Gustavo hernando lópez algarra






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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA

Magistrado Ponente

SL3784-2014

Radicación n° 39779

Acta No. 10

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo dos mil catorce (2014).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por los apoderados de la sociedad PLANTACIONES UNIPALMA DE LOS LLANOS S.A. UNIPALMA S.A. y de CARLOS ORLANDO BOLÍVAR y OTROS.

I. ANTECEDENTES

Carlos Orlando Bolívar y María Elena Salomón Robayo actuando en nombre propio y en representación de sus hijos Luz Ángela, Edicson Orlando y Leidy Milena Bolívar Salomón, demandaron a Plantaciones Unipalma de los Llanos S.A. Unipalma S.A, y solicitaron declarar lo siguiente: (i) la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el primero de los anotados y la empresa demandada, que terminó en razón a la enfermedad profesional del trabajador, dictaminada el 6 de noviembre de 2001, y (ii) que la accionada es civilmente responsable por la enfermedad que padece. Como consecuencia de lo anterior pretenden a favor del señor Bolívar, el pago de los perjuicios materiales que corresponden el daño emergente y el lucro cesante consolidado y futuro, y para los demás demandantes, los perjuicios morales, la alteración de las condiciones de existencia, junto con los intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Bancaria (folios 3 a 30).

En sustento de sus pedimentos manifestaron, que Carlos Orlando Bolívar nació el 20 de mayo de 1959; que contrajo matrimonio con María Elena Salomón Robayo, el 24 de diciembre de 1994, y de esa relación nacieron Luz Ángela, Edicson Orlando y Leidy Milena Bolívar Salomón; que la mencionada señora no desempeñaba actividad alguna y depende económicamente de su esposo; que el objeto social de la demandada se circunscribe al cultivo de palma africana en sus diferentes variedades, y a su explotación industrial; que el señor Bolívar suscribió contrato de trabajo a término indefinido «clase B» con la accionada, el 2 de febrero de 1984; que a través de memorando del 29 de noviembre de 1998, lo designaron en el cargo de «operario de laboratorio, categoría SC3»; que en las labores a él asignadas, estaba expuesto a insumos, tales como hexano, benceno, nafta de petróleo, ácido clorhídrico y soda cáustica; que a partir del 1º de octubre de 1996, ocupó el puesto de «Oficinista 2», y desempeñó las funciones de recolectar y procesar datos; dijo que desde el mes de mayo de 1999, fue atendido en el Hospital Local de Cumaral por presentar náuseas y cefalea intensa, y se le diagnosticó «intoxicación exógena crónica»; que el Instituto de Seguros Sociales, el 11 de mayo de 1999, informó a la demandada que el trabajador debía ser reubicado en un sitio de trabajo alejado de las sustancias tóxicas a las que se exponía; que ese traslado se efectuó el 1º de octubre de 1999, cuando fue reubicado en la planta de beneficio prioritario; que luego de 4 meses de formulada la petición por parte del Seguro Social, y teniendo en cuenta el deterioro de sus condiciones físicas, ‹‹se realizó un cambio para evitar la exposición a los químicos y derivados del petróleo, que eran las condiciones normales del anterior puesto de trabajo››.

Exponen, que el traslado del puesto de trabajo, obedeció a una recomendación de carácter médico, emitido por el Instituto de Seguros Sociales el 11 de mayo de 1999; que según valoración realizada por la facultad de Medicina de la Universidad Nacional, del 19 de mayo de 1999, los antecedentes ocupacionales, fueron los siguientes: …Ingresó hace 15 años a la Empresa Unipalma como oficios varios (2-II-84); desde hace 13 años, viene desempeñando el cargo de laboratorista, en laboratorio de control de calidad, para aceites vegetales principalmente. Como insumos de laboratorio utiliza de forma permanente:

1. Benzina de petróleo que contiene:



  • Hexano: (hidrocarburo alifático de características solventes

  • Benzeno; (hidrocarburo aromático de características solventes)

  • Nafta de petróleo: (mezcla de hidrocarburo pesados) - Ácido clorhídrico - Soda Cáustica… .



Afirmaron que el 8 de junio de 1999, se efectuó control por parte de la Universidad Nacional - facultad de medicina y se encontró que el ‹‹… análisis de Fenol de Orina, que nos muestra pico de 16.4 mgr/Litros, por encima del valor biológico permisible máximo en población no expuesta…»; que el 10 de junio de 1999, el Comité Paritario de Salud Ocupacional, informó al superintendente técnico de la accionada, que los trabajadores habían expuesto algunos factores de riesgo, que se debían considerar, a efectos de prevenir futuros accidentes, entre ellos el de ‹‹tratar de solucionar en la mayor brevedad posible la existencia de vapores y gases libres en el laboratorio, con cualquiera de estas opciones instalar una campana extractora o cambiar el sitio por otro con mayor ventilación y el uso de extractores. Como última opción dotar de mascarillas antigases a las personas que laboren en el laboratorio…››; que en el resumen de la historia clínica del señor Carlos Orlando Bolívar, del 21 de julio de 1999, se dijo:

ENFERMDAD ACTUAL

Cuadro de 5 años de evolución de cefalea de intensidad progresiva, nauseas, de un año de evolución sensación de pérdida de peso y “acortamiento de talla” hipotrofia muscular generalizada, astenia, adinamia, fatigabilidad, que se incrementa al final de la jornada… .

Señalan, que según la notas de evolución superior, el médico especialista en salud ocupacional de la accionada, a 23 de noviembre de 1999 indicó, que el trabajador presentaba un cuadro de ‹‹NUEROTOXICIDAD CRÓNICA A VAPORES DE HIDROCARBUROS EN TRATAMIENTO Y MEJORIA LEVE››; que las inadecuadas condiciones del puesto de trabajo, y la ausencia de programas de vigilancia epidemiológica, son pruebas de la ‹‹falta clara de un programa de salud ocupacional››; que se violó lo dispuesto en el reglamento de higiene y seguridad industrial, aprobado por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, que en su artículo I, se compromete a

‹‹GARANTIZAR LOS MECANISMOS QUE ASEGUREN UNA ADECUADA Y OPORTUNA

PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES››; que la accionada se obligó, según lo señala el mencionado reglamento, a garantizar y proporcionar los recursos para adelantar lo siguiente:

A) SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO, ORIENTADO A PROMOVER Y MANTENER EL MAS ALTO GRADO DE BIENESTAR FÍSICO, MENTAL Y SOCIAL DE LOS TRABAJADORES, EN TODOS LOS OFICIOS, PREVENIR CUALQUIER DAÑO A SU SALUD, OCASIONADO POR LAS CONDICIONES DE TRABAJO, PROTEGERLOS EN SU EMPLEO DE LOS RIESGOS GENERADOS POR LA PRESENCIA DE AGENTES Y PROCEDIMIENTOS NOCIVOS … .

Manifestaron, que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, con oficio N2506-01 JNCI del 7 de noviembre de 2001, determinó que el trabajador presentaba una pérdida de capacidad laboral equivalente al 50% de origen profesional, razón por la cual, era inválido en los términos del artículo 46 del decreto 1295 de 1994, situación que fue reconocida por la demandada, mediante certificado médico del 7 de febrero de 2002; que el último cargo que el señor Carlos Orlando Bolívar desempeñó fue el de operario de báscula, con un promedio salarial de $841.772, el que al incluírsele un factor prestacional del 27%, arrojaba $1.069.051; que las actuales condiciones del trabajador son deplorables, toda vez que tiene cambios en su estado de ánimo, así como ‹‹brotes de agresividad, que afectan su entorno familiar especialmente en su vida de pareja con su esposa MARIA ELENA SALOMON ROBAYO y con sus hijos menores LUZ ANGELA, ERICSON ORLANDO Y LEIDY MILENA BOLÍVAR SALOMON››; que la enfermedad profesional fue el resultado de realizar una actividad propia y necesaria para el desarrollo del objeto social de la demandada, es decir, que el señor Bolívar estaba ‹‹cumpliendo su trabajo habitual y la Enfermedad Profesional tiene una relación directa con la labor que desempeñaba y el hecho dañoso››.



  1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA



Plantaciones Unipalma de los Llanos S.A., se opuso a la pretensiones, afirmando que no tiene culpa en la enfermedad que padece el señor Carlos Orlando Bolívar, y que la exposición a sustancias tóxicas no fue continua; además, que el ‹‹demandante tuvo actividades fuera del campo laboral desarrollado por la empresa que al parecer fueron influyentes››; propuso las excepciones de pago, falta de causa en los demandantes, inexistencia de la obligación, inimputabilidad de culpa en la demandada, compensación y prescripción (folios 128 a 136).



  1. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA



Mediante sentencia de 4 de mayo de 2007, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, declaró la existencia de un contrato de trabajo entre el demandante y la empresa Plantaciones Unipalma de los Llanos S.A. Unipalma S.A., vigente desde el 2 de febrero de 1984 hasta el 1º de febrero de 2002; que existió culpa debidamente comprobada del empleador en la enfermedad profesional que padece el señor Carlos Orlando Bolívar; declaró parcialmente probadas las excepciones de falta de causa en los demandantes, e inexistencia de la obligación en la demandada; condenó a la accionada a pagar a cada uno de los demandantes perjuicios morales debidamente indexados, y absolvió de lo demás (folios 413 a 443).



  1. SENTENCIA DEL TRIBUNAL



La alzada se surtió por apelación de ambas partes, y terminó con la sentencia del 28 de enero de 2009, proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio – Sala de Decisión Civil Familia Laboral, que confirmó la de primera instancia (folios 29 a 44 del cuaderno del Tribunal).

Para ello, y frente a la apelación formulada por la demandada, cito un aparte de la sentencia del 26 de febrero de 2004, radicado 22175, que reiteró la del 10 de abril de 1975 (no se indicó radicado), ambas de esta Sala, para luego concluir lo siguiente:

No se desconoce que como consecuencia de la enfermedad profesional, el trabajador puede sufrir secuelas temporales o permanentes en su integridad física. Para repararlas, se establecen en nuestro sistema jurídico dos tipos de soluciones: i) la reparación tarifada de riesgos consistentes en el reconocimiento de unos beneficios previamente dispuestos en la legislación, a cargo de la entidad de seguridad administradora de riesgos (ARP), en proporción al daño específico que se haya causado, pero sin atender el perjuicio puramente individual de la víctima o su familia y ii) la reparación plena de perjuicios.

Señaló que la reparación plena de perjuicios, se estructura con ‹‹La prueba de la culpa del empleador en la ocurrencia del deterioro físico del trabajador. Se trata de volver en cierta forma, al antiguo criterio de la culpa, pero únicamente como una posibilidad de hacer más gravosa las obligaciones a cargo del empleador››; que el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo es la fuente normativa de la reparación plena de perjuicios, que no fue derogada por el decreto 1295 de 1994; que la noción de culpa del derecho penal, es aplicable a la responsabilidad civil, y en tal sentido, la conducta es culposa ‹‹cuando se realiza el hecho por falta de previsión del resultado previsible, o cuando habiéndolo previsto el agente, confió imprudentemente en poder evitarlo››; que la culpa se presenta en dos casos: ‹‹1) Cuando el autor conoce los daños que puedan ocasionarse con un acto suyo, pero confía imprudentemente en evitarlos. 2) Cuando el autor no prevé el daño que puede causarse con un acto suyo, pero hubiera podido preverlo dado su conocimiento de los hechos››.

Expuso que:

Así mismo, el análisis de la culpa patronal, respecto de los aspectos indicados, requiere de un criterio normativo y funcional a la vez; que no puede ser otro que la valoración sobre el cumplimiento de los reglamentos de prevención de riesgos, puesto que un mundo laboral tecnificado e institucionalmente complejo, la culpa del patrono en la ocurrencia de accidentes y enfermedades no debe apreciarse sino a través de la observancia o inobservancia de las normas establecidas para la prevención de tales eventualidades. Tanto así que una empresa, cualquiera que sea su organización jurídica y administrativa, que incumpla con las normas mínimas tendentes a evitar los riesgos laborales, es culpable de los accidentes y enfermedades que se produzcan por dicha omisión. Al contrario, una empresa no podrá ser accionada con éxito por culpa patronal, si un riesgo laboral se produce estando cumpliendo satisfactoriamente las mentadas normas de prevención, pues no estaría probando suficientemente la culpa que en el cuidado de la integridad del trabajador corresponde al patrono.

Los argumentos expuestos conducen a coincidir con el criterio del fallador de primer grado sobre la existencia de culpa suficientemente comprobada de la empleadora en la ocurrencia de la enfermedad profesional pregonada por el actor, pues tomando en conjunto el caudal probatorio arrimado, éste corrobora que la demandada no adoptó en su oportunidad las medidas preventivas de seguridad industrial, requeridas para el oficio de laboratorio desempeñado por el mismo, que le garantizaran su salud, prevenciones que solo estableció cuando al señor CARLOS ORLANDO BOLIVAR se le diagnosticó la enfermedad profesional que a la postre derivó en la declaratoria de su estado de invalidez.

Además, se encuentra probado que la demandante UNIPALMA S.A. no contaba con un programa que conllevara las prevenciones, ilustraciones y prohibiciones del trabajador, referente a la forma, los términos y circunstancias en que debían llevarse para esta clase de actividad, elementos de juicio que, a la postre, soportan también la responsabilidad que hoy se le atribuye.

Cosa distinta sería que la empleadora hubiera cumplido con las instrucciones y normas señaladas en el programa de salud ocupacional, y que el trabajador no las hubiera acatado, aspectos que según puede verse no acontecieron. Por ende resulta indiscutible la culpa patronal en la ocurrencia de la enfermedad profesional, atribuida a la empresa demandada, que el juez de conocimiento hallo demostrada.

Frente al recurso de los demandantes, dijo que éstos solicitaron, a efectos de tasar los perjuicios materiales e inmateriales, que se designaran peritos expertos en la materia, petición que no fue concreta, y en consecuencia dejó al juez en la libertad de decretarla, quien nada dijo al respecto, decisión que al no ser cuestionada, quedó ejecutoriada, y en razón a ello, los actores quedaron sin prueba para sustentar sus pedimentos, ‹‹puesto que ésta era el único medio idóneo para probar la cuantificación de los perjuicios derivados de la enfermedad profesional››; que aun cuando existen los principios de protección procesal y equidad, que se dirigen a amparar a la parte débil, en este caso el trabajador, los ‹‹errores o descuidos procesales de la parte interesada en la obtención de unos resultados económicos››, son situaciones que no pueden entrar a corregir pues las facultades de los funcionarios en la práctica de pruebas, no ‹‹pueden llegar en ningún caso, a desplazar la iniciativa que corresponde a los litigantes ni a reemplazar las tareas procesales que a cada uno de ellos les incumbe››; que la desidia de las partes en presentar las pruebas fuente de sus pretensiones, no puede ser suplida por el juez bajo el argumento de buscar la verdad real, toda vez que ésta debe ser imparcial, y ‹‹sus poderes oficiosos se limitan a esclarecer puntos oscuros o de duda que se presenten en el juicio››.

Manifestó, que en la culpa patronal, el empleador se ve obligado a la reparación plena de los perjuicios que hubieran sido debidamente acreditados, y para el efecto citó un aparte de una sentencia sin indicar año, tampoco radicado; en la que al pronunciarse sobre los daños originados por una enfermedad profesional adujo que éstos deben ser demostrados con los medios dispuestos por el derecho común; luego finaliza diciendo lo siguiente:

Bajo ese entendido, corresponde aceptar para la cuantificación del daño moral, además de la doctrina del Consejo de Estado invocada por el a quo, que se hace inobjetable la aplicación de la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, del arbitrio judicium, la cual ha desarrollado la doctrina en concepción que si bien no permite la reparación completa del dolor, por ser éste indeterminable e inconmensurable, se encamina a dar al afectado una compensación o satisfacción por el sufrimiento causado, el cual debido a la imposibilidad de cuantificarlo, resulta que su tasación es de resorte exclusivamente judicial. Expresado en otras palabras, paralelo a la predicada indeterminación de la cuantía del daño moral, se ha dicho en forma reiterada que la fijación de ese quantum, atendiendo los parámetros legales establecidos, es del entero resorte del juez, precisamente por esa indeterminación.

En resumen, afloran inocuas las extensas elucubraciones invocadas por el apoderado de la parte actora, con las cuales pretendió la reforma del fallo motivo de examen; porque resulta evidente, de la lectura y análisis respectivo del caudal probatorio aportado, efectuado por el juez de conocimiento para fundar su decisión, que el valor dado al mismo no es producto de la arbitrariedad, subjetivismo o capricho, sino que obedeció a la autónoma valoración de los requerimientos procesales demandados por la normatividad adjetiva; estimación que lo condujo a proferir una decisión ajustada a los hechos y acorde al compendio jurídico, como adelante se declarará.


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