Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth






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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B


Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth
Bogotá D.C., 9 de febrero de 2011

Radicación número: 25000 232 6000 1994 09702 01

Expediente número: 16.934

Demandantes: Lourdes Emilce Rangel Robles y otro

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Naturaleza: Reparación Directa


La Sección Tercera del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada en contra de la sentencia dictada el 25 de marzo de 1999 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca–Sección Tercera, mediante la cual se declaró responsable, a título de falla del servicio, a la “NACIÓN COLOMBIANA –Ministerio de Defensa, Policía Nacional–” por los daños causados a los demandantes y se profirió condena por los perjuicios morales subjetivos y por los perjuicios fisiológicos correspondientes.
ANTECEDENTES
I. Síntesis del caso
1. La señora Lourdes Emilse Rangel Robles, casada con el agente de la Policía Nacional Josué Kilian Cuervo y en tal condición beneficiaria de los servicios de salud de la entidad, durante el transcurso del embarazo que da lugar a la demanda se hizo los controles médicos en el Hospital de la Policía Nacional en Bogotá, D.C. Ahí, cuando estaba en las semanas finales del embarazo, luego de ordenársele y practicársele un monitoreo con la utilización de oxitocina o pitosín, y de dársele salida, hubo de ingresar dos días después por el rompimiento de membranas y hubo de someterse al procedimiento de cesárea. El recién nacido falleció al día siguiente del alumbramiento y a la señora Rangel se le extirpó del cuello uterino.
II. Lo que se demanda
2. El 11 de marzo 1994, a través de apoderado judicial, la señora Lourdes Emilse Rangel Robles, actuando en su propio nombre y en el de su hijo menor de edad Edgar Orlando Cuervo Rangel, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de “LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL”, para que fuera declarada administrativamente responsable y condenada al pago de los perjuicios morales, los cuales estimó en 2.500 gramos oro a su favor más otro tanto por perjuicio fisiológico y 1.500 gramos oro a favor de su hijo.
3. En el libelo se afirma que hay responsabilidad del Estado a título de falla del servicio, puesto que están acreditados el daño y el perjuicio, la falla de la administración y el nexo de causalidad. En relación con la falla se indica que hubo una “violación de las obligaciones a cargo de la administración” puesto que “los médicos del Hospital central de la Policía Nacional … no solo por descuido sino por negligencia y culpa grave aplicaron drogas a destiempo, causaron la muerte de su hijo … la sometieron a una exterotomía (sic) e infectaron su organismo … con negligencia y culpa grave no extrajeron además la totalidad de la placenta” (folios 2 – 18, cuaderno 1).
III. Trámite procesal
4. Una vez admitida la demanda (folio 21, cuaderno 1) y notificada a la entidad estatal (folio 23, cuaderno 1), ésta última dio respuesta (folios 27–29, cuaderno 1) sin referirse precisamente a los hechos o pretensiones, sino argumentando que en el servicio médico no va envuelta una obligación de resultado sino de medio, y que corresponde la carga de la prueba del incumplimiento de la obligación de medio a la parte demandante, para lo cual ha de acreditarse que “el servicio público no operó, o que funcionó mal o tardíamente”; agregó que en el caso concreto debían analizarse los antecedentes de la paciente y los procedimientos que le habían sido practicados porque a la entidad demandada “no se le puede exigir lo imposible”.
5. La entidad demanda llamó en garantía al personal médico y de enfermería que atendió a la paciente (folios 1–2, cuaderno 3), y el tribunal a quo procedió a citarlos al proceso (folios 7–10, cuaderno 3), no obstante lo cual, habida consideración de que la mayor parte de las personas referidas fueron notificadas extemporáneamente, se las desvinculó del mismo (folios 61–62 y 75–76, cuaderno 1), con excepción de la enfermera Blanca Lilia Chávez Peña, quien, mediante apoderado judicial, se opuso a todas las pretensiones y manifestó respecto de los hechos, que comprendían una serie de incongruencias que no daban claridad sobre lo ocurrido ni sobre las personas responsables (folios 29–31, cuaderno 3).
6. El 25 de marzo de 1999, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca–Sección Tercera, profirió la sentencia objeto de impugnación (folios 121–140, cuaderno principal) y concluyó que en el caso concreto se había verificado la presencia de los elementos de la responsabilidad del Estado, puesto que “la conducta del Hospital Central de la Policía Nacional fue negligente e imprudente”. Dijo que la atención dispensada a la señora Rangel había tenido una serie de irregularidades: el día el 30 de octubre de 1992 se ordenó la práctica de una monitoría con estrés, sin hacer una evaluación previa del estado de la paciente, sin explicarle las consecuencias respectivas y con la aplicación de una dosis excesiva de pitosín, luego de lo cual se le dio salida para ir a su casa; lo anterior, sumado al manejo negligente dado en los días siguientes, condujo al rompimiento de fuentes, a que el recién nacido consumiera meconio, a que se infectaran él y la madre, a que posteriormente falleciera y a que se tuviera que extraer el útero de la señora Rangel. En virtud de ello, en la parte resolutiva se declaró la responsabilidad administrativa de “la NACIÓN COLOMBIANA –Ministerio de Defensa, Policía Nacional” y se la condenó por concepto de perjuicios morales y fisiológicos, por el valor equivalente a 1.500 y 500 gramos oro, respectivamente, a favor de la señora Lourdes Emilse Rangel Robles y por el valor equivalente a 500 gramos oro, por concepto de perjuicios morales, a favor de Edgar Rolando Cuervo Rangel. También se condenó a la llamada en garantía “BLANCA CHAVEZ PEÑA” a reembolsar a la entidad demandada las sumas que ésta pague a los demandantes.
7. El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, se sustentó sobre los siguientes argumentos: no se encuentran pruebas fehacientes en el expediente que responsabilicen a la entidad demandada por los hechos ocurridos; no se acreditó el daño fisiológico por la pérdida del útero porque la señora Rangel ya era madre y tenía además la posibilidad de adoptar; no está acreditado el nexo de causalidad; no hubo falla del servicio puesto que la paciente asistió a los controles de maternidad; la actuación de la víctima fue “negligente e imprudente” al punto de constituir una causal de exoneración de responsabilidad del Estado, en atención a que luego de la práctica de la monitoría la señora Rangel abandonó el hospital sin hablar con los médicos y solo se presentó días después con hemorragia e infección; en ocasiones anteriores la paciente había presentado este tipo de problemas, incluso un embarazo anterior se había interrumpido. (folios 151–156, cuaderno principal)
8. Dentro del término de traslado para que el Ministerio Público rindiera su concepto en segunda instancia (folio 160, cuaderno principal), el ente de control pidió la confirmación del fallo impugnado (folios 173–181, cuaderno principal).
CONSIDERACIONES
I. Competencia
9. La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en observancia de la naturaleza del asunto y de su cuantía. Esto último, en atención a que la pretensión mayor, referida a los supuestos perjuicios fisiológicos sufridos por la señora Rangel –los cuales ascienden a 2.500 gramos oro y equivalían a la fecha de presentación de la demanda, 11 de marzo de 1994, a $26’179.800– exceden ampliamente el valor exigido en la época –$9.610.000– para que un juicio de esta naturaleza tuviera doble instancia.
II. Impedimento
10. Habida consideración de que la señora Magistrada de la Sección Tercera del Consejo de Estado Ruth Stella Correa Palacio manifestó a la Sala su impedimento para conocer del asunto (folio 183, cuaderno principal), por haber rendido concepto en relación con él cuando detentaba la condición de Procuradora Delegada ante la Sección, la Sala mediante providencia del 26 de marzo de 2007 aceptó el impedimento, de conformidad con el numeral 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil (folios 184–185, cuaderno principal). En atención a lo anterior, se deja constancia de que la magistrada mencionada no hará parte de la Sala para efectos de la discusión y aprobación de la presente providencia.
III. Validez de las pruebas
11. Las pruebas aportadas al proceso, a las cuales se hará referencia bajo el título de hechos probados, se hallan en estado de valoración, puesto que fueron allegadas en cumplimiento de los presupuestos procesales. En especial, la Sala considera que las pruebas incorporadas en el “expediente disciplinario Nro. 500112/95 radicado bajo el número 94-D 9702”, es decir, las declaraciones rendidas ante la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional y el “informe evaluativo” de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación de diciembre de 1994, las cuales fueron aportadas en copia auténtica al presente proceso constituyen prueba trasladada en los términos del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil1, puesto que: (i) la entidad demandada, la parte contra quien se aducen las pruebas referidas, fue quien solicitó en la contestación de la demanda que se ordenara al “Hospital Central de la Policía Nacional” la remisión de “todos los antecedentes, incluida la hoja clínica, correspondientes a la paciente LOURDES EMILCE RANGEL ROBLES” es decir existe una petición expresa de la parte demandada acerca de la incorporación al proceso de tales pruebas; (ii) la entidad demandada, a través del “INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL Y BIENESTAR DE LA POLICIA NACIONAL”, autenticó las copias del “expediente disciplinario Nro. 500112/95” y las envió al proceso, en cumplimiento de la orden judicial respectiva; (iii) el Subdirector General de la Policía Nacional, mediante el “AUTO APERTURA INVESTIGACIÓN” del 21 de febrero de 1995 inició el trámite correspondiente en contra del “personal de médicos, auxiliares de enfermería y administrativos del servicio de gineco-obstetricia del Hospital Central” que atendieron a la señora Rangel (folio 497, cuaderno 3) y en relación con las pruebas provenientes de la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, las cuales habían sido practicadas de manera previa por la entidad de control, expresamente decidió: “[T]énganse como válidas las pruebas ya practicadas”, de suerte que por orden expresa de la parte demandada se las reconoció y valoró por la misma entidad; (iv) En el mismo orden de ideas, el “MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL–POLICIA NACIONAL–SUBDIRECCIÓN GENERAL–PROGRAMA HOSPITAL CENTRAL–OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS” en sendas providencias del 24 de marzo de 1995, a través de las cuales formuló pliego de cargos en contra de Jaime Mauricio Achury Sabogal, Luz Myriam Niño Santamaria, Jaime Gallego Arbeláez, Julio César Hernández, Carlos Castellanos, fundamentó su decisión sobre la valoración que hizo de las declaraciones rendidas frente a la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional por parte de Blanca Lilia Chávez Peña, Héctor Ernesto Barbosa Landinez, Josué Killian Cuervo Cuervo, Guillermo Isaza Sánchez, Adriana María Villa Rodríguez, Lourdes Emilse Rangel Robles y en el “[C]oncepto emitido por las profesionales de salud Luz Dary Henao Acosta y Esperanza Puentes Torres”; (v) también, en el asunto sub judice, la entidad demandada, “NACIÓN COLOMBIANA–Ministerio de Defensa–Policía Nacional”, y la Procuraduría General de la Nación, órgano de control que practicó las pruebas en el proceso con anterioridad a que se incorporaran en el “expediente disciplinario Nro. 500112/95”, integran la persona jurídica de la Nación, y por tal razón se puede concluir que las pruebas fueron practicadas en el proceso primitivo a petición y con intervención de la misma parte –Nación– contra quien se aducen ahora; (vi) finalmente, respecto de las declaraciones rendidas frente a la Procuraduría en el curso de la investigación disciplinaria la “NACIÓN COLOMBIANA–Ministerio de Defensa–Policía Nacional” no puede alegar el desconocimiento de las mismas, ni su imposibilidad de controvertirlas, en tanto que fue la misma entidad –Nación– quien formuló las preguntas y quien participó en la recepción de las respuestas y en la extensión de las mismas en el papel y tuvo en todo momento la posibilidad tanto de contrainterrogar a los declarantes como de expresar su sentir acerca de lo dicho por ellos.
IV. Hechos probados
12. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, los hechos que dan lugar a la presente actuación se pueden resumir de la siguiente forma:
12.1. Entre el 15 y el 20 de octubre de 1992, la paciente Lourdes Rangel fue internada en el Hospital Central de la Policía Nacional para control de preclampsia leve e hipertensión. El 29 de octubre de 1992, con un período de gestación de 33 semanas, el médico ginecoobstetra Guillermo Isaza Sánchez atendió en consulta externa a la paciente y encontró que persistía la tensión alta, razón por la cual aumentó la dosis del medicamento hipertensol y le ordenó controles semanales de monitoreo y tensión arterial. (“exposición espontánea” rendida ante la Procuraduría General de la Nación por parte del médico ginecoobstetra Guillermo Isaza Sánchez, vinculado al Hospital de la Policía Nacional –folios 411–414, cuaderno 3–).
12.2. El 30 de octubre de 1992, la paciente se presentó en el Hospital Central de la Policía Nacional en el cual le fue practicada una monitoría sin estrés y una monitoría con estrés, con el uso de oxitocina, por parte de médicos internos, sin presencia de médicos especialistas, luego de lo cual se le dio salida. (Copia auténtica de la “Historia Clínica No. 6764098 correspondiente a la paciente LOURDES EMILSE RANGEL, aportada al expediente por parte de la entidad demandada, por solicitud del tribunal a quo –folios 7–166, cuaderno 2–, y declaración de Héctor Ernesto Barbosa Landínez, quien al momento en que tuvieron ocurrencia los hechos cumplía en su condición de médico interno con la rotación por el servicio de ginecoobstetricia del Hospital de la Policía Nacional –folios 384–388, cuaderno 3–. En el mismo sentido, el “informe evaluativo” elaborado por la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación en el mes de diciembre de 1994, da fe sobre lo ocurrido en esa fecha –folios 459–489, cuaderno 3–).
12.3. En la tarde y noche del 30 de octubre la señora Rangel presentó molestias y malestar, al igual que en la mañana del 31 de octubre; no obstante, hacia el mediodía del 31 de octubre se sintió mejor y así estuvo a partir de entonces hasta la noche del 1 de noviembre. (Declaraciones del agente de la Policía Nacional, Josué Killian Cuervo Cuervo, esposo de la demandante, y declaraciones de la señora Lourdes Emilse Rangel Robles, ambas rendidas ante la Procuraduría General de la Nación en el curso de la investigación disciplinaria –folios 407 – 410 y 426 – 429, cuaderno 3–).
12.4. En la madrugada del 2 de noviembre la señora Rangel tuvo ruptura de membranas y se dirigió al Hospital Central de la Policía Nacional, donde el personal médico a cargo procuró inhibir las contracciones para retrasar el parto, a la espera de que hubiera una maduración pulmonar del feto que lo hiciera viable al nacer. (Declaración rendida ante el servicio del Hospital de la Policía Nacional por María Yolanda Torrente Valdez, en su condición de médico ginecoobstetra que atendió a la paciente en ese día –folios 19 – 20, cuaderno 3–).
12.5. El día 3 de noviembre de 1992 en las horas de la mañana se permitió por parte del médico especialista de turno que la madre continuara con las labores de parto espontáneo. (“Historia Clínica No. 6764098 correspondiente a la paciente LOURDES EMILSE RANGEL, aportada al expediente por parte de la entidad demandada, por solicitud del tribunal a quo –folios 7 – 166, cuaderno 2–).
12.6. El mismo día 3 de noviembre, hacia el mediodía, se procedió a practicar una cesárea, la que permitió hallar un varón, que venía en posición “de nalgas”, asfixiado, sin líquido amniótico, con ingestión de meconio y ruptura e infección de membranas. (“Historia Clínica No. 6764098” –folios 7–166, cuaderno 2–; declaración de Javier Eduardo Bonilla Amaya, médico ginecoobstetra al servicio del Hospital de la Policía Nacional –folios 14–18, cuaderno 3– y declaración de María Yolanda Torrente Valdez, médico ginecoobstetra al servicio de la misma institución –folios 19–20, cuaderno 3–, quienes le practicaron la cesárea).
12.7. Posteriormente, en la noche del mismo 3 de noviembre de 1992 se extrajo el útero y se ligaron los ovarios de la señora Rangel. (“Historia Clínica No. 6764098” –folios 7–166, cuaderno 2–).
12.8. El hijo de la señora Rangel falleció el 4 de noviembre de 1992, a las “00:40”, en la ciudad de “SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.”, como consecuencia de “INSUFICIENCIA VENTILATORIA”. (Copia auténtica del “REGISTRO DE DEFUNCIÓN” distinguido con el “INDICATIVO SERIAL 1462320” –folio 3, cuaderno 2–).
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