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CONSEJO INDIO EXTERIOR

Inscripta en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior de España con el número 14899- Asociación sin fines de lucro


CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL ANTE NACIONES UNIDAS-CERD

Informes




Mario Agreda Uzeda y Micaela Agreda Benavente

Febrero de 2011



“Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio racial” Albert Einstein



INDICE

Introducción………………………………………………………….pg 3

Informes:

  • Amnistía Internacional-España………………………………pg 4

  • Movimiento Contra la Intolerancia…………………………..pg 12

  • Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo……...pg 14

  • Movimiento Indio de América………………………………..pg 14

Conclusiones………………………………………………………...pg 15

INTRODUCCIÓN

El estado español presenta su informe para ser examinado por la CERD, órgano de las Naciones

Unidas en Ginebra-Comité Contra el Racismo y la Discriminación Racial.

Una vez leído su informe extraemos algunos párrafos del mismo:

Constituye discriminación indirecta todo tratamiento derivado de la adopción de criterios que perjudiquen a los trabajadores por su condición de extranjeros o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

20. De igual manera, la ley también considera, a propósito del régimen sancionador que en la misma se regula, como infracción administrativa muy grave, "la realización de conductas de discriminación por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos, en los términos previstos en el artículo 23, siempre que el hecho no constituya delito" (art. 54 1) c)).

9. En su redacción final el informe también se refirió a las indicaciones realizadas por los Comités, en el sentido de que los informes periódicos sean concisos, analíticos y centrados en cuestiones fundamentales de la aplicación de la respectiva Convención. En este sentido, se ha procurado unificar la información dada y, como consecuencia de ello, se ha logrado reducir considerablemente la extensión del presente informe de España, respecto del anterior garantizando en todo momento la transmisión de la información esencial respecto de los fines perseguidos, que no son otros que la protección y desarrollo de los derechos que asisten a los grupos de población más vulnerables de nuestra sociedad. En este sentido destaca la inclusión en su anexo I del Estudio sobre el Programa de Desarrollo Gitano y en su anexo II el análisis del seguimiento de las recomendaciones formuladas por el Comité al último informe.

El Consejo Indio Exterior , asociación civil sin fines de lucro ha realizado un informe basado en hechos concretos que fueron consultados a diferentes instituciones reconocidas a nivel nacional e internacional y demuestra que el estado español no cumple con todos los acuerdos firmados contra el racismo, la intolerancia y la xenofobia, como queda demostrado en los siguientes informes de:

  • Amnistía Internacional-España,

  • Informe Ecri

  • Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo de la Universidad Complutense de Madrid

  • Movimiento Contra la Intolerancia

  • Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo

  • Movimiento Indio de América.

INFORMES

  • Informe de Amnistía Internacional: Glosario

Acoso: El acoso constituirá discriminación cuando se produzca un comportamiento no deseado relacionado con el origen racial o étnico que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, u ofensivo. (según la Directiva 2000/43/CE).

CERD (Committee on the Elimination of Racial Discrimination): El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la:

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminació Racial de Naciones Unidas, por sus Estados Partes.

CETS (Council of Europe Treaty Series): Catálogo de Tratados del Consejo de Europa. Los Convenios y acuerdos abiertos a la firma entre 1949 y 2003 se publicaron en “European Treaty Series” (ETS números del 001 al 193 inclusive). Desde 2004, esta catalogación se conoce como “Council of Europe Treaty Series” (CETS Nº 194 y siguientes).

Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico (Consejo de Igualdad de Trato): Se creó mediante el artículo 33 de la Ley 62/2003. Está adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Sus fines son la promoción del principio de igualdad de trato y no-discriminación, de las personas por su origen racial o étnico, en la educación, la sanidad, las prestaciones y los servicios sociales, la vivienda, y en general, la oferta y el acceso a cualesquiera bienes y servicios, así como el acceso al empleo. En febrero de 2008 no había iniciado sus actividades.

ECRI (European Commission against Racism and Intolerance): La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa es un órgano de vigilancia y de lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia en toda Europa, que actúa desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos.

FRA (European Union Agency for Fundamental Rights): La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea nació el 1 de marzo de 2007. Tiene como objetivo proporcionar a las instituciones de la Comunidad y a los Estados miembros, ayuda y asesoramiento en materia de derechos fundamentales con el fin de ayudarles a respetarlos plenamente. La Agencia no tiene competencias para examinar denuncias individuales.

Inversión de la carga de la prueba: Corresponderá a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, de dicho principio alegue, ante un tribunal u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta. No se aplica a los procedimientos penales. (según la Directiva 2000/43/CE).

OBERAXE (Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia): se creó mediante el artículo 71 de la Ley Orgánica 14/2003. Está adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Sus objetivos son aportar un diagnóstico periódico de la situación del racismo y la xenofobia en España, establecer redes de comunicación con organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en la lucha contra la discriminación y apoyar técnicamente al Consejo de Igualdad de Trato.

Principio de igualdad de trato: Ausencia de toda discriminación, tanto directa como indirecta, basada en el origen racial o étnico. (según la Directiva 2000/43/CE).

RAXEN (European Racism and Xenophobia Information Network): La Red Europea de Información sobre Racismo y Xenofobia trabaja mediante un conjunto de centros de coordinación en cada Estado miembro de la UE, que recopilan datos e información sobre racismo, xenofobia y antisemitismo en el plano nacional. Suministraba información al Observatorio del Racismo y la Xenofobia de la Unión Europea (EUMC) y ahora a la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA).

Represalias: Cualquier trato adverso o consecuencia negativa que pueda producirse como reacción ante una reclamación o ante un procedimiento destinado a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato. (según la Directiva 2000/43/CE).

TJCE (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas): Es una institución de la Unión Europea (27 Estados miembros), con sede en Luxemburgo, que cumple la función de órgano de control del Derecho comunitario europeo. A través de su jurisprudencia, el Tribunal ha establecido la obligación de las administraciones y de los órganos jurisdiccionales nacionales de aplicar plenamente el Derecho comunitario y de proteger los derechos que éste otorga a los ciudadanos, descartando para ello cualquier disposición contraria del Derecho nacional, ya sea anterior o posterior a la norma comunitaria (primacía del Derecho comunitario sobre el Derecho nacional).

Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Es un órgano judicial, con sede en Estrasburgo, ante el que pueden presentarse, en determinadas circunstancias, denuncias de violaciones de los derechos reconocidos en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa (CETS No. 005), ratificado por 47 Estados. Todo Estado parte o individuo que alegue ser víctima de una violación del Convenio puede presentar una demanda ante el Tribunal. El Comité de Ministros del Consejo de Europa es el responsable de controlar la ejecución de las sentencias.

  • Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, párrafo 79. Durban, Sudáfrica, Septiembre de 2001

Introducción

El racismo es un ataque contra el concepto mismo de la universalidad de los derechos humanos, ya que de forma sistemática niega a ciertas personas el pleno disfrute de sus derechos humanos sólo por su color, raza, etnia u origen nacional. Ataca directamente el principio fundamental sobre el que se basa la Declaración Universal de Derechos Humanos: que los derechos humanos son inherentes a la persona y que deben disfrutarlos todas sin distinción. Socava también cualquier derecho del ser humano, ya sea civil, político, económico, social o cultural. El racismo infecta, en varios grados y de diversas formas, a todos los países del mundo.

La prohibición de la discriminación racial constituye un principio general del derecho internacional, presente en todos los principales instrumentos de derechos humanos. La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, aprobada en 1965 y ratificada por 157 Estados, esboza derechos y una serie de medidas para la eliminación de la discriminación racial en todas sus formas.

En España, a una comunidad gitana tradicionalmente marginada se ha sumado en los últimos años, en un contexto de aumento de la inmigración, la presencia de importantes colectivos de diferentes nacionalidades. Amnistía Internacional, así como diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de ámbito nacional e internacional, ha mostrado su preocupación por la persistencia –y en algunas esferas, incremento– de situaciones de discriminación, racismo y xenofobia contra ciudadanos extranjeros y miembros de minorías étnicas en la sociedad española. Así lo muestra la continuidad –y extensión a lo largo del territorio español– de situaciones de discriminación en el mundo laboral, vivienda, educación, acceso a lugares de ocio, así como de incidentes racistas y abusos a manos de particulares y casos de malos tratos o torturas con un componente racista a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado.

Sin embargo, España no cuenta con datos oficiales que permitan conocer el alcance y la magnitud del racismo en el país. De hecho, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, España es uno de los cinco países de la Unión que no publica datos oficiales sobre incidentes, denuncias o delitos racistas.

Los datos sobre la percepción que tiene la población española tanto de la comunidad gitana como de las personas extranjeras que llegan al país, dibujan un panorama lleno de prejuicios y de creciente hostilidad.

(http://eumc.europa.eu/eumc/material/pub/racism/report_racism_0807_en.pdf) (consulta del 25/03/2008). En el último informe sobre España de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (en adelante ECRI) de 2005, se menciona el dato de que seis de cada diez personas asociaban de algún modo la delincuencia con la inmigración 3. Sin embargo, este contexto no ha inducido a las autoridades españolas a tomar medidas de envergadura para luchar contra el racismo y la discriminación. Según el informe de agosto del 2007 de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sólo había cinco países en la Unión que no habían puestoen marcha un organismo nacional de lucha contra la discriminación racial: Alemania, República Checa, España, Luxemburgo y Malta.

Este informe repasa las medidas impulsadas por los Gobiernos españoles en los últimos años para abordar la lucha contra el racismo, a la luz de las obligaciones y compromisos internacionales suscritos por el Estado español. Medidas que, en opinión de Amnistía Internacional, resultan claramente insuficientes para cumplir con los compromisos adquiridos. Tras este análisis se hacen públicas las recomendaciones de la organización a las autoridades estatales, autonómicas y locales.

La Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia que se celebró en septiembre de 2001 en Durban, Sudáfrica, recordó que el combate y la denuncia del racismo es tarea de todos, pero especialmente de las autoridades públicas y de los políticos. Subrayó, como deber de los Estados, la aprobación de medidas rápidas, decisivas y apropiadas para eliminar todas las formas de racismo y xenofobia. No cumplir con esta obligación es un factor que alienta la perpetuación del racismo en España.

  1. Contexto español

Hasta hace no más de dos décadas, la diversidad étnica o racial en España prácticamente se circunscribía a la existencia de una comunidad gitana heredera de un legado de siglos de persecución y discriminación. No existen en España datos oficiales que permitan conocer la magnitud o alcance del racismo. Las carencias relativas al registro y análisis de datos sobre incidentes de índole racista, tanto en la fase policial como en la judicial, así como la ausencia de órganos independientes de investigación impiden conocer con precisión las dimensiones de la discriminación racial en España.

  1. La comunidad gitana: un legado de siglos de discriminación

El anterior Comisionado de los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil Robles manifestaba que “incluso en los países donde las personas gitanos han vivido durante siglos, son vistos con frecuencia por la mayoría de la población como los “otros”, como extranjeros en sus propios países.”Tal sería el caso de España en la que, a pesar de las medidas que se han adoptado en los últimos años. Fundación Secretariado Gitano: “Población gitana y empleo: un estudio comparado”.

http://www.gitanos.org/publicaciones/estudioempleo/estudioempleo/index.html (consulta del 25/03/2008).

Por nacionalidad, el colectivo mayoritario al finalizar 2007 era el marroquí (648.735 personas), seguido del rumano (603.889) y del ecuatoriano (395.808). A continuación se encontraban el colectivo colombiano (254.301), el británico (198.638), el búlgaro

(127.058), el italiano (124.936), el chino (119.859), el peruano (116.202) y el portugués (101.818). Observatorio Permanente de la Inmigración, Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa: “Informe de Álvaro Gil Robles en su visita a España de Marzo 2005”.

El Comité Asesor del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa, en su primer informe sobre España, constató las considerables diferencias socioeconómicas existentes entre un gran número de personas gitanas y el resto de la población, y como las primeras todavía se enfrentan a la marginación y la exclusión socia. Por su parte, ECRI en su último informes obre España señalaba que: “las personas gitanas sufren prejuicios, desventajas y discriminación en muchas esferas de la vida como educación, empleo, alojamiento, y salud”. Dicho informe menciona que en España, un 30% de la población gitana vive en condiciones de pobreza y exclusión, desigualdad que refuerza otras formas de discriminación en el acceso al alojamiento, educación y empleo. Respecto a este último aspecto, el informe “Población gitana y empleo: un estudio comparado” del 2005 de la Fundación Secretariado Gitano señala que:

- En su conjunto, las personas analfabetas (absolutos y funcionales) tienen un peso en la población gitana 4,6 veces superior al del conjunto de la población española censada. Entre los parados gitanos, el 72% son analfabetos absolutos o funcionales; en toda España la tasa roza el 5%.

- Las actividades que ocupan a los y las trabajadores gitanos suelen ser marginales y de baja cualificación, generalmente encuadradas en el sector de servicios. El 70% de las y los trabajadores gitanos tienen contratos temporales frente al 31% de tasa de temporalidad del resto de trabajadores y trabajadoras. El desempleo afecta más a la comunidad gitana que al resto de la población española, con una tasa global del 13,8% frente al 10,4% del resto de la población.
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