Aprobado acta No. 227






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Única Instancia 30460

P/. Sergio García Torres, Pedro Monsalve

Angarita y Fabio Garrido Giraldo

República de Colombia



Corte Suprema de Justicia





Proceso n.º 30460



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL





Magistrado Ponente

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
Aprobado acta No. 227



Bogotá D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil diez (2010)
VISTOS
Procede la Sala a dictar sentencia dentro del proceso adelantado al almirante (r) SERGIO EDILBERTO GARCÍA TORRES, al Vicealmirante (r) PEDRO RAFAEL MONSALVE ANGARITA y al Contralmirante (r) FABIO GARRIDO GIRALDO, quienes fueran acusados por el Fiscal General de la Nación en calidad de determinadores de la conducta punible de falsedad ideológica en documento público, los dos primeros en concurso homogéneo.

HECHOS Y ACTUACIÓN
La Armada Nacional celebró los contratos 742 del 16 de octubre de 1997; 08, 09 del 27 de marzo y 025 del 6 de abril de 2008, cuyo objeto era la realización de estudios preliminares y construcción de un muro de contención en la Isla Naval de Buenaventura, el mantenimiento y reparaciones de unidades a flote, submarinas y auxiliares y el suministro de dos (2) ametralladoras punto cincuenta (.50). Siendo Comandante el Almirante SERGIO EDILBERTO GARCÍA TORRES, Segundo Comandante el Vicealmirante PEDRO RAFAEL MONSALVE ANGARITA y Jefe de material naval el Contralmirante FABIO GARRIDO GIRALDO1, pese a no haber sido ejecutadas las obras, prestados los servicios y suministrado el material contratados, se dieron por ejecutados los mencionados contratos.
Una auditoría adelantada por la Oficina de Control Interno de la Armada, detectó la existencia en el Fondo Rotatorio de unos depósitos constituidos con los recursos correspondientes a los citados contratos; estableciéndose que en una reunión llevada a cabo en el Comando de la Armada Nacional con la participación de otros oficiales, el alto mando -para evitar el reintegro de los recursos al Tesoro Nacional por falta de ejecución y la reiniciación del trámite para su consecución al año siguiente- ordenó que se elaboraran las actas en las que se daban por recibidas las obras y los suministros contratados.
El 24 de mayo de 2006, el Fiscal General de la Nación dispuso la apertura de instrucción contra el Almirante (r) SERGIO EDILBERTO GARCÍA TORRES, el Vicealmirante (r) PEDRO RAFAEL MONSALVE ANGARITA y el Contralmirante (r) FABIO GARRIDO GIRALDO, “por las hipótesis delictivas de falsedad ideológica en documento público, a título de determinadores, y por los demás supuestos típicos que llegaran a configurarse”2.
El 8 de mayo de 20073, el Fiscal General con fundamento en lo previsto por el artículo 357 de la ley 600 de 2000 consideró “que no procede resolver su situación jurídica”, disponiendo en su lugar el cierre de la investigación adelantada contra los referidos oficiales.
El 18 de junio de 20084, el Fiscal General de la Nación profirió resolución de acusación contra el Almirante (r) SERGIO EDILBERTO GARCÍA TORRES, el Vicealmirante (r) PEDRO RAFAEL MONSALVE ANGARITA y el Contralmirante (r) FABIO GARRIDO GIRALDO, como determinadores del delito de falsedad ideológica en documento público -artículo 219 del Decreto 100 de 1980-, los dos primeros en concurso homogéneo de delitos; decisión que mantuvo incólume5.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia asumió el conocimiento del juzgamiento de los citados Almirantes, con fundamento en lo previsto por el numeral 6 del artículo 75 de la ley 600 de 2000 en concordancia con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 235 de la Carta Política, competencia que no ha sido discutida ni puesta en duda en razón a su condición de aforados y la relación del delito imputado con las funciones por ellos desempeñadas.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESADOS
SERGIO EDILBERTO GARCÍA TORRES nació el 4 de mayo de 1943 en Chiquinquirá (Boyacá), se identifica con la cédula de ciudadanía número 9.055.977 de Cartagena, casado con Rosario González, padre de cuatro (4) hijos, oficial naval en uso de retiro y reside en la carrera 7ª número 107A-13, apartamento 202 de esta ciudad.
PEDRO RAFAEL MONSALVE ANGARITA nació el 26 de abril de 1946 en Cabrera (Santander), se identifica con la cédula de ciudadanía número 9.055.980 de Cartagena, casado con Berta Cecilia Rentería, oficial naval en uso de retiro y reside en la calle 119A número 12-31, apartamento 503 de esta ciudad.
FABIO GARRIDO GIRALDO nació el 10 de mayo de 1949 en Montería (Córdoba), se identifica con la cédula de ciudadanía número 6.863.035 de esa ciudad, casado, oficial naval en uso de retiro y reside en la diagonal 143 número 29-65, apartamento 503 de Bogotá.

DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
1. Del Fiscal
Después de referirse a los hechos que dieron origen a la investigación y al entendimiento que la doctrina y la jurisprudencia le dan a la falsedad en cualquiera de sus modalidades, señala que la falsedad ideológica en documento público no requiere de cotejo para su estructuración, es un tipo penal de resultado objetivo, de conducta instantánea, pluriofensiva, cuyo verbo alternativo consiste en consignar una falsedad o callar total o parcialmente la verdad.
Considera que la conducta de falsedad ideológica en documento público se estructura cuando mediante las actas se dan por recibidas las obras, las armas adquiridas y liquidan los contratos 742 de octubre 16 de 1997, 939 de 1997, 08 y 09 de 1998, lo cual no era cierto, todo por instrucciones surgidas de la reunión del alto mando con el propósito de evitar que los dineros de los referidos contratos fueran devueltos al Tesoro Nacional al final de la correspondiente vigencia fiscal.
Las actas cuestionadas fueron el medio para lograr el objetivo pretendido, actuar que no se limitó a la suscripción del documento espurio sino también a su utilización, en la medida que permitió la legalización de cada una de las obras contratadas, sin que ciertamente se hubieran ejecutado las mismas, esto es, contenían hechos y circunstancias alejadas de la realidad.
Respecto de la imputación, manifiesta que la determinación es la acción de la persona que a través de órdenes, instrucciones, regalos, promesas, amenazas, violencia, etc., o de cualquier medio que resulte propicio o adecuado, logra que otra ejecute u omita una conducta típica y antijurídica, de manera que el inductor hace nacer la idea criminal que finalmente se lleva a cabo.
En cuanto a la responsabilidad penal de cada uno de los acusados, en el caso particular del almirante (r) SERGIO GARCÍA TORRES sostiene que aunque éste manifestó no recordar la reunión y menos haber impartido la orden o instrucción para obrar ilegalmente, los medios de convicción indican otra cosa, pues la ausencia de prueba documental acerca de la orden impartida por el alto mando de la Armada Nacional, no impide concluir que la misma provino de ese organismo.
Señala que la realización de la reunión, los temas tratados y las órdenes impartidas aparecen acreditadas con las declaraciones de los intervinientes, quienes destacan que el Almirante (r) GARCÍA TORRES dio la instrucción u orden objeto de reproche penal, “sin soslayar que en la milicia los deseos del Comandante son una orden”, como lo ilustraran los capitanes de navío Germán Sahid Castaño y Raúl García Arias, para la época directores del Fondo Rotatorio y de Abastecimiento de la Armada Nacional.
Agrega que en el mismo sentido se refirió el vicealmirante (r) PEDRO MONSALVE ANGARITA, Segundo Comandante de la Armada Nacional, de ahí que la constitución de los depósitos y la elaboración de las actas correspondan a órdenes del alto mando, lo cual condujo en su oportunidad al Tribunal Superior de Bogotá a absolver a los determinados con excepción del Director del Fondo Rotatorio de la Armada Nacional, al concluir que obraron en cumplimiento de órdenes impartidas por el almirante GARCÍA TORRES.
A juicio del Delegado no es posible desconocer que la referencia a una orden impartida por el Comandante de la Armada, coadyuvada por otros miembros de la cúpula, fue la condición que determinó o provocó de manera eficaz el surgimiento de la conducta delictiva en el mundo material en concurso homogéneo.
En su sentir, la determinación no requiere la exposición a voces de lo pretendido, bastando una señal o la indicación de un evento antijurídico, más aún cuando la orden o instrucción se imparte por personas que conocían el tema y tenían claridad sobre los alcances de la conducta.
Pretender que los suscriptores de los documentos actuaron motu proprio, es desconocer el régimen castrense en que actuaban y la obediencia debida a los superiores; sin la mutación de la verdad, no era posible mantener en las arcas de la Armada los dineros provenientes de los contratos que no se habían ejecutado, como tampoco puede aceptarse que la conducta no constituya delito por el hecho de corresponder a una costumbre al interior de esa entidad.
De otro lado, el vicealmirante (r) MONSALVE ANGARITA reconoció su participación en la reunión del último semestre de 1998 en la cual la problemática contractual fue tratada, se convino en dar por recibidas las obras y constituir los depósitos con los dineros provenientes de los contratos sin ejecutar; orden que inicialmente provino del Comandante de la Armada Nacional y contó con el aval y respaldo del Segundo Comandante, como éste lo acepta y los intervinientes lo reiteran.

Manifiesta que por el cargo desempeñado, la atención en el desarrollo de los contratos, las reuniones presididas con sus responsables, y la convocatoria de la reunión en la cual se adoptó la decisión que se reprocha, el vicealmirante (r) MONSALVE ANGARITA en lugar de oponerse a la orden, la consintió.
Desde esa perspectiva, no se justifica su comportamiento bajo el argumento de la urgencia de evitar la devolución de los recursos y satisfacer las necesidades de la Armada Nacional, mientras que las normas legales presupuestales permiten salidas distintas -reserva de caja o de apropiación- a la finalmente adoptada.
Para la Delegada resulta claro que el vicealmirante (r) MONSALVE ANGARITA, como los demás asistentes a la reunión, sabía que le era imposible conservar los dineros y constituir los depósitos, decidiendo contrariar las normas legales mediante el falseamiento de la verdad y ordenando la consignación de hechos, cuya falta de veracidad era fácilmente verificable.
Advierte que en el proceso el móvil del delito no fue la apropiación de los dineros, su uso o destinación diferente, porque lo que buscaron fue evitar su restitución al Tesoro Nacional y garantizar la realización del objeto para el cual habían sido asignados, claro está que en ese propósito era necesario afectar la fe pública.
El comportamiento de los aforados GARCÍA TORRES y MONSALVE ANGARITA no comprende el acta del 7 de agosto de 1998, por medio de la cual se dan por recibidas las obras correspondientes a los contratos números 08 y 09 de 1998, porque se realizó en fecha anterior a la reunión en la cual bajo una unidad de orden, se dispuso elaborar las actas faltando a la verdad de los hechos consignados en ellas.
Por su parte, el contralmirante (r) GARRIDO GIRALDO al no asistir a la reunión llevada a cabo el último trimestre de 2008, sólo debe responder por el hecho que contiene aquella acta -la de agosto 7 de ese año-, mediante la cual se dan por recibidos los trabajos contratados para el buque ARC Buenaventura.
A pesar que los medios probatorios indican que el aforado cumplía la función de asesor, era el encargado de asignar los recursos presupuestales y por consiguiente debía estar pendiente de su ejecución.
Según lo establecido, el control, vigilancia y desarrollo del objeto de contrato se ejercía por medio de un supervisor designado por el Segundo Comandante de la Armada Nacional, en coordinación con el jefe de material naval; atribución que el mismo contralmirante (r) GARRIDO GIRALDO admitió en declaración rendida ante la Fiscalia, cuando afirmó que nombró un interventor con ese fin.
Por eso puede afirmarse sin vacilación, que en virtud de ella supervisaba la debida ejecución de los contratos relacionados con las unidades navales, de cuya actividad surge el conocimiento, así fuera indirecto, de la situación real de cada uno de ellos; sin que pueda aducir desconocimiento acerca de lo sucedido con dicho contrato, cuando además recuerda que le pidió al director del Fondo Rotatorio que creara un depósito para utilizar los dineros en las reparaciones y adecuaciones faltantes en la base naval de Málaga.
De las afirmaciones, se infiere que el Contralmirante dio la instrucción para que el director del Fondo Rotatorio de la Armada constituyera un depósito a favor de la Jefatura de Material Naval, precisamente a cargo del procesado, lo cual le permitió días después disponer de una partida para ser utilizada en el pago del contrato interadministrativo 13 de 1998.
Ese grado de conocimiento del estado de ejecución de los contratos, independientemente de la existencia de un garante para cada uno de ellos, deviene del hecho que la responsabilidad al interior de la Armada Nacional recaía en el Jefe de Material Naval tal como lo aseverara el Director del Fondo Rotatorio.
Por lo demás, el informe parcial de la auditoría al sistema de control interno de dicho Fondo, deja sin fundamento la tesis de la defensa según la cual el aforado no pudo ser determinador porque para la fecha en la cual el depósito fue constituido se encontraba retirado de la Armada Nacional, lo cual no es cierto. Además, la información obrante en la actuación muestra que en ese organismo era costumbre certificar el cumplimiento de contratos sin ejecutar, para evitar la devolución de los recursos al Tesoro Nacional.
La conducta reprochada a los oficiales retirados es antijurídica, en la medida que la confianza que el Estado y la sociedad les otorgan a los documentos públicos resultó afectada, al igual que la potencialidad probatoria de los mismos, cuando se quiso evidenciar unos hechos no ocurridos para evitar la sanción a la entidad pública que recibió los recursos pero que no los ejecutó dentro del año fiscal correspondiente.
El interés de los aforados por crear una falsa realidad, deja en evidencia que actuaron con conciencia y voluntad en la realización de las conductas delictivas, las cuales son reprochables a título de dolo.
Pide en consecuencia condenar al almirante (r) SERGIO EDILBERTO GARCÍA TORRES, al vicealmirante (r) PEDRO RAFAEL MONSALVE ANGARITA y al contralmirante (r) FABIO GARRIDO GIRALDO, Comandante, Segundo Comandante y Jefe de Material Naval de la Armada Nacional respectivamente para la época de los hechos, como responsables del delito de falsedad ideológica en documento público agravado, en concurso homogéneo para los dos primeros, a título de determinadores.
2. Almirante (r) SERGIO EDILBERTO GARCÍA TORRES
Sostiene sin modificaciones lo que desde un principio dijo: que no dio la orden ni la instrucción para la constitución de los depósitos con los recursos de los contratos sin ejecutar, de los cuales se le acusa.
Después de puntualizar la naturaleza, función y órdenes del Fondo Rotatorio de la Armada Nacional; referirse a la obediencia debida en el estamento militar y a la obediencia ciega, insiste en que no recuerda la reunión mencionada en el proceso, pero que tiene el convencimiento de que allí ninguna orden se impartió.
Aduce que no existen actas o documentos que demuestren la realización de la reunión, en la cual se dan las órdenes que eran competencia exclusiva del Segundo Comando de la Armada Nacional, institución en la que sus miembros son respetuosos de las funciones asignadas a cada uno de ellos; mientras que en su minuta personal, que de su puño y letra llevaba su ayudante Juan Carlos Orozco, no ha encontrado datos acerca de esa reunión.
Las órdenes del Comandante por su trascendencia se dan por escrito, mediante radiogramas a organismos fuera de Bogotá y señales a los locales. Los actos administrativos conllevan una orden escrita con fundamento legal; jamás se dan órdenes de ese tipo de manera verbal.
Pone de manifiesto lo que a su juicio constituyen contradicciones del vicealmirante (r) MONSALVE ANGARITA, para advertir que la acusación se sustenta en versiones y testimonios que carecen de soporte fidedigno como evidencia de los hechos reales que llevaron a los firmantes de las actas a tomar la decisión de suscribirlas.
En su opinión, dentro del proceso existe copia de la injurada del Director del Fondo Rotatorio de la Armada -entidad autónoma y dependiente del Ministerio de la Defensa-, en la cual declara su responsabilidad en los hechos y manifiesta que tal acto era consuetudinario, de tal modo que no se requería de orden para firmar las actas y crear los fondos.
En el año de 1998, la situación de orden público en el país era delicada debido a las actuaciones de la subversión, razón por la cual el Ministro de la Defensa asume la parte política administrativa apoyada en los Segundos Comandantes de las Fuerzas Armadas, en quienes delega esa función, mientras que la parte operativa la dirige el Comandante General a través de los Comandantes de las Fuerzas, aspecto que pide tener en cuenta a favor de su defensa.
Reitera que al vicealmirante (r) MONSALVE ANGARITA, en su condición de Segundo Comandante de la Armada, le estaba atribuida la función administrativa; que la reunión no la hubo y la información de la ejecución presupuestal seguramente le fue entregada en una reunión informal e insiste en que las órdenes se dan a través de señales, radiogramas o directivas, pero no con guiños, lenguajes sobre entendidos o sutilezas como se sugiere en la acusación.
Los siete oficiales que firmaron las actas se contradicen en sus declaraciones; sólo dos de ellos afirman que hubo la reunión y se impartió la orden, los mismos que asistieron a una reunión previa con el Vicealmirante en la que se tomó la decisión de que los recursos no se debían reintegrar, otros dos que dicen haber recibido la orden del director del Fondo Rotatorio y los restantes que lo hicieron por convicción.
Considera que esas declaraciones no constituyen fundamento probatorio de la existencia de la reunión, que la acusación se sustenta en el parecer del Fiscal Delegado ante la Corte quien omite analizar las versiones de los oficiales rendidas en otro proceso sin su presencia y que se le está atribuyendo una responsabilidad objetiva.
Bajo el supuesto de su inocencia solicita la absolución de los cargos por los cuales se le acusa, no sin antes hacer mención a su hoja de vida y de servicios a la Armada Nacional, recordando que el Director del Fondo Rotatorio de esa institución, el capitán German Sahid Castaño, paga las consecuencias del error cometido.
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