Informe añO 2013 principales acontecimientos del añO






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INFORME AÑO 2013
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DEL AÑO
El año estuvo marcado por una serie de definiciones judiciales en diversos casos emblemáticos, que dejaron al descubierto una situación generalizada de impunidad en los casos de trata de personas en Argentina. El fallo absolutorio en la causa por la desaparición de Marita Verón fue la gota que rebalsó el vaso. La ciudadanía, consciente, y cansada de la cadena de corrupción que termina facilitando el accionar del crimen organizado en Argentina, se manifestó en más de diez ciudades en todo el país –en algunos casos con violencia- en rechazo a la trata de personas y en un reclamo por justicia y verdad.
El Gobierno Nacional continuó atacando a las ONGs que combaten la trata de personas. El Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, vinculó mediante un tweet, que fue recogido por los medios de prensa, los saqueos que se produjeron el 19, 20 y 21 de diciembre “con los destrozos ocurridos la semana anterior en la Casa de Tucumán (en una marcha en la que Esclavitud Cero era una de las organizaciones convocantes), tras el fallo que absolvió a todos los acusados por el secuestro de Marita Verón”. Según el vicepresidente, los saqueos que tuvieron lugar en distintas ciudades del país "son una escalada organizada" para generar "caos".

http://www.perfil.com/contenidos/2012/12/21/noticia_0025.html?commentsPageNumber=3

Igual que en años anteriores, se intenta desacreditar el trabajo que desarrollan las ONGs que combaten la trata, vinculándolas con actividades “anti Argentinas”, lo cual constituye un riesgo, considerando la amplitud dada a la ley anti terrorista.

Esclavitud Cero sufrió la interceptación de sus comunicaciones por internet y personas extrañas –que podrían pertenecer a organismos de seguridad- se presentaron en una reunión que se había organizado por mail y que no había sido hecha pública ni comentada por otro medio. También se presentaron seguimientos y llamadas intimidatorias. La Congregación de las Hermanas Adoratrices, que tiene un convenio con Esclavitud Cero, sufrió el hackeo de su página web. También la ex Diputada Fernanda Gil Lozano, recibió amenazas que podrían provenir de los funcionarios de la Policía Federal, que están siendo investigados por la justicia en relación a actividades vinculadas con la trata de personas.

Asimismo, se censuró la posibilidad de elaborar una tercera declaración de Villa María, lo cual determinó el fracaso del Tercer Congreso del Interior contra la Trata de Personas. Las ONGs independientes están cooperando ahora en la organización del Congreso contra el Crimen organizado y la Trata de Personas, a realizarse el 3, 4 y 5 de abril en la UBA, oportunidad en la que podrán expresar libremente y de manera consensuada, en forma de declaración, las conclusiones del Congreso.
Al igual que en años anteriores, se continúa evidenciando el avance del crimen organizado en Argentina, en particular en lo que hace al tráfico de drogas, íntimamente ligado a la trata de personas. A finales de Octubre de 2012, fue detenido en Buenos Aires –a requerimiento de la DEA Henry De Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”, uno de los líderes del cartel Colombiano de Los Urabeños y el mayor proveedor de cocaína del cartel Mexicano de “Los Zetas”. El narcotraficante había ingresado al país a finales de 2011 con documentación falsa y se sospecha que habría hecho numerosos embarques hacia la Argentina. El informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, también da cuenta de un aumento de la venta de drogas en Villas y asentamientos de la Capital y el Gran Buenos Aires. Frente a ello, es imprescindible que la sociedad forme una alianza para combatir el crimen organizado, única posibilidad frente a una situación a la que claramente no se está haciendo frente de manera eficaz hasta el momento.

Posteriormente a las marchas en repudio al fallo absolutorio en el caso Verón, un dictamen para la modificación de la Ley 26.364, que había obtenido media sanción en el Senado el 31 de Agosto de 2011, y que se mantuvo “cajoneado” durante casi un año y medio (a pesar de los reclamos de las ONGs), fue rápidamente rescatado del olvido y aprobado sobre tablas. La Cámara de Diputados debía actuar como Cámara Revisora del proyecto. Sin embargo, no evaluó ni revisó el proyecto, que fue aprobado sin que la bancada mayoritaria aceptara cambio alguno. La urgencia por mostrar una reacción rápida que descomprimiera una situación casi explosiva, impidió un análisis sosegado de la norma propuesta. Sin embargo durante el debate sobre tablas, resultó claro que casi todos los legisladores ponentes consideraban que aún era necesario introducir modificaciones a la norma, incluidos representantes del oficialismo, con mayoría propia en la Cámara de Diputados.

El caso de Marita Verón no es el único caso que muestra la impunidad en el ámbito judicial en los casos de trata. A casi cinco años de la adopción de una ley específica contra la trata (26.364), los resultados de la persecución penal de la trata en el país resultan desalentadores. Mientras se sigue agravando la situación de la trata y se notan signos de aceleración, en particular en relación con las y los menores de edad, no existen soluciones de verdad, justicia y reparación para las víctimas.
Esclavitud Cero entiende que los remedios judiciales no están funcionando adecuadamente en Argentina. No son eficientes, eficaces ni oportunos. Ello no se resuelve con un cambio de legislación únicamente. Es necesaria una firme decisión política, que aún parece no llegar, de combatir el crimen organizado y la corrupción; de respetar la Constitución Nacional, las leyes y de cumplir las sentencias judiciales.
Este año hubo, además del fallo por el caso de Marita Verón, resoluciones judiciales que parecen entronizar la impunidad: fallos que no se corresponden con las pruebas existentes en la causa; fallos que no toman en cuenta las pruebas recolectadas, fallos discriminatorios, fallos que resuelven en contra de la legislación vigente. Por otra parte, la corrupción alcanza también al poder judicial en lo que hace a la oportunidad, las causas de trata se pierden en intricadas maniobras dilatorias, se enredan en los conflictos de competencia entre la justicia ordinaria y la Federal y el resultado es que las víctimas de trata no logran obtener verdad y justicia y, mucho menos logran la restitución de derechos y la reparación que les es debida. A continuación realizamos una reseña de los casos que este año parecen entronizar la impunidad.
FALLOS QUE CONSAGRAN LA IMPUNIDAD EN LA TRATA
NUESTRA HUELLA (discriminación hacia la Comunidad Boliviana y pruebas desestimadas)
En abril de 2008 un allanamiento del Juzgado Penal de Campana encontró en una granja de la Empresa Avícola “Nuestra Huella” a trabajadores y niños esclavizados, en viviendas precarias, entre el veneno, la sangre y el guano y rodeados de una alambrada electrificada para que no se escaparan del lugar.
El juzgado penal ordinario de Campana investigó las denuncias, realizó varios allanamientos y dio por acreditada la trata de personas con fines laborales por lo que giró la causa a la justicia Federal en el 2010. Un mes después, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, multó a la empresa en un millón de pesos por detectarle trabajo infantil en 30 granjas.
La empresa avícola Nuestra Huella que dirigen Leticia Luace y Alejandra López Camelo posee setenta granjas en la zona norte de Bs As y Córboba en la que explota a destajo a familias pobres que trae del exterior y del norte de nuestro país con mecanismos de trata y tráfico de personas.
Las filmaciones de la Alameda en 2008 y 2009 acreditan la situación de servidumbre, el trabajo infantil y la manipulación y contacto con agroquímicos y filma a uno de los niños explotados: Ezequiel Ferreyra. El niño, enferma posteriormente y muere en el 2010, a causa de un tumor cerebral producido por la manipulación de agroquímicos en edad muy temprana. No es el único niño enfermo en la granja y también hay adultos enfermos.
La UFASE también investiga el caso y presenta una denuncia por el mismo caso ante el Juez Federal Adrián Gonzalez Charvay. Cuando en 2010, el juzgado ordinario de Campana declina su competencia y pasa el caso al Juez Federal Gonzalez Charvay, éste sorprendentemente rechaza la causa 2199/08 que le remite el Juzgado de Garantías en lo penal de Campana. En dicha causa se acreditaba, luego de tres años de investigación, la reducción a la servidumbre, el trabajo infantil y la trata de personas con fines de explotación laboral en Nuestra Huella. Sin embargo el Juez Federal rechaza la causa y desestima todo el trabajo desarrollado por los jueces ordinarios y también las múltiples pruebas que llevaron al juzgado ordinario a declararse incompetente por entender que estaba frente a un caso Federal, de trata de seres humanos.
El 24 de mayo de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el informe de la relatora especial sobre trata de personas Joy Ezeillo acerca de la Argentina en la que se destacan en varios párrafos la escandalosa impunidad de los directivos de Nuestra Huella ante el cúmulo de pruebas reunidas
El 12 de octubre de 2011, sin tener en cuenta todas las pruebas y en base a allanamientos que se produjeron años después de la denuncia inicial, el Juez Federal de Zarate-Campana, Adrián González Charvay, resuelve sobreseer a los dueños de la empresa avícola Nuestra Huella (Leticia Luace, Alejandra Lopez Camelo y Lucia Peressa) por los delitos de trata de personas y contaminación peligrosa para la salud. Los fiscales de la causa, sorprendentemente no apelan esta sentencia insólita, a pesar del hecho de que el propio Ministerio Público Fiscal, a través de la UFASE, había abierto un sumario e investigación sobre el caso y de que existía un dictamen lapidario del INADI (Instituto Nacional Anti Discriminación) sobre esta causa, que consideró que existía una discriminación hacia las personas de nacionalidad Boliviana que trabajaban en Nuestra Huella.
La organización La Alameda se presenta como querellante de las víctimas y apela el sobreseimiento y también apela el rechazó del juez federal de Campana Adrián González Charvay, pero el juez rechaza la apelación. La Alameda vuelve a presentar un recurso de queja ante la Cámara Federal de San Martín, el cual también es rechazado en 2012.
Es necesario indicar que la presidenta de la empresa “Nuestra Huella”, Alejandra López Camelo es la prima del actual Intendente de Pilar, Humberto Zuccaro y que su cuñado Jorge Herrera, es el titular de la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), sindicato de trabajadores rurales de la zona. La complicidad, tanto de la intendencia como del sindicato local resultó evidente durante los años que lleva la causa. Existen, incluso, grabaciones donde un dirigente local de UATRE ofrece dinero a las víctimas a cambio de que levanten las denuncias presentadas.


En este marco de complicidad y encubrimiento, la increíble, arbitraria y vergonzosa sentencia del Juez Federal Adrián González Charvay no resulta sorprendente. El juez siempre se negó a unificar las causas y a recibir la causa que se tramitaba en la justicia ordinaria penal de Campana que había acreditado la trata de personas. Gracias a este ardid, se limitó a juzgar a los dueños de Nuestra Huella sólo a partir de allanamientos realizados años después de las primeras denuncias, cuando las condiciones en la granja no eran las mismas, logrando así de manera espuria, sobreseer a todos los directivos de la Empresa denunciada. La muerte de Ezequiel Ferreyra sigue impune, así como quedarán seguramente impunes, las próximas muertes que se produzcan entre los trabajadores sometidos a trata en “Nuestra Huella”.
DESAPARICIÓN DE MARÍA DE LOS ANGELES VERÓN. (discriminación hacia las víctimas de trata para explotación sexual)
El caso de la desaparición de Marita Verón es ampliamente conocido no sólo en Argentina sino en el mundo entero, por lo que no nos detendremos en los pormenores de la causa. Diremos sí, que la larga investigación llena de obstáculos y trampas procesales dilatorias, podría ya constituir denegación de justicia. Tomó 10 años llegar al juicio oral.
Resulta claro que Marita Verón fue secuestrada y vendida a una red de trata, que fue explotada sexualmente en la Rioja y que fue trasladada a España, luego de lo cual se pierde el rastro.
Muchas víctimas de trata de personas declararon en el juicio y hay otras tantas que no lo hicieron por miedo a las represalias. El mismo juez que intervino en la causa declaró a la prensa estar convencido de que el Chenga Gómez y su ex mujer (dos de los principales imputados) regenteaban una red de prostíbulos. Frente a la contundente evidencia que en Argentina nadie discute, el fallo absolutorio de los 13 imputados, no tiene una explicación razonable. Tampoco se explica porqué los funcionarios públicos involucrados no fueron investigados y la razón por la cual esta familia de proxenetas, algunos de cuyos miembros tienen amplio prontuario se encuentran libres y siguen reclutando y explotando mujeres.
Evidentemente, los jueces no consideraron válidos los testimonios de las víctimas que declararon en el juicio, hecho que podría constituir una actitud discriminatoria hacia las mismas. Más abajo citamos la apreciación elaborada por el Dr. Marcelo Colombo, titular de la UFASE respecto al fallo.
CAUSAS QUE SE ETERNIZAN EN EL TIEMPO MIENTRAS LOS TRATANTES, LIBRES CONTINÚAN RECLUTANDO Y EXPLOTANDO PERSONAS

Jueces Salazar Nina
En el año 2005, se denunció la existencia de un taller que utilizaba trabajo esclavo, perteneciente a Salazar Nina y fue clausurado. La Alameda, la Defensoría del Pueblo, con mi acompañamiento como representante de la OIM (proyecto FOINTRA) tomamos las declaraciones en base a las cuales se elaboró la denuncia.
Una decena de costureros eran explotados salvajemente en el taller de la Calle Garzón 3853, en el bajo Flores. La declaración de “Pedro” (nombre ficticio) se utilizó luego en la campaña de información pública de la OIM, y fue textualmente recogida de estas declaraciones ya que pintaban de cuerpo entero el sistema de servidumbre que se utiliza normalmente en los talleres textiles en Argentina; Captación en Bolivia, jornadas de trabajo de 14 a 16 hroas; condiciones infrahumanas de trabajo, desnutrición grave y aguda de los y las costureras, importantes restricciones a la libertad ambulatoria; no pago de los salarios prometidos; violencia y malos tratos, amenazas de deportación, victimas indocumentadas. Todo ello se desarrollaba con la connivencia de la Comisaría nro 40 que lindaba en los fondos con el taller. Dichos talleres confeccionaban las prendas para las empresas Montagne y Lacar.

 

A fines de octubre del 2005 el Juzgado Federal de Norberto Oyarbide allanó los dos talleres y las oficinas de las dos marcas denunciadas, para luego declararse incompetente en un incomprensible movimiento dilatorio, pretendiendo que no existía un delito federal. Afortunadamente, la Cámara Federal de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia de Oyarbide y le ordenó, no sólo continuar investigando el caso, sino también investigar a las marcas y talleres denunciados en el ámbito de la Capital Federal.  En mayo de 2007, Oyarbide vuelve a allanar los talleres clandestinos de Salazar Nina y Remedios Flores, junto a otra docena de talleres. Al poco tiempo resuelve procesar a los talleristas por reducción a la servidumbre y explotación de indocumentados. La Cámara Federal confirma el fallo y eleva las actuaciones al Tribunal Oral Nº 6

 

Así  se inicia  una causa que engloba a 106 marcas y a más de seiscientos talleres clandestinos que utilizan trabajo esclavo. La causa se encuentra hoy en el Juzgado de Julián Ercolini (Salazar Nina, Remedios Flores y otros s/reducción a la servidumbre e infracción a la ley 25.871) y, con una demora de siete años, que ya podría ser considerada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como denegación de justicia, recién en 2013 se iniciará el juicio oral.

 
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