Informe sobre Creación de Justicia de Proximidad. Algunas observaciones acerca de otros preceptos de la proyectada reforma de la lopj.






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Informe sobre Creación de Justicia de Proximidad. Algunas observaciones acerca de otros preceptos de la proyectada reforma de la LOPJ. Informe sobre la creación de los Consejos de Justicia. Informe sobre las modificaciones que afectan a la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Informe acerca de los recursos de apelación y casación penal. Informe sobre la modificación de los recursos de casación en la jurisdicción civil



De: Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria
Fecha: Octubre 2005
Origen: Noticias Jurídicas

I. INFORME SOBRE CREACIÓN DE JUSTICIA DE PROXIMIDAD

1. Oportunidad de creación de una justicia de proximidad


Para valorar la oportunidad de la implantación de un nuevo sistema orgánico de resolución de procesos, se ha de partir de la necesidad que existe para ello, y de las alternativas a tal solución que pueden encontrarse, para llegar a conocer si cumplirá su fin, y si es el sistema más adecuado para cumplir tal fin.

En cuanto a lo primero, la necesidad de responder con nuevas ideas a la congestión de asuntos judiciales, lo cierto y verdadero es que el actual sistema judicial español está precisado de novedosas soluciones que permitan afrontar, con garantías de respuesta ágil y eficaz, el creciente número de asunto que ingresan para su resolución. Desde esta perspectiva, toma en cuenta únicamente la misma, ha de señalarse que la creación de órganos nuevos, de una clase novedosa, destinados a asumir una carga competencial específica, es una mejora frente al problema del volumen de asuntos pendientes.

Pero para predicar la idoneidad o no del sistema planteado no basta con tal perspectiva, sino que se ha de poner en relación con los inconvenientes que conlleve la implantación del sistema, frente a otras posibles respuestas. Sistemas alternativos existen varios, tanto aplicados en la Jurisdicción española como en los sistemas comparados. Algunos de estos son:

  1. La creación de nuevos juzgados de la jurisdicción ordinaria, aumentando su planta y repartiendo el trabajo entre un mayor número de órganos. La ventaja de este sistema es que se contará con jueces profesionales y bien formados para la resolución de los asuntos, y no de determinada clase de asuntos, sino de todos.

  2. La especialización de órganos judiciales, que dada su especialidad pueden asumir mayor carga de trabajo en menor tiempo, como ha ocurrido con los Juzgados de Lo Mercantil, o las especializaciones como los Juzgados de familia, ejecutorias...

  3. La implantación de sistemas de trabajo que liberen al Juez de la burocratización de la gestión de personal y medios del juzgado, permitiéndole emplear mayor tiempo en la estricta función jurisdiccional. A este sistema responde la implantación de la nueva oficina judicial en la que, a pesar de no haberse desarrollado e implantado aún, parece que poco se confía como medio para agilizar el funcionamiento de la administración de justicia y otro tanto cabe decir de los sistemas de juicios rápidos en el ámbito de los procedimientos de desahucio y de familia.

  4. La previsión de ciertas formas procesales que liberan al Juez de una carga formal de trabajo, como ocurre en los sistemas británico o alemán, como es permitirle dictar resoluciones orales al término de la vista, con sucinta motivación fáctica, probatoria y jurídica recogida en el acta misma, en procesos sencillos, juicios verbales e infracciones penales leves, sin necesidad alguna de documentación posterior de la sentencia.

Es claro que tales sistemas tienen pros y contras, pero la mayoría de ellos, como luego se expondrá, cuentan con la ventaja de mantener el conocimiento de toda clase de asuntos sometido a jueces formados y altamente cualificados profesionalmente, seleccionados por un sistema que garantiza su independencia y valía.

Parece pues que el mismo fin, agilizar la administración de justicia, puede ser logrado por medios alternativos a la creación de una justicia de proximidad, sistemas alternativos que conllevan menor número de inconvenientes. Por otro lado, no deja de ser sorprendente que se pretenda agilizar y aproximar la justicia al ciudadano precisamente en aquellas localidades en las que más próxima se encuentra (pues en la práctica todas las ciudades que pueden acceder a estos nuevos juzgados ya son cabecera de partido judicial e incluso serán sede de órganos jurisdiccionales especializados y de Audiencias en muchas ocasiones) y en las que mayores dotaciones de medios existen con lo que más que una justicia más próxima parece que de lo que se trata de es distinguir dos categorías de asuntos, aquellos que deben ser resueltos por jueces profesionales y aquellos otros que pueden serlo por jueces que no forman parte de la carrera judicial si bien limitado a ciertas localidades

En cualquier caso, de optarse por la implantación de la justicia de proximidad, sistema que por cierto goza de experiencia histórica en nuestro país, con los Juzgado Comarcales y de Distrito, y que fue desechado por el legislador de 1985, habrán de adoptarse las cautelas para conjugar, en la mayor medida posible, los riesgos que ello pueda suponer, según se expondrá en los siguientes puntos.

Por tanto, al margen de las anteriores consideraciones acerca de la existencia de otras fórmulas para obtener la finalidad aparentemente perseguida por la reforma legal que nos ocupa, descargar de trabajo los órganos judiciales de primera instancia de instrucción, atribuyendo parte de sus actuales competencias, las de menor entidad, a otros órganos judiciales de nueva creación "los juzgados de proximidad", y partiendo de la hipotética implantación de la llamada justicia de proximidad, sería deseable su extensión a todo el territorio español. Este modo los beneficios del nuevo sistema recayeran sobre todos los ciudadanos sin discriminación alguna, evitándose que mientras parte de ellos vean resueltas sus controversias de orden civil o juzgadas sus conductas en el orden penal por Magistrados, miembros de la carrera judicial, que han accedido a la misma con las garantías del mérito, capacidad, objetividad e imparcialidad que proporciona el actual sistema de incorporación a la misma, el resto de los ciudadanos sean destinatarios de la justicia impartida en relación con asuntos de la misma naturaleza por jueces seleccionados mediante un sistema harto criticable y carente de las garantías exigibles, tal y como más adelante veremos, y, sin duda, con menor formación jurídica que los miembros de la carrera judicial.

La discriminación expresada no puede, en modo alguno, quedar justificada por razones de mera oportunidad política o criterios de capacidad económica de las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos correspondientes, pudiendo resultar contraria al principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución, así como al principio de unidad jurisdiccional que establece el artículo 117 de la misma.
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