Certifico: que el pleno del consejo general del poder judicial, en su reunión del día de la fecha, ha aprobado el informe al proyecto de real decreto por el que se aprueba el reglamento orgánico del cuerpo de secretarios judiciales, siendo del siguiente tenor literal






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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL




CELSO RODRÍGUEZ PADRÓN, SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL,
CERTIFICO: QUE EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, EN SU REUNIÓN DEL DÍA DE LA FECHA, HA APROBADO EL INFORME AL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CUERPO DE SECRETARIOS JUDICIALES, SIENDO DEL SIGUIENTE TENOR LITERAL:


I.

ANTECEDENTES
Por oficio de 22 de septiembre de 2005, que tuvo entrada en el Consejo General del Poder Judicial el mismo día, el Excmo. Sr. Secretario de Estado de Justicia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 108.1, d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, solicitó de este Consejo la emisión de informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
La Comisión de Estudios e Informes de este Consejo, en su reunión del día 26 de septiembre de 2005, designó ponente del presente Informe al Excmo. Sr. Vocal D. José Luís Reguero Ibáñez, aprobándose el mismo en ulterior sesión de fecha 19 de octubre de 2005 para su remisión al Pleno.

II.

ALCANCE DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA DEL

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

La función consultiva del Consejo General del Poder Judicial a que se refiere el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene por objeto los anteproyectos de leyes y de disposiciones generales del Estado y de las Comunidades Autónomas que afecten total o parcialmente, entre otras materias expresadas en el citado precepto legal, a “normas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales y cualesquiera otras que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales”.
No obstante la aludida limitación material de la potestad de informe del Consejo General del Poder Judicial, la función consultiva de este órgano constitucional ha sido entendida, en principio, en términos amplios. Así, el Consejo General del Poder Judicial ha venido delimitando el ámbito de su potestad de informe partiendo de la distinción entre un ámbito estricto, que coincide en términos literales con el ámbito material definido en el citado artículo 108.1.e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y un ámbito ampliado, que se deriva de la posición de este Consejo como órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial. Dentro del primer ámbito, el informe que debe emitirse se habrá de referir, de manera principal, a las materias previstas en el precepto citado, eludiendo, con carácter general al menos, la formulación de consideraciones relativas al contenido del Proyecto en todas las cuestiones no incluidas en el citado artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En cuanto al ámbito ampliado, el Consejo General del Poder Judicial se reserva la facultad de expresar su parecer también sobre los aspectos del anteproyecto que afecten a derechos y libertades fundamentales, en razón de la posición prevalerte y de la eficacia inmediata de que gozan por disposición expresa del artículo 53 de la Constitución. En este punto debe partirse especialmente de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, en su condición de intérprete supremo de la Constitución, cuyas resoluciones dictadas en todo tipo de procesos constituyen la fuente directa de interpretación de los preceptos y principios constitucionales, vinculando a todos los jueces y tribunales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Además de lo anterior, y con arreglo al principio de colaboración entre los órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial ha venido indicando la oportunidad de efectuar en sus informes otras consideraciones, relativas, en particular, a cuestiones de técnica legislativa o terminológicas, con el ánimo de contribuir a mejorar la corrección de los textos normativos y, por consiguiente, a su efectiva aplicabilidad en los procesos judiciales, por cuanto son los órganos jurisdiccionales quienes, en última instancia, habrán de aplicar posteriormente las normas sometidas a informe de este Consejo.

III.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE REAL DECRETO SOMETIDO A INFORME

El proyecto de Real Decreto que aprueba el nuevo Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales consta de una breve exposición de motivos, artículo único, once disposiciones transitorias y dos disposiciones finales.
El texto articulado del Reglamento Orgánico, incorporado al anexo, se compone de cinco Títulos, subdivididos en Capítulos y algunos de ellos en Secciones.
El Título primero “Del Cuerpo de Secretarios Judiciales. Definición, régimen estatutario. Principios que informan su actuación, funciones y competencias” comprende dos capítulos, “Disposiciones Generales” (Art. 1 y 2) y “Principios que informan la actuación del Secretario Judicial, funciones y competencias” (Art. 3 a 12).
El Título II bajo rúbrica “De la ordenación del Cuerpo de Secretarios Judiciales” se organiza en cinco capítulos, “De la ordenación jerárquica” (Art. 13), “Órganos Superiores” (Art. 14 a 19), “Del Secretario General de la Administración de Justicia” (Art. 20 y 21), “Del Consejo del Secretariado” (Art. 22 a 25) y el quinto –incorrectamente numerado como cuarto- “De las Juntas de Secretarios Judiciales” (art. 26).
El Título III “De la carrera administrativa” se distribuye en cuatro capítulos subdivididos en secciones.
El Capítulo I “Adquisición y pérdida de la condición de Secretario Judicial” subdividido en las secciones “Adquisición de la condición de Secretario Judicial. Ingreso en el Cuerpo. Sistemas de Selección. Proceso de Selección” (Art. 27 a 45), “Pérdida de la condición de Secretario Judicial” (Art. 46 a 55), y “Rehabilitación” (Art. 56 a 60).
El Capítulo II regula las “Situaciones administrativas” (Art. 61 a 76).
El Capítulo III, “De las categorías del Cuerpo de Secretarios Judiciales” (Art. 77 a 80).
El Capítulo IV “De los derechos y deberes”, tras los artículos 81 a 83 que regulan los derechos individuales, colectivos y los deberes de los Secretarios judiciales -preceptos no cobijados bajo rúbrica común- se subdivide a continuación en cuatro secciones: “Vacaciones, permisos y licencias” (Art. 84 a 93), “Derechos Económicos” (arts. 94 y 95), “Promoción profesional. Formación inicial y continuada” (art. 96) y “Prerrogativas. Tratamiento y distinciones” (arts. 97 y 98).
El Título IV regula la “Ordenación de la actividad profesional. Relaciones de puestos de trabajo. Escalafón”, en cuatro capítulos: “Ordenación de la actividad profesional” (art. 99), “Relaciones de puestos de trabajo” (arts. 100 y 101), “Escalafón” (art. 102) y “Jornada y horarios” (arts. 103 y 104).
El Título V, sobre “Provisión de puestos de trabajo” se ordena en cinco capítulos: “Formas de provisión y órganos competentes para convocar” (arts 105 a 107), “Provisión de puestos de trabajo mediante concurso” (arts. 108 a 111), “Procedimientos de los concursos” (arts. 112 a 118), “Libre designación” (arts. 119 a 125) y “Otras formas de provisión. Adscripción provisional. Comisión de Servicio. Sustituciones” subdividido a su vez en tres secciones: “Adscripción provisional” (art. 126), “Comisiones de servicio” (art. 127) y “Sustituciones” (arts. 128 a 139).
El Título VI, relativo a “Incompatibilidades y Prohibiciones. Abstención y recusación” aparece distribuido en dos capítulos: “De las incompatibilidades y prohibiciones” (arts. 140 a 143) y “De la abstención y recusación” (arts. 144 a 148).
El Título VII, “Régimen disciplinario”, se organiza en seis capítulos: “Disposiciones preliminares” (arts. 149 a 152), “De las faltas” (arts. 153 a 156), “De las personas responsables” (art. 157), “De las sanciones” (arts. 158 a 162), “De la extinción de la responsabilidad disciplinaria” (arts. 163 a 166) y “Del procedimiento”, que se subdivide a su vez en cinco secciones: “Disposiciones Generales” (arts. 167 a 169), “De las actuaciones en caso de faltas leves” (arts. 170 y 171), “De la incoación del procedimiento” (art. 172 a 174), “De la instrucción” (arts. 175 a 183) y “De la terminación” (arts. 184 a 189).
Las once disposiciones transitorias que contiene el proyecto de Real Decreto ordenan el impacto de la sucesión temporal de normas habrá de tener sobre las siguientes situaciones jurídicas: la primera, en relación con los Secretarios procedentes de la Jurisdicción de Trabajo, la segunda, sobre Secretarios de provisión temporal, la tercera sobre nombramiento de Secretarios Judiciales sustitutos, la cuarta sobre la composición actual del Consejo del Secretariado, la quinta sobre los conceptos y cuantías del régimen retributivo, la sexta sobre el complemento familiar, la séptima sobre expedientes disciplinarios en trámite, la octava sobre el proceso de acoplamiento de los Secretarios Judiciales a la nueva organización de la Oficina Judicial, la novena sobre los grupos de clasificación de los puestos de trabajo, la décima sobre las retribuciones complementarias de los Secretarios Judiciales destinados en el Ministerio de Justicia, y la décimo primera sobre las referencias a la Oficina Judicial contenidas en el nuevo Reglamento, que se entenderán hechas a la actual estructura y puestos de trabajo hasta que entre en pleno funcionamiento el nuevo modelo implantado por la LO 19/2003.
La disposición derogatoria única declara derogado el vigente RD 429/1988, de 29 de abril, salvo los artículos 29 y 31, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto.
La disposición final primera autoriza al Ministerio de Justicia para desarrollar mediante Orden los preceptos del nuevo Reglamento.
La disposición final segunda dispone que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

IV.

OBSERVACIONES AL TEXTO REGLAMENTARIO

1.- Consideraciones preliminares
El texto proyectado, dando cumplimiento a lo ordenado en la disposición final primera de la LO 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprueba la nueva normativa orgánica del Cuerpo de Secretarios Judiciales adaptada a la nueva estructura de la Oficina Judicial, tal y como se configura en la LO 19/2003, y a la concepción del Secretariado como instancia gubernativa, jerárquicamente ordenada, y dependiente de las Administraciones competentes en materia de gestión de medios de la Justicia.
El texto resultante, cuya ordenación sistemática se describe en el apartado anterior, contiene 189 artículos, excediendo considerablemente la extensión del actualmente en vigor, que cuenta con 108 artículos. Nada cabe objetar a este incremento en aquellas partes en que viene justificado en la necesidad de dar cumplido desarrollo a las disposiciones de la LOPJ en torno a la Oficina Judicial y el Secretariado. Más dudosa resulta su oportunidad, en cambio, en aquellas otras partes en que se reproducen literalmente los preceptos de la LOPJ, de las leyes procesales en vigor, e, incluso, de textos prelegislativos actualmente en trámite de elaboración, sin que se pueda apreciar una necesidad clara, ni una vinculación suficiente de sus contenidos con los que serían propios de una normativa orgánica funcionarial como es la que nos ocupa.
En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial recomienda que se depure el texto del Reglamento de todos aquellos artículos, apartados e incisos que cobijan disposiciones referentes al contenido de los actos procesales, a la forma que han de revestir y a las condiciones de su eficacia, que por su naturaleza están reservadas a la Ley, y cuya relación debe hacerse, cuando se estime preciso para dotar de sentido al texto, mediante cita o remisión, pues mediante su mera transcripción literal, sin mención de su procedencia, se convierten en adherencias del texto orgánico funcionarial, excéntricas de su ámbito funcional y del rango jerárquico de la norma que los contiene.
Este defecto se observa, por ejemplo, en el artículo 5, a) cuando se adentra en la regulación del contenido mínimo de las actas que documentan actuaciones orales, vistas y comparecencias y la validez del empleo de determinados medios técnicos para instrumentar el ejercicio de la fe pública judicial, ordenación que corresponde más bien a las leyes procesales y cuyo pormenor resulta innecesario para determinar el alcance de la potestad de la fe pública judicial.
También es discutible el tenor dado al artículo 12, sobre competencias procesales, cuyo apartado primero reproduce de modo literal –sin su pertinente cita- el artículo 456.3 LOPJ, en el que la normativa orgánica reserva a un futuro desarrollo legislativo la determinación de las mismas. Parece más propio que el Reglamento se limite a la mención que contiene el apartado 2 del mismo precepto, según el cual los Secretarios Judiciales actuarán “de acuerdo con las competencias que les atribuya la Ley Orgánica del Poder Judicial y las que establezcan las normas de procedimiento”.

2.- La dirección técnico-procesal de la Oficina Judicial, los protocolos de actuación
Siendo tributario este Reglamento de la nueva ordenación legal de la Oficina Judicial introducida en la LOPJ por la LO 19/2003, es inevitable hacer el recordatorio de algunas de las consideraciones que se vertieron en el informe adoptado por el Pleno del Consejo el día 22 de abril de 2003 sobre el Anteproyecto de la citada Ley.
La interposición del Secretariado como nueva instancia gubernativa responsable de la dirección e inspección de los servicios de la Oficina Judicial genera de un lado un riesgo cierto de solapamiento de funciones y de posible planteamiento de conflictos de atribuciones con los órganos tradicionales de gobierno interno de juzgados y tribunales, y de otro lado, por su vinculación jerárquica a la Administración (estatal o autonómica) introduce un factor nuevo de potencial interferencia del Poder Ejecutivo en el desempeño ordinario de la actividad jurisdiccional.
Como se dijo en el citado informe, en la organización de la Oficina Judicial se han de tomar en consideración los siguientes aspectos:
1º.- El elemento sustancial del Poder Judicial es la preservación de la independencia de los Jueces y Magistrados que ejercen la jurisdicción.
2º.- Para que esa independencia sea real y efectiva no basta que el Juez se vea libre de interferencias en el momento de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado, sino que es preciso además que cuente con la adecuada dotación de medios para prestar la tutela judicial.
3º.- El conjunto de medios materiales y humanos, englobados en la denominada Oficina Judicial, tiene carácter y vocación instrumental. El Poder Judicial no puede quedar supeditado a las Administraciones que gestionan dichos medios.
4º.- Los órganos de gobierno interno del Poder Judicial tienen como función primera gestionar, administrar y gobernar la realidad más próxima y ligada al proceso, siendo la línea de separación de lo puramente jurisdiccional de lo orgánico-procesal muy delgada. Por ello, la introducción en este ámbito de una nueva instancia gubernativa debe hacerse con especial cautela para que en ningún momento se cercenen competencias de los órganos de gobierno interno ni se produzcan solapamientos que den lugar a conflictos competenciales que tengan como escenario el proceso judicial.
5º.- El proceso judicial no puede ser entendido como materia susceptible de reparto competencial entre administraciones ni entre cuerpos funcionariales. Si la Oficina Judicial es un medio, un instrumento para que el Poder Judicial ejerza con eficacia su función constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, el proceso es el instrumento del que se le dota para adoptar las resoluciones en las que se plasme ese juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
En relación con la potestad de dirección de la Oficina Judicial atribuida a los Secretarios Judiciales, su armonización con las potestades judiciales suscitaba las siguientes consideraciones:
... no implica que, de raíz, haya que excluir la posibilidad de crear otras instancias gubernativas. Para hacer posible y viable tal resultado debe garantizarse otro principio básico como es el de la coordinación que implica la idea clara, normativamente plasmada, de que cada espacio competencial debe estar bien delimitado y que todo debe encaminarse al fin último de la organización que se ordena, administra o gestiona.
En definitiva, la atribución a los secretarios judiciales de nuevas responsabilidades gubernativas debe hacerse evitando todo riesgo de interferencia con las competencias de los órganos de gobierno judicial y todo el cuadro resultante debe obedecer y responder al fin último de la organización de que se trata: que jueces y tribunales juzguen y hagan ejecutar lo juzgado con independencia y eficacia. En todo caso, la creación de esa instancia de gestión, especialmente por su directa dependencia tanto del Ministerio de Justicia como de las Comunidades Autónomas, no puede implicar que el tercer Poder del Estado en el ejercicio de su función constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado quede supeditado o subordinado en su funcionamiento y organización a los designios del Poder Ejecutivo, ya sea Central, ya sea Autonómico”.
Estas consideraciones, relativas a la Ley, encuentran de nuevo campo de aplicación en la regulación orgánica del estatuto del Secretariado, particularmente en relación con la materia recogida en el artículo 8, donde se contemplan y regulan las funciones de los Secretarios Judiciales como directores técnico-procesales de la Oficina Judicial.
Dispone el precepto que será competencia de los Secretarios Judiciales la organización, gestión, inspección y dirección del personal en aspectos técnicos procesales, asegurando en todo caso la coordinación con los órganos de gobierno del Poder Judicial y con las Comunidades Autónomas con competencias asumidas (letra a, en consonancia con el art. 454.2 LOPJ); que deberán hacer cumplir, en el ámbito organizativo y funcional que les es propio, las órdenes y circulares que reciban de sus superiores jerárquicos (letra b); y se diseña, finalmente, un instrumento para articular el ejercicio de estas funciones directivas al que se denomina “protocolo de actuación en el procedimiento”, cuyo contenido y función se regulan en la letra c) del mencionado precepto.
La articulación reglamentaria suscita muy serias dudas de legalidad a este Consejo cuando dispone que los protocolos serán elaborados por el Secretario Coordinador Provincial y aprobados por el Secretario de Gobierno, dado que en el desempeño de esta función actúan en calidad de autoridades gubernativas, jerárquicamente supeditadas a la Administración, para el ejercicio de potestades de gestión o dirección de personal.
En la medida en que el protocolo, según se diseña en el texto reglamentario objeto del presente informe, constituye un instrumento de gestión, formalizado por escrito, que disciplinará aspectos del trabajo de la Oficina Judicial de indudable impacto en el tiempo, forma y circunstancias de desenvolvimiento de los actos que integran la tramitación procesal, como son, por ejemplo, los criterios de prelación en la tramitación de los asuntos, la “rutinización” (sic) de las tareas procesales, o las normas de actuación y comunicación entre las distintas unidades que deban intervenir en la tramitación del procedimiento, resultaría impensable que su aprobación definitiva quedase reservada a una instancia administrativa dependiente del Poder Ejecutivo (Central, como el Ministerio de Justicia, o descentralizada en su homólogo autonómico), salvo que se explicite en el artículo 8, c) que su ámbito será ajeno a los aspectos que puedan afectar a las competencias procesales de Jueces y Tribunales.
A juicio del Consejo, de no hacerse tal salvedad se podría confundir, con menoscabo de la integridad de la función jurisdiccional, la potestad de dirección de personal que compete al Secretariado, bajo dependencia funcional de la Administración, con la potestad de ordenación del proceso, de la que participa el Secretario Judicial, bajo dependencia funcional del titular del órgano judicial.
Por otra parte, siendo función de la Oficina Judicial la aplicación de las normas procesales, y resultando artificioso por demás todo esfuerzo encaminado a efectuar una separación aséptica de los planos de gestión y ordenación procesal, es inevitable alcanzar la conclusión de que toda actividad encuadrada en la dirección y coordinación de las unidades administrativas de la Oficina Judicial tendrá un impacto potencial en el desarrollo del proceso y, en último término, en la actuación jurisdiccional.
A estos efectos se han de tomar en consideración los siguientes aspectos de la cuestión:
1º.- Que los meritados protocolos no son de configuración legal, sino que emanan de la potestad reglamentaria del Gobierno, por lo que han de respetar las directrices trazadas en la LOPJ sobre ordenación jerárquica y coordinación interna de la Oficina Judicial.
2º.- Que cuando el artículo 465.8 LOPJ atribuye a los Secretarios de Gobierno la competencia para cursar órdenes e instrucciones de servicio a los Secretarios Judiciales de su territorio, así como velar por el correcto cumplimiento de las que, a su vez, dirija el Ministerio de Justicia, introduce la salvedad expresa de que las mismas “en ningún caso podrán suponer una intromisión en el desarrollo de la actividad procesal de jueces o magistrados, ni contradecir las decisiones adoptadas por la Sala de Gobierno en el ámbito de sus competencias”. La aplicación de dicha cláusula de salvaguardia corresponde, por razones de supremacía funcional, a los Jueces y Magistrados, y a sus órganos propios de gobierno.
3º.- Que según el art. 165 LOPJ los Presidentes de las Salas de Justicia y los Jueces tendrán en sus respectivos órganos jurisdiccionales la dirección e inspección de todos los asuntos y adoptarán, en su respectivo ámbito competencial, las resoluciones que la buena marcha de la Administración de Justicia aconseje.
4º.- Que por lo demás, el control judicial de la protocolización de los actos de trámite con trascendencia procesal debe ser más intenso en relación con la actividad de las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD), por ser éstas las que, integradas en el órgano judicial, asisten de modo directo e inmediato a los Jueces y Magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias, realizando las actuaciones necesarias para el exacto y eficaz cumplimiento de cuantas resoluciones dicten (art. 437.1 LOPJ) y en los Servicios Comunes Procesales de carácter especial a los que se refiere el art. 438.3, párrafo segundo LOPJ, es decir, los que asuman la ordenación del procedimiento y cualesquiera otros cuyas funciones sean distintas de las relacionadas en el párrafo anterior del mismo apartado (registro y reparto, actos de comunicación, auxilio judicial, ejecución de resoluciones judiciales y jurisdicción voluntaria), para cuya creación la LOPJ exige informe favorable de este Consejo General del Poder Judicial.
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