democrática del colectivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, por lo que el juicio inicialmente vertido por este Consejo ha de verse obviamente revisado en sentido favorable.
El Secretario General de la Administración de Justicia, por su parte, se crea por medio de la disposición adicional novena de la LO 19/2003 y se configura como un órgano integrado igualmente en la estructura orgánica del Ministerio de Justicia para la dirección y coordinación de los Secretarios de Gobierno y del resto de los Secretarios Judiciales.
El RD 1475/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, ubica al Secretario General de la Administración de Justicia bajo la dependencia directa del Secretario de Estado de Justicia (art. 2.5) y atribuye al Director General de la Administración de Justicia la Presidencia del Consejo del Secretariado (art. 5.3).
Con el fin de hacer más clara la diversa naturaleza de estos órganos se propone una redistribución del articulado del Título II que permita agrupar en un mismo Capítulo, con la debida separación en Secciones, las disposiciones relativas a los órganos propios de la Carrera –órganos superiores y Juntas-, contemplando en Capítulos separados la ordenación de los órganos externos.
Entrando en el análisis particular de los preceptos, se puede afirmar que el desarrollo reglamentario de las disposiciones relativas a los Secretarios de Gobierno y Secretarios Coordinadores Provinciales se ajusta a la legalidad. Se estima pertinente, sin embargo, efectuar algunas puntualizaciones al articulado.
El régimen de sustituciones de los Secretarios de Gobierno aparece repetido en los artículos 15.3 y 129.1 del texto. Se recomienda la supresión del primero de los preceptos mencionados para evitar su innecesaria reiteración.
Por otra parte, el art. 14.4 dice que “podrá existir” un Vicesecretario de Gobierno en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia para ejercer exclusivamente las funciones de Secretario de la Sala de Gobierno; se sugiere que se sustituya la expresión “podrá existir” por “existirá”, con el fin de dotar de la debida certeza a esta figura institucional.
El procedimiento de designación de los Secretarios Coordinadores Provinciales tiene un desarrollo insuficiente en el art. 17.4. Debiera especificarse que la convocatoria de provisión de plazas corresponde al Ministerio de Justicia, y que la propuesta de nombramiento que eleve posteriormente el Secretario de Gobierno se hará conforme al informe emitido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma con competencias asumidas. Debe especificarse, asimismo, el plazo, a partir del vencimiento del de la convocatoria, en que el Secretario de Gobierno debe recabar el informe de la Comunidad Autónoma y, una vez recibido éste, elevar formalmente la propuesta al Ministerio. También sería aconsejable que se previese un trámite de consulta al Consejo del Secretariado, en los términos que se indicarán más abajo al tratar de las competencias de este órgano.
Por lo demás, en la medida en que la propuesta del Secretario de Gobierno se encuentra vinculada a la voluntad expresada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, no tiene mucho sentido que el precepto diga que el Secretario propondrá “al candidato que considere más idóneo para desempeñar el cargo”. Cuestión distinta es que pueda acompañar un informe sobre las condiciones e idoneidad del Secretario propuesto.
En lo que se refiere a la regulación del Secretario General de la Administración de Justicia, se configura como un órgano de dirección y coordinación de los Secretarios de Gobierno y del resto de los Secretarios Judiciales (art. 20) con un amplio elenco de funciones decisorias, consultivas y de supervisión y control.
El artículo 21.5 dice que le corresponde incoar y tramitar los expedientes disciplinarios que procedan en relación con los Secretarios Judiciales “en los términos previstos en la normativa reguladora del régimen disciplinario del Cuerpo”. Dado que el régimen disciplinario se contempla en el propio Reglamento Orgánico, y no en una norma separada, es más adecuado que diga “en los términos previstos en el Título VII del presente Reglamento Orgánico”.

El Consejo del Secretariado se configura como instrumento de participación democrática del colectivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, con funciones consultivas (art. 22.1).
La composición de este órgano se regula en los apartados 2 y 3 del citado artículo, donde se determina que lo presidirá el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia y que contará con cuatro vocales natos y seis vocales electivos.
El texto informado considera vocales natos a los dos Secretarios de Gobierno y al Secretario Coordinador Provincial designados por el Ministerio de Justicia, así como al Secretario General de la Administración de Justicia, que actuará como secretario del Consejo.
No parece que los Secretarios de Gobierno y el Secretario Coordinador puedan ser considerados como genuinos vocales natos, pues su integración en el órgano consultivo no la determina su propio cargo o función, sino la designación ministerial.
Resulta por ello más correcto que el precepto diga que el Consejo se compondrá de dos vocales natos, que serán el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, que lo presidirá, y el Secretario General de la Administración de Justicia, que actuará de secretario, tres vocales designados, que serán los dos Secretarios de Gobierno y el Secretario Coordinador Provincial nombrados por el Ministerio, y seis vocales electivos.
El artículo 26 a), al regular las funciones del órgano consultivo, dice que será oído para la promulgación por el Ministerio de Justicia de normas reglamentarias “o de rango inferior” que afecten al Cuerpo de Secretarios Judiciales. Se sugiere la supresión de la mención a normas de rango inferior al reglamentario, pues la mención a las normas reglamentarias comprende en sentido lato la totalidad de las disposiciones de jerarquía infralegal.
El artículo 23, i) le atribuye la función de informar los nombramientos de los Secretarios de Gobierno. Configurado este órgano en la LO 19/2003 como instrumento de participación democrática del Secretariado en la toma de decisiones que afectan a dicho Cuerpo, sería oportuno y congruente con dicha función que se extendiese su facultad informadora también al nombramiento de los Secretarios Coordinadores Provinciales. El presente Reglamento debería, por ello, incluir el trámite de consulta al Consejo del Secretariado al regular el procedimiento de nombramiento de los mismos.

El proceso electoral se regula en el artículo 24, que establece un sistema muy similar al previsto en el artículo 151 LOPJ para la designación de los miembros electos de las Salas de Gobierno. Es preciso, en todo caso, hacer algunas observaciones a su regulación, particularmente a lo establecido en la letra c) del apartado 1 de dicho precepto, cuando dice que los electores podrán dar su voto a un máximo de cuatro candidatos.
Da la impresión de que el Reglamento pretende introducir un sistema de listas electorales abiertas y combinables, pero la regulación no es todo lo precisa y explícita que sería deseable, pues al decir que se podrá votar a cuatro candidatos no determina si los mismos han de ser de una misma lista o de listas distintas. Se recomienda por ello que se aclare este punto.
Por otra parte, el Reglamento opta por un sistema electoral mayoritario corregido, dirigido a facilitar la representación del sector minoritario, pues no se permite votar a más de dos tercios de los candidatos elegibles –cuatro de seis-. En este aspecto sigue el criterio que se estableció en su día en la LO 1/1980, art. 14.3, para la elección del primer Consejo General del Poder Judicial, y que se desarrolló en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial de 6 de octubre de 1982 (art. 64), y el que se introduce en el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de organización de la Administración de Justicia, actualmente en tramitación, para la designación de los miembros electos de los proyectados Consejos de Justicia de ámbito territorial autonómico. También es el sistema implantado para la elección de los vocales del Consejo Fiscal en el art. 17.3 del RD 437/1983, de 9 de febrero, sobre constitución y funcionamiento del Consejo Fiscal, desde su reforma operada por el RD 232/2005, de 4 de marzo.
El artículo 26 introduce una reglamentación de las Juntas de Secretarios Judiciales, distinguiendo entre la Junta General, y las Sectoriales. Se regula su convocatoria, orden del día y régimen de la adopción de sus acuerdos en términos que este Consejo considera adecuados.

4.- Carrera administrativa
Se regula en el Título III del texto proyectado, que desarrolla con detalle los requisitos y forma de la adquisición y pérdida de la condición de Secretario Judicial, en concordancia con lo establecido en los artículos 442 y 443 LOPJ.
Se prevé como sistema ordinario de acceso a la Carrera el de oposición libre, que se desarrolla en el art. 30, y con carácter excepcional el de concurso oposición, que se desarrolla en el art. 31. También se prevé una reserva del 50 % de las vacantes para su cobertura por la vía de la promoción interna para funcionarios de carrera del Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Administrativa, con dos años al menos de servicios efectivos (art. 32). Los sistemas de acceso se acomodan a la regulación vigente en el ámbito de la Administración General del Estado.
En la regulación del sistema de concurso-oposición libre, se echa en falta una mayor determinación de los casos en los que el Ministerio quedará facultado para convocarlo. El carácter excepcional de este procedimiento demanda una regulación restrictiva, que no se satisface con la mera alusión a “cuando lo considere imprescindible para las necesidades del servicio” o con su empleo como mera medida “tendente a la consolidación de empleo temporal que permita una disminución del porcentaje de eventualidad que pudiere existir en el Cuerpo”, pues no se puede perder de vista que estamos tratando del acceso a un Cuerpo Jurídico Superior que resulta de importancia crucial para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia y en el que se ha de procurar en la medida de lo posible que los márgenes de eventualidad se reduzcan mediante el recurso a los medios ordinarios de selección.
En lo que se refiere a la composición de los Tribunales de selección el artículo 33 introduce una importante reforma, pues atribuye la Presidencia a un Secretario Judicial de la primera categoría, y determina que estará integrado por un Magistrado, que sustituirá si fuese necesario al Presidente, un Fiscal, un Catedrático de Universidad de disciplinas jurídicas, que excepcionalmente podrá ser suplido por un profesor titular, un Abogado con más de diez años de ejercicio profesional, un funcionario del grupo A de los destinados en el Ministerio de Justicia, licenciado en Derecho o un Abogado del Estado, y un funcionario del Cuerpo de Secretarios Judiciales que actuará como Secretario con voz y voto.
El Pleno de este Consejo ya se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre lo que considera más adecuado en materia de composición de los Tribunales de evaluación de las pruebas de acceso al Secretariado en informes aprobados los días 9 de octubre de 1991, y 18 de junio y 1 de octubre de 1997. En síntesis se ha venido pronunciando a favor de un acercamiento a la forma de composición de los Tribunales que evalúan las pruebas de ingreso en la Carrera Judicial y Fiscal (art. 304.1 LOPJ), en el entendimiento de que “por la importancia de sus funciones, el nivel de las Oposiciones a ingreso y la facilidad con que sus miembros acceden a la Carrera Judicial ... los Secretarios Judiciales están más próximos al rango de Jueces que al de los restantes funcionarios de la Administración de Justicia” (Informe de 9 de octubre de 1991).
Se ha recomendado asimismo la ampliación a nueve del número de sus miembros para facilitar funcionamiento del Tribunal, pues de ese modo se puede constituir un mayor número de días y celebrar más sesiones, permitiendo a sus miembros, entre tanto, el desarrollo adecuado de sus funciones en su cuerpo o profesión de origen.
También se ha considerado oportuno que se asegure la presencia de un Abogado del Estado, con preferencia a los funcionarios del grupo A destinados en el Ministerio de Justicia.
Entendemos que estas consideraciones conservan plena validez en lo que respecta al presente proyecto.
Se considera oportuno resaltar asimismo, en concordancia con lo que ya se expuso al informar la LO 19/2003, la conveniencia de que en las pruebas de selección y en el curso teórico-práctico de acceso a la Carrera sean objeto de valoración tanto los conocimientos procesales, el estatuto del personal de la Oficina Judicial, como la formación gerencial (organización, dirección funcionarial, informática, etc.), pues a la vista de las nuevas funciones que competen al Secretario Judicial en el ámbito de la organización y dirección de la Oficina, no parece lógico mantener un sistema de oposiciones concebido sobre la base del programa que es más propio de Jueces y Fiscales, basado en un conocimiento extenso del Derecho sustantivo, temas sobre los que no van a trabajar en el ejercicio de sus funciones, salvo en el caso de la jurisdicción voluntaria.
En la regulación de los supuestos de pérdida de la condición de Secretario Judicial el texto informado equipara la negativa a prestar juramento o promesa, y la falta de toma de posesión, a la renuncia; en estos casos se dice que no será precisa manifestación por escrito ni aceptación expresa para que la renuncia produzca efectos, y que no procederá la rehabilitación (art. 47.2). Estima el Consejo que la rehabilitación debería ser admitida al menos en aquellos casos en que hubiere existido justo impedimento en la falta de presentación para la toma de posesión, en los términos que se prevén en el art. 22.5 del vigente Reglamento Orgánico, excepción que debería mantenerse mediante su incorporación al Reglamento proyectado.
En materia de rehabilitación, el art. 57, que regula la iniciación del procedimiento, dice en su apartado 5, que no podrá solicitarse la apertura del expediente de rehabilitación antes de haber transcurrido dos años a partir de la firmeza del acuerdo de separación en los supuestos previstos en los números 3 y 4 del propio artículo, que se refieren a los casos de jubilación por incapacidad permanente, y de condena a pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial, o a pena privativa de libertad superior a tres años por razón de delito doloso. No parece oportuno que se mantenga esta limitación en el caso de la incapacidad permanente, en el que la rehabilitación se funda en criterios objetivos de recuperación de las condiciones físicas y psíquicas para el desempeño de la función. En cambio, se echa en falta que no se comprenda el supuesto de separación del Cuerpo por razón de sanción disciplinaria, en el que sí estaría justificada tal prohibición temporal.
El artículo 59.2 recoge los criterios para la resolución del expediente de rehabilitación, en concordancia esencial con los parámetros de valoración que este Consejo General del Poder Judicial, previo estudio de los expedientes informados desde 1987, aprobó el día 15 de enero de 1997, en un dictamen dirigido a unificar los criterios informantes en este tipo de expedientes que habrían de ser tenidos en cuenta por el Consejo para sus ulteriores informes. Dichos parámetros son los que contempla el artículo 6 del Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el procedimiento a seguir en materia de rehabilitación de los funcionarios públicos en el ámbito de la Administración General del Estado.
En el art. 59.3 se regula el traslado del expediente a los dos órganos consultivos que participan en su tramitación, el Consejo del Secretariado, y este Consejo General del Poder Judicial. La redacción del precepto no es adecuada, pues no determina el orden en que se ha de verificar. Debe especificarse que primero evacuará informe el Consejo del Secretariado y que después se dará traslado del expediente junto con dicho informe a este Consejo General del Poder Judicial, en los términos que actualmente prevé el art. 91.5 del Reglamento Orgánico.
El art. 60.2 dispone que el procedimiento administrativo tendrá una duración máxima de seis meses y que transcurrido dicho plazo, si no se hubiese dictado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud del interesado, homologando de este modo el régimen de aplicación del silencio administrativo en el mismo sentido positivo que se establece para el ámbito de la Administración General del Estado en el art. 7.3 del mencionado RD 2669/1998.
Las situaciones administrativas de los Secretarios Judiciales se regulan pormenorizadamente en el Capítulo II en correspondencia con el art. 445.1 LOPJ que remite al régimen de los Jueces y Magistrados.
Merece destacarse la incorporación en el artículo 71 de la excedencia por razón de violencia sobre la mujer Secretario Judicial, en desarrollo del derecho a la excedencia reconocido a la mujer funcionaria en el artículo 24 LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, conforme al cual las Secretarias Judiciales víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la misma.
Las categorías se regulan en el Capítulo III, en concordancia con lo establecido en el artículo 441.1 LOPJ, y en la disposición adicional primera de la LO 19/2003. Se mantienen las tres categorías del Cuerpo de Secretarios Judiciales, que a partir de la entrada en vigor de la LO 19/2003 pasaron a ser personales, suprimiéndose el ascenso forzoso.
El proyecto reglamentario efectúa un desarrollo adecuado de las previsiones legales, incluyendo la clasificación por grupos de los puestos de trabajo vinculados al Secretariado que se efectúa en el art. 78.1.
El Capítulo IV regula los derechos y deberes de los Secretarios Judiciales, en concordancia con la remisión que efectúa el artículo 444.1 LOPJ a su Libro VI respecto del régimen aplicable a los Cuerpos y Escalas de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Así, los derechos individuales se regulan en el art. 81 en conexión con lo dispuesto en el art. 495 LOPJ; los derechos colectivos en el art. 82, en concordancia con el art. 496 LOPJ; y los deberes en el art. 83, en concordancia con el art. 497 LOPJ.
Para una ordenación sistemática más lógica del Capítulo, sería recomendable que estos tres artículos se agruparan en una Sección, que sería la primera, renumerando las restantes Secciones que lo integran.
Comentario aparte merece la Sección Segunda, relativa a los derechos económicos, compuesta por los artículos 94 y 95, el primero de los cuales establece las clases de retribuciones, en concordancia con lo dispuesto en el art. 447 LOPJ, y el segundo las cuantías de las retribuciones básicas y complementarias, en correspondencia con el art. 448 LOPJ.
El régimen retributivo de los Secretarios Judiciales ya fue en su día objeto de reforma en el RD 1130/2003, de 5 de septiembre, de acuerdo con los principios y conceptos retributivos recogidos en la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal, de conformidad con lo ordenado en su disposición final tercera.
El informe del Pleno de este Consejo de 25 de junio de 2003 valoró positivamente dicha reforma, que contribuía a superar la rigidez del modelo retributivo anterior, incentivando la especialización, la dedicación, la laboriosidad individual y la asunción de responsabilidades por cada Secretario, haciendo depender del rendimiento individual la percepción de un concepto retributivo variable.
Estas consideraciones son trasladables al proyecto de Reglamento objeto del presente informe, que por lo demás viene a reproducir, de modo prácticamente literal, las previsiones contenidas en los artículos 447 y 448 LOPJ. Así, el art. 94 distingue entre retribuciones básicas y complementarias, comprendiendo en las primeras el sueldo y la antigüedad.
En los conceptos retributivos complementarios incluye el complemento general de puesto, el complemento específico, el complemento de productividad y las gratificaciones.
Particular importancia en este nuevo diseño incentivador adquiere el complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo, así como su participación en los programas concretos de actuación y en la consecución de los objetivos que se determinen por el Ministerio de Justicia, oído este Consejo General, y negociados con las organizaciones sindicales más representativas.
También se prevé retribuir mediante este complemento la participación de los Secretarios Judiciales en los programas y en la consecución de los objetivos que hayan determinado los órganos de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas para las Oficinas Judiciales de su territorio siempre que exista autorización previa del Ministerio de Justicia. En ese caso, sin embargo, la norma reglamentaria no ha previsto trámite de audiencia al Consejo General del Poder Judicial, trámite que en todo caso se considera necesario, con el fin de que este órgano consultivo pueda aportar su punto de vista sobre los objetivos y programas susceptibles de servir de base a la retribución variable propuestos desde las Comunidades Autónomas.
También parece oportuno que el texto informado prevea la audiencia del Consejo del Secretariado para el reconocimiento de los complementos de productividad así como para la determinación de los programas concretos de actuación y fijación de objetivos susceptibles de generar una retribución variable, en términos semejantes a los previstos en el art. 7 RD 1130/2003, pues habiendo optado la LO 19/2003 por configurar a este órgano como instrumento de participación democrática del colectivo de Secretarios Judiciales en la toma de decisiones que afecten a los intereses de la Carrera, no parece acertado que el Reglamento que se proyecta omita toda previsión al respecto.
El proyecto de Reglamento distingue finalmente las retribuciones especiales correspondientes al desempeño del servicio de guardia y a las sustituciones que impliquen desempeño conjunto de otra función, además de aquéllas de las que sea titular, las cuales merecen una valoración positiva, particularmente las relativas a las sustituciones, en cuanto resulta más beneficioso para el ciudadano y para el servicio de la Justicia en general que se promuevan las sustituciones entre titulares antes de acudir al recurso de cubrir los puestos de trabajo mediante personal sustituto o en provisión temporal.

5.- Ordenación de la actividad profesional de los Secretarios Judiciales
Se recoge en el Título IV, bajo rúbrica “Ordenación de la actividad profesional. Relaciones de puestos de trabajo. Escalafón”.
Se regulan los destinos (art. 99) y las relaciones de puestos de trabajo (arts. 100 y 101) de acuerdo con lo establecido en los arts. 520 a 522 LOPJ, con la debida adaptación al Cuerpo de Secretarios Judiciales. Merece destacarse que como Centro Gestor se designa a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y que entre los Centros de Destino se incluyen las Secretarías de Gobierno y el Gabinete Técnico de Información y Documentación del Tribunal Supremo, Centros que no aparecen designados en el art. 521.3 LOPJ, pero cuya incorporación al Reglamento Orgánico resulta en todo caso acertada.
También se contiene una determinación complementaria sobre el orden jurisdiccional al que se han de considerar adscritos determinados órganos judiciales unipersonales a los efectos de disponer la agrupación de sus respectivas Unidades Procesales de Apoyo Directo en Centros de Destino comunes: se establece de este modo que se consideran dentro del orden jurisdiccional civil los Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de lo Mercantil y Juzgados de Familia; y al orden jurisdiccional penal los Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Penal, Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, Juzgados de Menores y Juzgados de Violencia sobre la Mujer. También se considera Centro de Destino el conjunto de UPAD de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción del mismo municipio.
Se subraya, adecuadamente, que corresponde al Ministerio de Justicia la ordenación de los puestos de trabajo adscritos a Secretarios Judiciales, previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas, oídas las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de Justicia y el Consejo del Secretariado. Antes de la aprobación definitiva de las relaciones de puestos de trabajo, se deberá solicitar informe de este Consejo General.
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