Universidad Autónoma de Barcelona Doctorado en Comunicación Audiovisual






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Universidad Autónoma de Barcelona Doctorado en Comunicación Audiovisual

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La televisión pública y su papel en la sociedad postindustrial globalizada

Imperfectamente imprescindible

Por Rodrigo Ramírez Pino


A propósito del diagnóstico, análisis y recomendaciones sobre la Televisión Pública en España que aborda el informe del Consejo para la Reforma de los medios de comunicación, surge un debate que coloca en la agenda pública algunas preguntas: ¿En la era de la digitalización, la ciudadanía tendrá otro tipo de televisión pública? Y de ser así ¿el Estado está en condiciones de asegurar un servicio público que resguarde los intereses colectivos de la sociedad? O más bien ¿estamos ante otro producto cultural que actuará sobre las reglas del mercado por tanto se tranzará en el apartado de los bienes simbólicos? ¿Es viable mantener la vieja pretensión de broadcasting de servicio público plural, independiente de intereses privados y partidistas, de calidad y disponible para todos los habitantes de la nación? ¿O derechamente su papel en un escenario de convergencia de las tecnologías es marginal?, ¿vale la pena seguir pensando y repensando el papel de la televisión pública en una sociedad democrática?, ¿será mejor que nos olvidemos? Estas y otras preguntas no son nuevas, pero sus respuestas surgen desde un nuevo escenario que implica abordar el sentido y la misión que deben cumplir los medios de comunicación de titularidad estatal en la sociedad postindustrial globalizada.

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el papel actual de los medios tradicionales de comunicación

no es vender información a los ciudadanos,

sino vender consumidores a los anunciantes…”

“…los medios de información dejaron de constituir un contra-poder,

son en la práctica un convenga – poder…”

I. Ramonet

Revista Agora, 15/10/04

Antecedentes

En España, el 23 de abril del 2004, mediante el real decreto 7470, se crea el Consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado. La premisa con que se convoca a esta reunión permanente es “considerando que este mandato constitucional no tiene reflejo fidedigno en el actual marco normativo regulador de los medios de comunicación pública, se estima conveniente encomendar a un Consejo independiente, integrado por personas de reconocida «auctoritas», la elaboración de un informe que contenga una propuesta sobre el modo más adecuado de su articulación jurídica, los contenidos de programación más idóneos y la financiación más adecuada”. (Informe para la reforma de los medios, 2005:5-7)
Todo lo anterior con el “fin de impedir los controles políticos externos y para que puedan desempeñar con profesionalidad e independencia los cometidos que les corresponden en una sociedad democrática avanzada, garantizando así la veracidad de la información, la libertad de opinión, la difusión del pluralismo cultural y la participación política de los ciudadanos”. (2005:5-7)
Las funciones que se indican en dicho decreto establecen la elaboración de un informe sobre el régimen jurídico, incluido el modo de designación de sus órganos directivos, la programación y la financiación de los medios de comunicación de titularidad estatal.
El informe de los “sabios” – nombre con el que se conoció a la comisión de cinco expertos más un consultor financiero- aborda a través de un diagnóstico holgado la situación actual de los medios públicos del Estado Español, sus distintas etapas y su proyección en el futuro; distinguiendo separadamente una propuesta para la Radio Televisión Española, RTVE, y otra para la agencia EFE – sigla que aún concita distintas interpretaciones sobre su significado-. Para la primera propone un amplio menú de recomendaciones, entre ellas, la aplicación de un modelo financiero mixto -como el actual- con un límite de los recursos públicos que puede llegar al 50% de los presupuestos. Además, fija la reducción gradual de la publicidad y la mejora del patrocinio y la venta de productos. Antes de eso, pide al Gobierno que asuma la deuda de 7 mil millones de euros de RTVE – asunto que el Consejo de Ministros ya accedió- y "no se descarta" la aplicación de un canon. Los sabios, para compensar "ese esfuerzo del erario público" y junto a la "prohibición legal de endeudamiento en el porvenir", pide al organismo transparencia económica y contención del gasto. Así también proponen un mecanismo de control y de designación de las autoridades, con el fin de preservar la independencia y autonomía; y proponen la creación del Consejo del Audiovisual, como supervisor dinámico de la estructura del sector y como la instancia que permita asegurar al máximo las funciones de servicio público.
Además, el informe delinea el paisaje de transición hacia una nueva televisión que se enmarca dentro de un avanzado sistema tecnológico, distinto al actual, como parte del denominado apagón analógico –meta promovida por la Comisión Europea a los Estados miembros en su política de reestructuración y consolidación del sector audiovisual (Comisión Europea, 2004)- el que supone que al año 2010 el escenario televisivo será completamente digital, una tarea “envuelta en el marco teórico sobre las bondades de la digitalización enunciadas por Negroponte y Gates (1995)” (Llorens, 2005). Este tránsito conlleva una serie de implicancias técnicas y sociales, pero advierte que este inicio “ha sido poco acertado”. Con este preludio, y con una nueva promesa puesta en juego, ¿qué se puede esperar del papel que cumpla la Televisión Pública en un entorno digital? ¿La sociedad española optará por un modelo tipo europeo o lo hará por un modelo original a la española; o quizás sencillamente por un sistema televisivo a partir de las TV privadas y cada vez con menos participación del Estado? Por de pronto, el debate está lejos de cerrarse.
Hablar sobre la TV pública se ha convertido en un ejercicio nacional. Generalmente, como dice Emili Prado esta discusión se define más “por lo que no hace o deja de hacer, que por lo que hace” (Prado, 2005:186). De tanto en tanto es objeto de revisiones, proyecciones, correcciones, cuestionamientos, reformulaciones, siempre bajo sospechosas de impertinencia e irresponsabilidad. En su mayoría estas convocatorias al debate tienen que ver con el reclamo de algún grupo de la elite política-económica que siente que sus intereses no son bien representados o por que consideran insuficiente su exposición en los medios de propiedad del Estado. ¿Espacio/Tiempo es el problema? El tema es que los ciudadanos de a pié siguen viendo la discusión desde la gradería, o acaso se ha visto que un grupo de cesantes protesten por la falta de cobertura o que un grupo de adultos mayores o de lisiados reclamen ante la autoridad competente por sus pocos minutos de presencia en los informativos.
El informe tiene varias fortalezas. A pesar de la hipoteca histórica de la TV pública española, representado por su pecado original de haber nacido en el Franquismo; sin una concesión de servicio público sino como proyecto de una TV gubernamental; por el arbitrio endémico de sus autoridades; por una programación e información en función del régimen y de la autoridad de turno y por un endeudamiento congruente con su manipulación, el informe, con todo aquello, logra legitimar la existencia de una TV pública reduciendo el margen de una discusión en torno a si debe existir o no y mantiene en alto la inspiración del ideal europeo. La pregunta es ¿para qué y porqué mantener esta concepción de TV pública si en la práctica hace lo mismo que la TV privada?, si lo que ven los ciudadanos es idéntico a lo que pueden observar en las parrillas comerciales. El documento, como tal, centra su prioridad en la definición de objetivos, tanto generales, específicos como estratégicos; persigue construir el sentido de la misión del servicio público y propone crear la autoridad del audiovisual español. Tarea no menor, sobretodo en un contexto de neoconservadurismo, economía de libre mercado, americanización o globalización del mundo y de las comunicaciones, lo que supone que el mercado está por delante del interés de las personas, lo que lleva a poner en tensión la relación entre servicio público, interés colectivo y financiamiento; reglamentación, desregulación; pluralismo, diversidad y concentración.

¿En qué diseño socio cultural irrumpe el informe?

El informe de los sabios se pregunta muy poco sobre el tipo de sociedad en que (sobre)vivi(re)mos, y la relación que ésta tiene con la TV pública. Quizás, se creyó innecesario levantar más polvareda de la que han podido generar, pues para muchos el informe implica una abierta reforma al entramado audiovisual español. Pero, de todas formas, constituye una gran omisión, pues no es posible enfocar la discusión sobre la TV pública y las posibilidades tecnológicas sin analizar el contexto donde se inscribe. De ser así, entonces ¿cuál es la situación actual de la sociedad española en este inicio de siglo y si en ésta es factible el tipo de TV pública propuesta? ¿En qué lugar se encuentran los ciudadanos y el Estado ante la desintegración de las políticas estatales nacionales desarticuladas por los fenómenos de globalización y por su fragmentación interna, por la avasalladora presencia de los poderes fácticos, por los mercados y la industria infocomunicacional?
La sociedad en que estamos viviendo, como dice el sociólogo Manuel Antonio Garretón es más una “sociedad de ruptura que un tipo societario cristalizado como fue, por ejemplo, la sociedad feudal” (2002: 26). Por ello, está dotada de una plasticidad que la hace más difícil de predecir en el largo plazo. La sociedad en que vivimos se define más por su dinámica, por su cambio, que por su estructura. Ésta sociedad, es denominada en el libro de Garretón como “sociedad post industrial globalizada” (2000:76), la que se afirma en torno al consumo y la comunicación, pero como expresión de la razón tecnocrática y la lógica del mercado, la que aplasta cualquier intento de acción colectiva. La principal expresión de esta tendencia es la versión neoliberal, en la que el Estado es visto sólo en su visión instrumental y negativa respecto del pasado. Por otro lado, refiere que hay una tendencia a la negación de la política que viene de una exacerbación de la dimensión simbólico – expresiva, reemplazando las orientaciones colectivas de tipo político por el refugio independiente y la lógica puramente testimonial.


La democracia, como tal nunca ha sido un valor central para el neoliberalismo (Von Hayek, 1981). Ciertamente, su eje, en la práctica, es lo económico. Ahora, si hablamos de política, sociedad y cultura, como ámbitos de aplicación del neoliberalismo en su proyecto de transformación, no podemos dejar de tener en cuenta la elaborada estructura ideológica que pone en el mundo y que es su gran fortaleza y su mejor arma de penetración.
Una de las más singulares paradojas del neoliberalismo radica en que hoy más que nunca, el presupuesto de Marx, según el cual la infraestructura (lo económico) determina radicalmente la superestructura (lo político, lo artístico, lo cultural, etc) ha estado en mayor conformidad empírica con el actual estado de situación. La lógica mercantil atraviesa toda la sociedad, al extremo de convertir todas y cada una de nuestras actividades y necesidades en un apéndice del mercado. “Esta condición ancilar de la sociedad respecto del mercado atañe, desde luego y muy especialmente, al llamado mundo de las comunicaciones”. (Cuadra, 2003: 106)
La mercantilización de lo social en desmedro del antiguo paradigma político se hace evidente en la re/semantización de ciertas nociones fundamentales, en particular, aquellas de libertad, pluralismo y diversidad. En un primer momento, el término libertad nos remite a la esfera político - filosófica en donde se incubó; pues, en principio, se refería a ciertas garantías constitucionales, tales como la libertad de expresión y la libertad de elegir representantes. Hoy, sin embargo, el neoliberalismo, por la vía del reduccionismo, ha restringido el sentido del término a la libertad de comercio. El sujeto ya no es el ciudadano sino la empresa como persona jurídica; la libertad de expresión se refiere a los límites de la publicidad y la libertad de elección es aquella que puede ejercer el consumidor ante la multiplicidad de productos/servicios. “La sociedad se desplaza desde lo político hacia lo económico; transformando ideológicamente a los ciudadanos en consumidores”. (Moulian, 1997:209)
En un escenario como el descrito, resulta obvio que las posibilidades de expresión ciudadana no pueden competir con la expresión económico – empresarial, pues la batalla se verifica en el dominio mediático – publicitario. Bastará recordar que la propiedad de los grandes grupos mediáticos y su lógica comercial publicitaria, anula, casi por completo, la existencia de voces alternativas. “Ahora bien, ¿cómo puede un sistema con propensión casi excluyente a la generación de lucro, garantizar la diversidad de la información para todos los ciudadanos? Para algunos, la diversidad se garantiza a través de la diversidad de intereses de los propietarios de los medios de comunicación. Para muchos, la concentración de la propiedad demuestra la reducción de esa posibilidad”. (Becerra y Mastrini, 2005:11)
Esta ofensiva neoliberal en nombre de la libertad comercial, mirado en toda su radicalidad, tiende a transformar los fundamentos mismos de la vida social; esto es, reemplazar al Estado por el Mercado. Según el credo neoliberal, el mercado es un espacio autorregulado capaz de organizar, espontáneamente, los intercambios humanos y, en este sentido, elegir y comprar productos y servicios. De este modo, el debilitamiento del Estado no significa un debilitamiento de lo político, sino más bien la instauración de una nueva visión política; aquella, precisamente, que promueve cotidianamente el discurso mediático - publicitario, “el mercado como nuevo modo de organizar todos los meandros de la vida social”. (Jameson, 1996: 215)

El nuevo diseño socio – cultural, la sociedad de consumo, resulta ser la consumación de la mitología burguesa, en cuanto privilegia la primera de todas las libertades proclamadas por el neoliberalismo, la libertad de comercio. Una sociedad pretendidamente libre, entonces, debe expresar esa libertad a través de un discurso a escala global. Una parte central de estos nuevos diseños radica en los dispositivos de las industrias infocomunicacionales (Becerra y Mastrini, 2005:3), especialmente en la máquina mediático – publicitaria; ella es la encargada de transgredir las fronteras nacionales, violentando los espacios culturales locales. La economía global no sólo disuelve los obstáculos políticos locales sino el orden político mismo. Nace así una estrategia que quiere alcanzar su performatividad óptima, conjugando lo global y lo local, la glocalización (Castells, 1999). Otro lugar, en donde las imágenes, arreferenciales y desemantizadas, fluyen como ofertas discursivas. Se trata de un espacio meta – publicitario cuya eficacia persuasiva no consiste, como antaño, en vender un producto, es decir en establecer una correferencialidad entre la imagen mediática y el producto, sino en vender una imagen indisociable del producto y en celebrar el acto mismo del consumo continuo. En esta etapa del tardocapitalismo, los media virtualizados celebran el consumo en tanto tal. “Por lo tanto, debemos plantear otro tipo de consumo: el consumo del propio proceso de consumo, por encima y más allá de su contenido y de los productos comerciales inmediatos” (Jameson, 1996:215).
En el siglo XXI, asistimos a la emergencia de un imperio mundial de la comunicación, que concentra, cada vez en menos manos, la propiedad de las grandes cadenas televisivas, publicitarias y de distribución cinematográfica, especialmente de origen norteamericano, las que facturan más, son más importantes e impulsan la concentración del mercado en el sector audiovisual (Llorens, 2001: 116).
La televisión española, por cierto, no es ajena al cuadro anterior. Sus desafíos tecnológicos, económicos y culturales están determinados, crecientemente, en virtud de las redes y flujos establecidos por un mercado abstracto - virtual - globalizado que transforma de manera acelerada no sólo los soportes, sino las finalidades y los lenguajes televisuales. “En esencia, el motor de tales transformaciones es la llamada desreglamentación, que en cada país ha tenido su forma peculiar de materializarse, pero que finalmente supuso la desaparición de los monopolios públicos y el establecimiento de un sistema mixto público-privado. En este modelo competitivo la ley del mercado se constituye como el eje regulador de la confrontación de las diferentes cadenas” (Prado, 1992)
La televisión actual está sometida a dos vastos procesos a escala planetaria; por una parte, se trata de una industria tecnocultural cuya oferta discursiva depende de los avatares del mercado mundial; por otra parte, sin embargo, los soportes tecnológicos audiovisuales han posibilitado una modificación radical en los modos de significación. La televisión contemporánea, insistamos, se adapta al imaginario de una sociedad de consumo, cuyo vector cultural no es otro que el principio de la individualización.
Castells (1995: 59) propone tres grandes modelos de la sociedad como experiencia humana. Al tercero de ellos lo designa como la Sociedad de flujos, donde es posible verla como un modelo puramente cultural de interacciones y organizaciones sociales. Esto explicaría, según este autor, por qué los flujos de imágenes y mensajes entre redes constituyen el hilo conductor de nuestra estructura social. En otros términos, la materialidad de redes y flujos crea una nueva estructura social y representa un salto cualitativo en la experiencia humana. La noción de flujo es indisociable, en principio, de la noción de red. Asistimos, en efecto, a la instauración de una sociedad global en que todo fluye; sin embargo, este fluir no es pura entropía, pues como afirma Castells “los flujos del poder se transforman fácilmente en poder de los flujos” (1995:49).
El universo mediático – virtual responde, en lo fundamental, a la lógica de flujos y redes, generando no sólo representaciones de lo real sino que además instituyendo realidades. Pensar la televisión, desde la perspectiva de los flujos nos lleva, ineluctablemente, a la tensión entre lo global y lo local. Desde una lógica topológica, serán las asimetrías posicionales respecto de los flujos lo que determinará una cierta jerarquía estructural en las redes mediáticas. Las grandes redes mediáticas transnacionales operan como flujos abstractos virtualizados que tienden a la homogeneización, por tanto deben enfrentar formas históricas concretas afincadas en identidades étnicas, territoriales, sexuales, entre otras. En este caso, se advierte una congruencia operacional entre las nuevas claves identitarias mediático – publicitarias que celebran el consumo y el principio homogenizador de los flujos massmediáticos. Ello explica que el acceso de la televisión local a las redes de flujos transnacionales no signifique, en absoluto, una desestructuración cultural. Extremando, se podría afirmar que la televisión, sólo es pensable como un nivel de análisis de una sociedad de flujos.
El informe de los sabios dice que la TV pública “… ha ido progresivamente exhibiendo más mensajes producidos en el extranjero. La actual producción propia no alcanza al 30% del total de la programación. La mitad de los oferta programática está constituidos por musicales, concursos, infoshows y misceláneos...” Entonces, en la práctica, resulta imposible identificar lo que pudiera llamarse la televisión española; más bien, se enfrenta a un híbrido que, en términos generales, puede llamarse “televisión made and copy in España”. Esta distinción es importante en cuanto sitúa cualquier discusión sobre la televisión nacional en el dominio de lo pragmático. Esta característica emerge con nitidez al ser contrastada con la televisión internacional, masificada por el cable y la televisión satelital, desde mediados de la década de los 90. Esta verdadera explosión de la oferta televisiva se ha producido en un contexto socio-cultural que hemos caracterizado como una sociedad de consumo, inscrita en un proceso de globalización post industrial. En este sentido, una rotunda conclusión al respecto arroja el informe, “la indefinición de las señas características de servicio público en los contenidos de sus emisiones” y una “excesiva presión comercial sobre la programación, que ha conducido a la saturación publicitaria y a una escasa diferenciación respecto a las televisiones privadas” (Informe para la reforma de los medios, 2005:207)
Con todo, hubiese sido interesante que el informe desarrollara esta línea de análisis, sobre los aspectos socioculturales que operan en el diseño del modelo de sociedad en el que irrumpen los dispositivos infocomunicacionales, sobre las visiones que se encuentran en tensión al respecto y cómo la aplicación de las leyes del mercado en la etapa de la globalización cultural están transformando el esqueleto y la dinámica de la comunicación nacional española, como un introito previo al referirse sobre los asuntos propios de la TV pública. Haber despejado el atlas televisivo español y la industria del audiovisual antes que todo, previo a elevar cualquier propuesta, habría permitido dejar en evidencia el mapa por donde deben transitar los medios de propiedad del Estado. De haberlo hecho, la sociedad podría leer con total transparencia aquellos poderes que intentan despojar al Estado de su rol dirigente, de aquellos que persiguen el debilitamiento de la esfera pública y que optan por el posicionamiento de los poderes fácticos de todo tipo.
En el mundo entero, el Estado se ve amenazado por una poderosa alianza de intereses empresariales y políticos que apuntan a desmantelar las instituciones de radiotelevisión pública, porque las consideran un obstáculo en la carrera por el dominio y concentración de los medios de comunicación. Desacreditar los servicios públicos de radiotelevisión es una de las principales estrategias utilizadas en esta cruzada. Instalar en el imaginario colectivo esta idea de desconfianza social por la TV pública no es más que la táctica del ocultamiento y la política del silencio acuñada en el ejercicio mismo del poder político/económico, ese que entiende al Estado sólo en su dimensión como organización constitucional y legal, desplazando el paradigma del núcleo de responsabilidad desde el Estado hacia el individuo; y de una clase política que se asume asimismo como heredera póstuma del ejercicio democrático, monopolizando el poder arbitrariamente, y haciendo entender que el ideal democrático depende del cuidado de dicho poder.
En la medida en que la ideología neoliberal, partidaria del mercado a ultranza, ha impuesto su dominio en la elaboración de las políticas de comunicación, el fomento de la competencia se ha convertido en un objetivo político clave, intensificándose así el ataque contra la legitimidad de los medios de propiedad del Estado. Los esfuerzos de reglamentación legislativa, tanto a nivel español como a nivel europeo, no abordan eficazmente los aspectos fundamentales de la globalización, como lo es por ejemplo la estructura y concentración de la propiedad, la diversidad de fuentes, el pluralismo y la pluralidad; mientras que por otro lado un poderoso “lobby” empresarial impone sus criterios y forja, en función de sus propios fines, el sistema mundial de los medios de comunicación.
La verdad que en el informe nada de esto hay. No hay ninguna referencia explicativa a los procesos de desregulación, privatización, competitividad, concentración, transnacionalización, ni a los principios de diversidad, pluralismo o pluralidad. Cabe, entonces preguntarse en ¿qué momento se podrá discutir una nueva matriz cultural que logre una lectura relacional positiva entre el Estado, los ciudadanos y sus instituciones, entre ellas la función de servicio público y, en particular, la TV pública?. Porque en definitiva, lo que está en discusión no es tan sólo la TV pública como tal, sino que es el propio Estado, sus funciones y sus responsabilidades ante la sociedad.

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