Consejero ponente: jaime orlando santofimio gamboa






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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C




CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Bogotá, D.C., doce (12) de junio dos mil catorce (2014)

Radicación número: 68001231500020010273001(29.501)

Actor: Alonso Duarte Martínez.

Demandados: Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM.

Asunto: Acción de Reparación Directa (Sentencia)

Decide la Sala el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 01 de octubre de 20042 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander, mediante la que se dispuso:
Primero: DENIEGANSE las pretensiones de la demanda”.
SENTIDO DEL FALLO
La Sala anuncia que el fallo apelado será revocado y en su lugar se concederán las pretensiones de la demanda por cuanto encuentra que la prestación del servicio ofrecido por CAPRECOM vulneró el derecho de la paciente a recibir atención oportuna, eficaz y de calidad. En primer lugar, porque ante una enfermedad con 3 años de evolución fue necesario que la paciente consultara el servicio médico 9 veces, durante 6 meses, para que se programara un procedimiento que sólo se llevó a cabo 5 meses después; dentro de la historia clínica se evidencian enfermedades diagnosticadas a las que no se les dio tratamiento; la mayor parte del tratamiento se manejó con medicamentos paliativos que reportaban “poca mejoría” y que permitieron que la patología presentada por Gloria Cecilia Bohórquez Pico evolucionará negativamente; la historia clínica no refleja datos completos, es ilegible y las fotocopias son de mala calidad.
Así las cosas, la entidad demandada no se correspondió con la satisfacción de la prestación del servicio en su integridad3, visto éste desde la óptica del acto médico complejo.

ANTECEDENTES
1. La demanda
Fue presentada el 05 de octubre de 20014 por Alonso Duarte Martínez (compañero permanente), en nombre propio y en representación de sus hijos menores Oscar Alonso Duarte Bohórquez, Diana Cecilia Duarte Bohórquez y Jonathan Alonso Duarte Bohórquez, igualmente fue presentada en nombre propio por Celina Pico de Carvajal (Madre), y finalmente por Salvador Carvajal Pico, Roberto Carvajal Pico, María del Carmen Carvajal Pico, Isabel Carvajal Pico, Félix Antonio Carvajal Pico, José Carvajal Pico y Luis Francisco Bohórquez Pico (hermanos), quienes mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa contenida en el artículo 86 del C.C.A, solicitaron que se declare administrativamente responsable a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones “CAPRECOM” de los perjuicios materiales y morales ocasionados como consecuencia de la muerte sufrida por la señora Gloria Cecilia Bohórquez Pico, en hechos ocurridos el 30 de mayo de 2000, en la Clínica Carlos Ardila Lulle de la ciudad de Floridablanca.
1.2 Como consecuencia de la anterior declaración, la parte actora solicitó condenar a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones “CAPRECOM” a pagar a su favor las siguientes condenas5:
1. Por concepto de lucro cesante la suma de $100.000.000.oo para cada uno de los siguientes demandantes: Alonso Duarte Martínez (Compañero permanente), Oscar Alonso Duarte Bohórquez, Diana Cecilia Duarte Bohórquez y Jonathan Alonso Duarte Bohórquez (hijos).
2. Por concepto de daño emergente la suma de $1.800.000.oo para Alonso Duarte Martínez (Esposo), correspondientes a los gastos de servicios fúnebres.
3. Por concepto de perjuicios morales, para el esposo, hijos y madre de la víctima, la suma equivalente a 1.000 gramos de oro fino, para cada uno.
Asimismo, para cada uno de los hermanos de la víctima la suma equivalente a 500 gramos de oro puro.

1.3 Como fundamento de sus pretensiones la parte actora expuso los hechos6 que la Subsección sintetiza así:
A mediados del mes de agosto de 1.999, a raíz de unos cólicos abdominales, Gloría Cecilia Bohórquez Pico acudió donde el especialista Raúl Rueda (urólogo), quien le detectó un cálculo renal y le manifestó la necesidad de practicar una Litotripcia Extracorpórea, cirugía ambulatoria que sólo le fue practicada el 30 de mayo de 2.000 por el Dr. Alfredo Ortiz Azuero (urólogo) de la Clínica Carlos Ardila Lulle.
La paciente fue internada el 30 de mayo del 2.000 a las 10 a.m. y dada de alta a las 3 p.m. del mismo día, cuando llegó a la casa manifestó dolores severos en la parte del riñón derecho, se desmayó, tuvo vomitó y cefalea, razón por la cual el esposó se comunicó con la secretaria del médico que la operó, quien a través de ella le manifestó que esos dolores eran normales, pero que la llevara a donde pertenecía según el seguro, pues ya quedaba por cuenta del seguro, entonces fue trasladada a la Clínica Santa Teresa de Bucaramanga, a las 5 p.m. del mismo día, donde sólo le dieron calmantes y le manifestaron que los dolores eran normales.
El 31 de mayo por segunda vez regresa la paciente a la Clínica Santa Teresa porque ya habían pasado los efectos de los calmantes. Allí es Hospitalizada y sólo el 2 de junio fue vista por el urólogo José Alberto Pabón, quien ordenó unos exámenes que fueron practicados al día siguiente. Luego de estudiados los exámenes, el urólogo le informó a Alonso Duarte que su esposa tenía una obstrucción del uréter en el riñón, que se había operado en un diámetro de 6 centímetros, que ese taponamiento era consecuencia de la intervención, porque lo tenía desde el día de la cirugía, y que debía ser trasladada a la Clínica Carlos Ardila Lulle para implantar un catéter, con lo cual tendría mejoría.
En la Clínica Carlos Ardila Lulle los médicos Alfredo Ortiz y José Alberto Pabón, quienes harían el implante, le informaron a Alonso Duarte Martínez, que había sido imposible realizar el procedimiento porque una vez en el quirófano la paciente sufrió un paro cardíaco consecuencia de la gravedad y el tiempo que había pasado desde la cirugía, por lo cual la paciente ya estaba muy débil y los riñones no funcionaban, debido a que la destrucción del cálculo conllevó a que los sedimentos obstruyeran el uréter en 6 c.m. en el riñón derecho, lo que desencadenó gérmenes a través de la sangre, y produjo una septicemia que afectó los órganos vitales y causó un edema cerebral.
Los médicos, le implantaron el catéter sin éxito, fue trasladada a la UCI, inconsciente y entubada, con un catéter para respirar, le practicaron hemodiálisis porque los riñones no funcionaban a causa de la obstrucción uretral, de manera que se produjo una septicemia y un edema cerebral, que afectó todos los órganos vitales, por lo que murió el 13 de junio de 2.000.
2. Actuación procesal en primera instancia
2. 1. Admisión de la Demanda
Mediante auto de 25 de febrero de 20027, el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander admitió la demanda, providencia que fue notificada personalmente a CAPRECOM el día 07 de mayo de 20028.

2.2 Escrito de contestación a la demanda
2.2.1 Encontrándose dentro del término legal, el 31 de mayo del 20029 la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM, por intermedio de apoderado judicial, presentó su escrito de contestación a la demanda en el cual se opuso a las pretensiones y adujó como razones de su defensa:
(…)la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM, prestó todos los servicios necesarios y de su competencia para la atención de la señora GLORÍA CECILIA BOHÓRQUEZ PICO ya que se autorizaron todos y cada uno de los procedimientos, exámenes y demás requerimientos realizados por los médicos tratantes, se le prestó el servicio en forma oportuna y se le remitió a la IPS calificada de reconocida trayectoria y que poseían los medios y los profesionales especializados para la atención de la patología sufrida por la paciente. Por tanto en ningún momento se le negó atención por parte de CAPRECOM sino por el [contrario] se le prestaron todos los medios clínicos que es (sic) ese momento estaban al alcance y se podían utilizar en el caso respectivo. Tanto así que se le realizaron los exámenes prequirúrgicos que el médico determinó, se le autorizó la cirugía que el médico determinó era la que necesitaba la paciente, y ante las complicaciones que se le presentaron se le autorizó la atención en la Clínica Santa Teresa y todos los procedimientos que allí los médicos determinaron eran los adecuados.
(…) CAPRECOM no fue responsable de los hechos que desencadenaron la muerte de la señora GLORÍA CECILIA BOHÓRQUEZ PICO, ya que como Empresa Promotora de Salud cumplió con sus obligaciones cuales eran la de prestar el servicio de atención en salud a sus afiliados y beneficiarios mediante la atención en Instituciones prestadoras de salud, hecho que CAPRECOM cumplió a cabalidad por cuanto la señora GLORÍA CECILIA BOHÓRQUEZ PICO fue remitida en oportunidad a las diferentes Instituciones donde se podía atender su patología.
(…) en el caso que nos ocupa cumplió a cabalidad sus obligaciones al garantizar a la señora GLORÍA CECILIA BOHÓRQUEZ PICO, como usuaria de CAPRECOM el acceso a los servicios de salud que requirió toda vez que CAPRECOM le ordenó la cirugía que el especialista el Dr. RAÚL RUEDA PRADA urólogo determinó debía realizársele para mejorar su salud, se le ordenó la práctica de los exámenes prequirúrgicos que el médico prescribió, la cirugía se realizó por intermedio de UROCAL, entidad que presta este tipo de servicios y que determinó se realizara por el Doctor ALFREDO ORTIZ en la Clínica Carlos Ardila Lulle, determinando la cirugía como ambulatoria, ante las incomodidades presentadas por la paciente se le atendió la urgencia por CAPRECOM en la Clínica Santa Teresa, donde le fue determinada la atención a seguir y ante lo cual CAPRECOM obró con diligencia ordenando y autorizando todos los procedimientos que los médicos determinaron como necesarios y fundamentales para recuperar la salud de la afiliada.
La conducta que CAPRECOM desplegó para la atención de la usuaria fue establecida por la Ley 100 de 1993 cumpliendo así la E.P.S. con lo que a ella le competía que era garantizar el acceso a las Instituciones de Salud el cual como se demuestra estuvo garantizado, la obligación de prestar el servicio en forma eficiente y oportuna se dio por parte de CAPRECOM ya que se expidieron todas las ordenes correspondientes apenas eran requeridas por los médicos tratantes sin ningún tipo de demora u oposición, demostrando oportunidad y eficiencia toda vez que todo lo solicitado por los profesionales de la salud, fue efectivamente autorizado por CAPRECOM, no existiendo desde ningún tipo de vista negligencia ni deficiencia en el servicio de salud por parte de la EPS en el cumplimiento de las obligaciones determinadas por la Ley (…)”
Asimismo, propuso la excepción de ausencia de responsabilidad en el resultado, en la que expuso lo siguiente:
(…) CAPRECOM para la fecha de los hechos poseía contrato vigente con las IPS que atendían los procedimientos que necesitaba se le practicaran a la señora GLORÍA CECILIA BOHÓRQUEZ PICO, por cuanto CAPRECOM en ningún momento negó la prestación del servicio antes expidió las ordenes correspondientes y que los médicos especialistas determinaron necesarias, en ningún momento existió negligencia por parte de CAPRECOM, el servicio se ordenó para ser prestado por entidades idóneas, especializadas, con las calidades y las capacidades debidas, tal como lo demuestran los contratos aportados en el acápite probatorio y las ordenes allí anexadas. Por lo tanto no existió responsabilidad por parte CAPRECOM en el resultado que se le ocasionó a la señora GLORÍA CECILIA BOHÓRQUEZ PICO. CAPRECOM siempre estuvo atento a prestar todos los servicios médicos asistenciales desde los momentos en que el paciente lo requirió, prueba de ello son las ordenes que se expidieron por CAPRECOM que anexo y que demuestran la oportunidad con CAPRECOM prestó el servicio.

(…)

CAPRECOM asumió todos los gastos que requirió la patología sufrida por la señora GLORÍA CECILIA BOHÓRQUEZ PICO, en ningún momento se negó a asumir algún procedimiento, o examen que fuera ordenado por los médicos tratantes, pero la E.P.S. no puede responder por los resultados clínicos de los procedimientos practicados por cuanto su responsabilidad radica como lo he anotado anteriormente en garantizar el acceso oportuno al servicio de salud cuestión que en este caso se dio claramente tal como lo demuestran las pruebas aportadas”.
En su contestación a la demanda, el ente demandado llamó en garantía a la Fundación Oftalmológica de Santander - Clínica Carlos Ardila Lulle, Clínica Santa Teresa, el Dr. Alfredo Ortiz Azuero y Urocal Ltda., en el cual señaló:
(…) a la Fundación Oftalmológica de Santander Clínica Carlos Ardila Lulle, ubicada en la urbanización El Bosque, por ser la IPS que atendió el procedimiento de la señora GLORÍA CECILIA BOHÓRQUEZ PICO así como también la atendió para el procedimiento de la implantación del cateterismo y por ser allí donde falleció la mencionada.
A LA CLÍNICA SANTA TERESA LIMITADA, ubicada en la carrera 11 N° 29 – 34, por haber atenido (sic) allí la urgencia presentada por la señora GLORÍA CECILIA BOHÓRQUEZ PICO.
Al DOCTOR ALFREDO ORTIZ AZUERO, ubicada en el módulo 12 consultorio 406 del Centro Médico Carlos Ardila Lulle, por ser el médico tratante que practicó el procedimiento de la litotripcia extracorpórea a la señora GLORÍA CECILIA BOHÓRQUEZ PICO.
A UROCAL LTDA. Ubicado en el Centro Médico Ardila Lulle, por ser a quien CAPRECOM ordenó y canceló la realización del procedimiento litotripcia extracorpórea a la señora GLORÍA BOHÓRQUEZ.
Lo anterior demuestra que todos ellos intervinieron en la realización del procedimiento realizado a la señora GLORÍA CECILIA BOHÓRQUEZ PICO y en sus consecuencias por lo tanto existe un nexo entre lo ocurrido a la mencionada y las actividades practicadas por cada uno de ellos, la EPS CAPRECOM cumplió con emitir todas las ordenes médicas que la paciente requirió desde su inicio de la enfermedad hasta su deceso, CAPRECOM en ningún momento se negó a prestar alguna atención a la mencionada siendo que cualquier complicación si hubo algún tipo de negligencia en los procedimientos practicados a la paciente es responsabilidad directa de la IPS que practicaron el recogimientos (sic) y a las cuales recurrió la paciente, por cuanto CAPRECOM prestó el servicio con instituciones idóneas y de reconocida prestancia demás que con la capacidad de realizar procedimientos incluso de tercer y cuarto nivel, por lo tanto la responsabilidad recaería en las IPS que atendieron directamente a la paciente en este caso las mencionadas anteriormente”.
Mediante auto proferido el 06 de agosto de 200210 el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander, admitió el llamamiento en garantía y fue notificado personalmente a la Fundación Oftalmológica de Santander el día 05 de diciembre de 200211.
El día 19 de diciembre de 200212, la Fundación Oftalmológica de Santander, por intermedio de apoderado judicial, presentó su escrito de contestación al llamamiento en garantía formulado por la parte demandada, en el cual manifestó que “el texto del escrito del Llamamiento en Garantía, no contiene pretensión alguna” además expuso que en caso de que el Honorable Tribunal deduzca alguna pretensión de lo expresado por la parte demandada, se opone a la pretensión, pues la Fundación “ se ciñó en todo a lo estipulado en el contrato que suscribió con UROCAL, pero la valoración, la decisión sobre la intervención quirúrgica, el tratamiento subsiguiente a la operación y demás, fue llevado a cabo por CAPRECOM a través de UROCAL”.
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